El millonario concurso de la Ciudad de la Justicia de Madrid queda desierto
El Gobierno de Díaz Ayuso opta por el procedimiento negociado para seguir adelante con el proyecto
El sector de la construcción venía advirtiendo desde hace meses de que el pliego del concurso para la construcción, mantenimiento y explotación de la futura Ciudad de la Justicia de Madrid tenía fallas, y la fase de presentación de ofertas se ha cerrado sin propuesta alguna. Ha pesado la incertidumbre económica a la hora de que las mayores constructoras del país hayan renunciado a la lucha por este contrato en concesión que propone ingresos por cerca de 2.000 millones durante un periodo de 40 años.
Pese al revés recibido, la Comunidad de Madrid ha señalado este mediodía que seguirá adelante. Y lo va a hacer, tal y como prevé la Ley de Contratos del Sector Público (artículo 168 y siguientes), a través del procedimiento negociado. La adjudicación recaerá en el licitador elegido por el órgano de contratación tras una negociación de las condiciones del contrato con uno o varios candidatos. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso antepone, eso sí, que las condiciones esenciales del pliego no sean alteradas. Y entre esas condiciones destaca el presupuesto base de licitación.
Grupos como ACS, Acciona, Sacyr, Ferrovial, OHLA, San José, Azvi y Aldesa habían examinado las condiciones e incluso llegaron a formar consorcios.
“El Gobierno regional mantiene su voluntad de reagrupar todos los órganos judiciales y fiscales del Partido Judicial de Madrid en un único enclave con el objetivo de alcanzar una mayor eficiencia en la Administración de Justicia, lo que redundará en un beneficio para las arcas regionales”, se ha explicado a través de un comunicado.
La licitación de este macroproyecto, diseñado en tiempos de Esperanza Aguirre al frente de la Comunidad madrileña, fue lanzada el pasado mes de julio. La ubicación del complejo está prevista en la zona de Valdebebas, cerca del aeropuerto de Madrid-Barajas, donde se pretende concentrar los 356 órganos judiciales dispersos por la capital en un total de 28 inmuebles, muchos en régimen de alquiler.
La infraestructura, uno de los pilares del Plan justicia 21x21, deberá prestar servicio a unas 30.000 personas cada día entre usuarios, funcionarios, etcétera. El proyecto cuenta con estudios de viabilidad y el modelo elegido es el de la concesión por un periodo de 40 años. El canon es de un máximo de 49,3 millones anuales (más IVA).
Esa cifra, según se prevé en los pliegos, no iba a ser sometida a revisión hasta el octavo año. Y a partir de ese momento, la Comunidad de Madrid permitiría la revisión de un máximo del 20% sobre el presupuesto de la concesión. Otro de lo puntos importantes es que el canon solo volvería a ser retocado mientras el concesionario recuperara su inversión, quedando fijo a partir de entonces. Las bases del concurso primaban la rebaja en las ofertas sobre los 49 millones fijados como máximo.
La Comunidad de Madrid viene invirtiendo 72 millones al año en los inmuebles que destina a la Justicia, incluidos los alquileres, servicios de vigilancia, limpieza, coste energético, etcétera. El ahorro previsto centralizando las dependencias es de unos 20 millones anuales, además de mejorar el servicio prestado en instalaciones muchas veces obsoletas.
Está previsto que el futuro complejo cuente con aparcamientos, edificios para usos profesionales, centros deportivos, de ocio y salud, cafeterías y una escuela infantil.
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