Las constructoras recelan del intento por salvar la Ciudad de la Justicia de Díaz Ayuso
La Comunidad de Madrid inicia los contactos con el sector para intentar salvar la concesión
Técnicos de la Comunidad de Madrid han comenzado a reunirse, una a una, con las mayores constructoras del país con la misión de salvar el proyecto de la Ciudad de la Justicia de Madrid. El concurso estrella del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso cerró en noviembre su fase de licitación sin oferta alguna, con lo que se abrió un procedimiento negociado que está dejando serias dudas entre las empresas invitadas.
Tal y como dicta la Ley de Contratos del Sector Público, la Administración madrileña apenas puede realizar variaciones en el contrato propuesto anteriormente si no es por la vía de un nuevo concurso público que lleve aparejada la modificación de los pliegos. Un escenario que está tratando de eludir la Comunidad de Madrid, pero al que parece abocada.
Fuentes cercanas a los contactos entre Administración y empresas señalan que las candidatas están calculando una tasa de rentabilidad de la inversión prevista (TIR) que en ningún caso supera el 1%, cuando no resulta negativa. Una estimación que dista de lo reflejado en los estudios de viabilidad que acompañan al proyecto. Poner en pie la Ciudad de la Justicia precisa una inversión de unos 500 millones de euros por parte del sector privado, a cambio de lo que se ofrece una concesión por 40 años en la que se contemplan ingresos por 2.000 millones.
Pese al interés inicial de firmas como ACS, Acciona, Sacyr, Ferrovial, OHLA, San José, Azvi y Aldesa, y de grandes fondos especializados en infraestructuras, las cuentas no salen ante riesgos como el de la inflación o los costes energéticos. Las fuentes consultadas argumentan que la Comunidad de Madrid quiere tener alguna oferta en firme en enero, ante lo que algunas de las compañías citadas ya han decidido no seguir adelante.
Eficiencia
La promotora del concurso de construcción, mantenimiento y explotación de la Ciudad de la Justicia está tratando las condiciones del contrato con distintos candidatos y será el órgano de contratación el que elija al que más se ajuste a las condiciones propuestas sin que sean alterados los aspectos esenciales, entre los que resalta el presupuesto base de licitación.
El objetivo de esta obra es reagrupar los órganos judiciales y fiscales del Partido Judicial de Madrid en un único punto de la ciudad en busca de una mayor eficiencia. El proyecto viene de tiempos de Esperanza Aguirre en el Gobierno madrileño y no ha dejado de estrellarse con dificultades durante los últimos años. Este último intento de adjudicación fue lanzado en julio.
La Ciudad de la Justicia, por la que se prevé que pasarían unas 30.000 personas cada jornada, está llamada a reunir 356 órganos judiciales en la zona de Valdebebas, muy cerca del aeropuerto de Madrid-Barajas. En la actualidad, esas dependencias se encuentran repartidas entre 28 inmuebles en toda la ciudad. Por muchos de ellos se están pagando alquileres.
Los pliegos prevén el pago de un canon máximo anual por parte de la Comunidad de Madrid de 49,3 millones de euros (IVA no incluido) a lo largo de los 40 años de concesión. La cifra no es revisable hasta el octavo año y solo se permite actuar sobre un 20% del presupuesto de la concesión. A partir de ese momento, el canon no volvería a ser retocado mientras se recupera la inversión.
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