No existe un intervencionismo económico bueno
El abuso de normas que condicionan las decisiones reduce el mercado, alza los precios y daña el crecimiento, por eso deben ser retiradas una vez se corrijan los excesos
Las crisis encadenadas que han desordenado y transformado la economía en los tres últimos lustros han sido el más abonado de los terrenos para el ensayo de diferentes formas de intervencionismo público en la vida de las comunidades sociales, pero de forma muy particular en el desenvolvimiento de las decisiones económicas. Ha tenido efectos reparadores de algunas actitudes perversas y ha logrado estabilizar los mercados de bienes, servicios y factores, pero el exceso de celo de las decisiones políticas y la perseverancia temporal de las mismas más allá de lo razonable, se está convirtiendo en un obstáculo a la libre iniciativa y al crecimiento de la economía.
John Locke dejo dicho que los poderes públicos (el Estado) deben intervenir lo menos posible en la economía y en los mercados, pero construir un corpus normativo que garantice el derecho a la propiedad privada y la iniciativa de los particulares como mejor fórmula para lograr el resto de los derechos naturales. Y no precisa demostración que las economías con limitados niveles de intervencionismo experimentan mayores crecimientos, y que aquellas con alta penetración de intervencionismo estatal, tanto en gestión de actividades como en regulación de los mercados, tienen limitaciones al avance de la riqueza y a su reparto. Un vistazo simple a la geografía económica mundial proporciona una escala gráfica con niveles de crecimiento y riqueza directamente proporcional al grado de libertad económica, con los países de mercados abiertos (y democráticos) en un extremo y los estatalizados (y no democráticos) en el otro.
La libertad económica ha colocado a los países norteamericanos y a los europeos occidentales en los primeros puestos del crecimiento y la distribución razonable de la riqueza, con algunos matices locales discutibles. Por contra, el paradigma del intervencionismo y la planificación ha ensayado sus teorías varias veces en el siglo XX donde el socialismo real tomó las riendas del destino de sus moradores, de manera nada democrática siempre, y la práctica ha demostrado un elevadísimo grado de inclusividad económica, pero una reducción continua y desesperante de la riqueza generada: todos iguales pero pobres, todos pobres, pero iguales. ¿China? Si alguien aquí está dispuesto a disponer de su modélico desempeño económico, a cambio de la limitada y vigilada libertad social y política, que levante la mano.
Pero pasemos el escáner a España. Superó el miserable desempeño económico al que la condenó el franquismo y su autarquía cuando abrió las fronteras con el plan de estabilización y permitió una industrialización que hizo de la española una de las economías emergentes más exuberantes de los sesenta. Una liberalización atrapada con cuotas notables de intervencionismo que solo quedaron en un nivel razonable con la incorporación a la Unión Europea. Precios intervenidos, alquileres intervenidos, flujos monetarios intervenidos, mercado laboral intervenido... y hasta después de la reforma política y entierro de la dictadura, libertad política y social intervenida.
No hay intervencionismo bueno e intervencionismo malo: todo es de esta última condición. Pero una intervención para corregir las desviaciones que en la fe del libre mercado provocan los abusos de algunos de sus agentes económicos es preceptiva, y ha sacado de la crisis a las economías occidentales tras los abusos financieros de los que la inmensa mayoría fue partícipe de una u otra forma, pero que nunca denunció mientras el cuento le iba bien.
El problema no está en activar decisiones intervencionistas a través de las normas, sino en no saber retirarlas una vez corregido el defecto del mercado. El Gobierno de España, tanto por la súbita aparición de la última crisis por el Covid como por la propia composición del Ejecutivo tras las elecciones de 2019, ha entrado en una espiral de intervencionismo que amenaza con consolidarse, y que está teniendo efectos perversos en las actividades afectadas, con reducciones importantes del tamaño de los mercados y subidas de los precios, y condicionando decisiones de los particulares que muchas veces van en contra de lo pretendido.
El precio a pagar por los cambios normativos en la economía, que también los hay y con elevados grados de severidad en otros espacios, es muy costoso. Se ha intervenido buena parte del mercado laboral, dictando y condicionando pausas salariales, con un coste en empleo considerable, según los entendidos; se ha extendido a la capacidad empresarial para despedir, prohibiéndola en contra del criterio de los tribunales, estresando la rigidez de las plantillas; se ha rescatado la autorización administrativa para los despidos objetivos a través de la inspección, que un brazo administrativo es, a fin de cuentas.
Pretendiendo incentivar los fondos de pensiones de empleo, se han intervenido y aniquilado las opciones de los individuales, con grave afectación al ahorro privado para el retiro; se han impuesto determinadas condiciones de administración de las hipotecas de determinados colectivos, aunque bajo una fórmula de supuesta voluntariedad obligada, sin mirar sus consecuencias en la estructura de capital y provisiones de la industria financiera.
Se ha intervenido la energía con límites de sus precios y se han intervenido vía subvenciones los de los carburantes, estimulando su consumo cuando se pretendía lo contrario para relajar la inflación por la vía de la demanda, en vez de por la de los decretos; se han intervenido los precios de los alquileres y la duración de los contratos, con una evidente reducción de oferta en mercados significativos como el de Barcelona o Madrid, que fuerza subidas adicionales en los nuevos contratos; se han bloqueado las operaciones de adquisición de empresas estratégicas para evitar la toma de sociedades malbaratadas por la crisis, pero se mantiene y se prolonga cuando ya carece de sentido hacerlo.
Y además de intervenir con algunas normas exóticas en decisiones sociales que no vienen al caso, se plantea ahora por una parte del Gobierno, la que supuestamente no manda, pero marca agenda social, límites a los precios de los alimentos, impuestos a las empresas de distribución que supuestamente se lucran de las elevadas tarifas y prohibición de reparto de dividendos si no proporcionan a las familias una cesta de la compra determinada, porque hasta en la dieta se permiten intervenir.
Las iniciativas ya aprobadas son responsabilidad de todo el Gobierno, que debiera empezar a desmontar una vez superadas las causas que las originaron, y lo será también en las venideras si la vicepresidenta primera no logra neutralizar las veleidades socializantes de la vicepresidenta segunda, que apura el calendario político al extremo para aprovechar la yincana electoral que se ha desatado.
José Antonio Vega es periodista