España debe pisar el acelerador en la ejecución de los fondos europeos

No es ningún secreto que el reparto de fondos y ayudas públicas constituye una tarea compleja, a menudo polémica y sometida siempre a un buen número de factores de riesgo, desde ineficiencias de gestión y exceso de burocracia, hasta infrautilización de recursos, asignaciones cuestionables, malas prácticas o incluso un calendario de ejecución precipitado. En el caso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con los históricos fondos New Generation, el ritmo de ejecución se ha convertido en la gran preocupación de las empresas españolas, que se quejan de que la información no fluye y de que las ayudas se canalizan con mucha lentitud. Dado que no existe una evolución monitorizada sobre el desembolso de los fondos por parte de la Administración, la CEOE ha hecho pública su propia radiografía, tras realizar un seguimiento de cada una de las convocatorias y resoluciones adoptadas. Según la patronal, el montante ejecutado hasta el momento es de 8.000 millones de euros, un 11,5% de los casi 70.000 millones asignados a España por Bruselas.

Aunque el Gobierno se distinguió inicialmente por la agilidad con la que afrontó la presentación del plan de reformas económicas exigido por la CE y la solicitud de los distintos tramos de ayudas, el gran caballo de batalla ha llegado con el aterrizaje y distribución de unos fondos que han desbordado la capacidad de gestión de los organismos encargados de canalizarlos, como es el caso de la SEPI, que se ha visto obligada a recurrir a asesores externos en varias ocasiones. A ello hay que unir las dificultades que han señalado los Gobiernos autonómicos para poder adaptar los planes a las necesidades de cada territorio a tiempo. Los fuertes avales exigidos a las empresas, de hasta el 100% sobre las subvenciones recibidas, se ha convertido también en una barrera para las pymes que desean participar en grandes proyectos, como el Perte del vehículo eléctrico o el agroalimentario, junto a una burocracia que, pese a los intentos de reforma, sigue lastrando hasta el infinito la relación del sector privado con la Administración.

La economía española se juega mucho en la asignación y canalización de unos fondos europeos que constituyen una oportunidad histórica única para modernizar la economía española y que cobran todavía mayor importancia en medio de una crisis plagada de interrogantes, entre los que figura una más que probable recesión. El Gobierno debe poner todos los medios a su alcance para tratar de ampliar los plazos de ejecución marcados por Bruselas y para agilizar la entrega de unas ayudas que pueden condicionar de forma clave el futuro inmediato de la economía española en un entorno cada vez más teñido de incertidumbre.