Frenar la dolorosa factura de la inflación, objetivo colectivo prioritario

Los precios han engullido en los últimos 18 meses casi un cuarto de billón de euros de renta y patrimonio, y no serán más clementes en los 18 próximos

Todos los institutos de análisis aprecian riesgos bajistas en sus previsiones de crecimiento y alcistas en las de inflación, consecuencia lógica de la incertidumbre que sobre la actividad genera una guerra en Europa en la que hasta las aterradoras amenazas nucleares llegan al teatro de operaciones. De hecho, nadie, salvo los interesados gobernantes, cree que pueda esquivarse la recesión en Europa (y en España), y nadie pinta en sus cuadros tasas de inflación del 2% hasta finales de 2024. Queda por delante, en el mejor de los casos, un trecho de dieciocho meses en los que el avance de los precios seguirá horadando la renta y el patrimonio de los agentes económicos, tras los dieciocho ya consumidos de precios despendolados, con una factura que se acerca ya al cuarto de billón de euros.

Los bancos centrales han admitido tarde su error de cálculo en la consideración de la yedra inflacionista y han iniciado una vertical de tipos de interés que no parará hasta dentro de un año, siempre que las condiciones geopolíticas no se deterioren más y exijan esfuerzos adicionales, porque las expectativas inflacionistas no estarán ancladas en valores razonables hasta entonces, si es que lo están entonces. De hecho, desde Francfurt alertan de que podrían subir más los tipos y no por ello doblegar la escalada de precios. Por el momento, uno de los propósitos del endurecimiento monetario, además de frenar la hiperinflación, es contribuir a anclar las expectativas de esta variable.

Como muy bien recordaba hace unos años el flamante Nobel de Economía y ex presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, “un prerrequisito esencial para controlar la inflación es controlar las expectativas de inflación”. Es una tarea en la que es necesaria la determinación de los banqueros centrales, pero no suficiente para conseguirlo. Es imprescindible elevar el precio del dinero para contener consumo e inversión y atenuar los precios finales, pero sirve de poco si en paralelo los agentes económicos se enfrascan en un círculo de viciosas decisiones individuales para enjugar los efectos destructivos de la inflación, en vez de encaminarlas a combatirla.

Las expectativas tienen cada vez más valor en economía, aunque todo viaje tan rápido que muchos agentes las desprecian y se aferran al carpe diem de la actividad. Las expectativas configuran el crédito que inversores, empresarios, consumidores y empleados dan a la evolución de las variables, y determinan el estado de ánimo para tomar decisiones con efectos en el medio y largo plazo.

En los últimos meses revisar las previsiones de evolución del IPC era corregirla al alza para 2023 y 2024. El Banco de España prevé de momento una inflación para 2023 del 5,6%, cuando en junio manejaba un 2,6%. La AIReF maneja estimaciones más moderadas, pero elevadas si no se prorrogan las medidas del Gobierno, que absorberían entre un punto y punto y medio en el IPC anual. Se da por hecho que la traslación de los costes empresariales a los precios ya se ha producido en buena parte, y que la actualización de los salarios será de poca intensidad.

Pero las expectativas de los hogares advierten de que los precios seguirán subiendo, con una opinión entre cinco de que lo harán con fuerza, y no podrá hablarse, ni por asomo, de anclaje de las expectativas de inflación; además, la agresiva subida de los alimentos no augura nada bueno para los próximos trimestres. La opinión es más adversa en Italia, Francia y Alemania, que tendrán más influencia en la determinación de los precios y de los tipos en la eurozona.

En las expectativas de particulares e inversores tienen una influencia determinante la actitud que en el combate tengan las empresas y quienes en nombre de los trabajadores negocian sus condiciones salariales. No habrá un pacto de rentas por mucho que lo consideren con vehemencia un imperativo categórico las autoridades económicas y monetarias, mientras una parte del contrato insista en utilizarlo para reparar los efectos del IPC y no para someterlo hasta tasas aceptables, y otra en evitarlo para recomponer los márgenes del negocio.

Así las cosas, la factura abultada de recorte de valor de las rentas y patrimonio de los hogares producida durante el último año y medio se prolongará por un trecho temporal similar. Hasta ahora la mordida sobre la renta bruta disponible, los medios de pago de disponibilidad inmediata y el patrimonio financiero se acerca al cuarto de billón de euros en España. A ello hay que sumar el sobrecoste de los créditos que supone el alza de tipos, limitado todavía, y el deterioro de la actividad asociado al fenómeno inflacionista, de muy difícil aprehensión en una recesión.

Unos números. La renta disponible nominal agregada de los españoles está creciendo a tasas cercanas al 5% por el avance del empleo y el limitado de los salarios, y superará los 800.000 millones; pero encajará una merma real similar tras pasar la garlopa una inflación cercana al 10%. La de los asalariados superará los 635.000 millones, aunque su poder real de compra se limitará en casi 60.000; las rentas de la propiedad de los hogares rondarán los 215.000 millones de euros, con un deterioro real de casi 20.000, a los que habrá de sumarse una pérdida real de otros 4.000 millones en las rentas de la propiedad. Solo la renta por pensiones mantendrá su poder por la subida promovida por el Gobierno, y los hogares solo encontrarán alivio si hay prórroga de los 19.000 millones de ayudas públicas ya consignados en 2022.

Pero la pérdida más abultada será la que encaje el patrimonio financiero, el ahorro tradicional, nominado mayoritariamente en efectivo y depósitos. Ahí la mordida inflacionista en los últimos 18 meses de inflación descontrolada (un 13,1% desde mayo de 2021 hasta ahora) supera los 140.000 millones de euros, con la depreciación de los 1,07 billones alojados en efectivo y depósitos que remuneran de media un 0,02%. El resto de los activos, acciones cotizadas o no, fondos de inversión, seguros y fondos de pensiones, son de largo plazo, y sus cotizaciones, ahora mermadas, pueden absorber la inflación si las empresas pueden defenderse del alza de precios. Pero tienen, devaluados como están en un mercado en mínimos anuales, un potente efecto pobreza psicológico que atenaza las decisiones de consumo e inversión.

José Antonio Vega es periodista