España ahorraría 13.000 millones si focalizase el plan anticrisis solo en vulnerables
Bruselas estima que el coste de las medidas asciende al 1,6% del PIB Las que reciben los más frágiles ronda el 0,5% del PIB, unos 6.000 millones
El Gobierno estudia cómo adaptar el plan anticrisis vigente para pasar de una primera fase de choque generalizada hacia otra más específica dirigida a los sectores más vulnerables, según avanzó esta semana la vicepresidenta primera, Nadia Calviño. De conseguirlo, España podría ahorrar hasta 13.000 millones de euros en un año, según las cuentas de la Comisión Europea recogidas en el análisis del Plan Presupuestario español presentado hace dos semanas.
El Ejecutivo comunitario detalla que “el coste presupuestario neto” de todas las medidas diseñadas para aliviar la crisis energética se estima en el 1,6% del PIB en 2022 y en el 0% del PIB para 2023, dado que España no aclara en el documento si prorrogará o no el plan el ejercicio próximo o si lo rediseñará. “La mayoría de las medidas no parecen estar dirigidas a hogares o empresas vulnerables”, enfatiza.
Este 1,6% del PIB, medido en términos nominales, ronda los 19.309 millones de euros. De esta cantidad, prosigue Bruselas, el equivalente al 0,5% del PIB –unos 6.034 millones– estaría vinculado únicamente a “los hogares y empresas más vulnerables”. Es decir, si España decidiese prorrogar a lo largo de 2023 todo el paquete de medidas adaptado a los sectores más frágiles, el ahorro anual se aproximaría a los 13.300 millones de euros.
Queda por ver cómo consigue el Gobierno dar forma a este rediseño. La vicepresidenta económica explicó el lunes en Bruselas que el primer objetivo era implantar medidas de choque de amplio espectro para, “poco a poco”, tratar de enfocar “a sectores más afectados y más vulnerables”.
Calviño destacó en Bruselas, antes de la reunión del Eurogrupo, que las medidas se han revelado “muy eficaces” para poder contener la inflación, como se ve en la senda de moderación iniciada a partir del pico del mes de julio. Sin embargo, toca evaluarlas para ver cuáles se prorrogan a partir del 31 de diciembre y cuáles deben finalizar o limitarse a aquellos colectivos particularmente afectados, recordó.
Por ahora, la única medida que se prorrogará es la del transporte público gratuito, una política “estrella” que beneficia al conjunto de la población y que contribuye a contener la inflación, según Calviño. En paralelo, desde el Gobierno especulan con la posibilidad de que las bonificaciones a los carburantes solo se mantengan en el caso de los transportistas.
Por renta
Aunque todavía no se cierra la puerta a adaptar las medidas por nivel de ingresos, desde el Ministerio de Hacienda llevan semanas insistiendo en que limitar solo a los más vulnerables ayudas como la rebaja al carburante es un trabajo muy complejo y difícil de llevar a la práctica.
No obstante, en los últimos meses, diferentes organismos han venido alertando de los riesgos que supone para la estabilidad de las finanzas públicas mantener las ayudas tal y como están concebidas a día de hoy. Desde el FMI, la OCDE y la propia Comisión Europea recomiendan, en paralelo, centrarlas únicamente en los más vulnerables.
En España, según los pocos datos disponibles, parece que el paquete de medidas para contener la inflación ha logrado frenar la escalada de precios. Sin embargo, proporcionalmente se han beneficiado de él las rentas más altas, justamente aquello que los grandes organismos piden evitar.
Un análisis reciente de la Airef concluye que los programas de índole fiscal desplegados por el Gobierno han permitido reducir la inflación media en España durante 2022 en 1,5 puntos porcentuales. Sin embargo, prosigue la autoridad fiscal, las medidas que actúan sobre los precios de la energía y el transporte no se focalizan en los individuos de menor renta. Así, aunque las iniciativas pensadas para abaratar la factura eléctrica se reparten de forma homogénea por nivel de ingresos, las que actúan sobre el gas, el combustible o el transporte público “recaen en hogares con mayor renta”.
Desde Fedea, por su parte, recomiendan utilizar el gasto fiscal asociado al plan para dar ayudas directas a los hogares de menos renta. En tal caso, cada uno de ellos podría recibir un cheque de casi 2.000 euros en ayudas para costear el alza de los precios. Para estas cifras, eso sí, Fedea calcula que el gasto público asociado al plan ronda los 17.000 millones de euros, algo menos que la Comisión Europea.
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