Revisar los incentivos al ahorro para capitalizar la economía

La cultura financiera, la fiscalidad y la fe ciega en el Estado condicionan la apuesta por los activos financieros más líquidos, pero menos rentables

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Los hogares españoles están entre los mejor pertrechados financieramente de Europa, aunque los activos en los que están alojados sus ahorros e inversiones son de los más desequilibrados y con más limitada rentabilidad. La inmensa mayoría del ahorro está nominado en inmuebles, con 1,36 casas por hogar, mientras que el destino financiero favorito sigue siendo el inactivo depósito tradicional; y aunque gana peso la apuesta bursátil en los últimos años por la presión de unos tipos de interés congelados, los productos de largo plazo para proveer de renta tras el retiro laboral son una gota en un océano, en tanto se deposita demasiada confianza ciega en el Estado.

Estas fórmulas de capitalización del ahorro a largo plazo no han logrado despegar nunca, ni siquiera cuando disponían de incentivos fiscales generosos. Pero en el último año han encajado una doble contracción (menos aportaciones y pérdida de valoración) a la que ha contribuido de forma principal el recorte drástico de los incentivos tributarios, que se han desplazado a fórmulas lideradas por las empresas pero que no han echado a andar y cuyo éxito en el porvenir está por ver. Y estas fórmulas son en toda Europa los arietes de la capitalización de la economía, que en España es especialmente deficiente y que condiciona los flujos de inversión privada y el modelo productivo.

Nunca ha existido un consenso nacional para utilizar una parte de los voluminosos gastos fiscales del Presupuesto en estimular el ahorro financiero a largo plazo, por la apocada convicción de los gobiernos supuestamente liberales (siempre más bien democristianos), y la decidida negativa de los socialdemócratas. Aunque fuera un Ejecutivo socialista el que puso en marcha la legislación sobre fondos de pensiones con atractivos estímulos iniciales que se han jibarizado poco a poco, y ese mismo Gobierno quien premiase fiscalmente la compra de hasta la tercera vivienda, y fuera la administración de Rajoy la que la eliminase completamente, por la asfixiante presión desde Europa.

No precisa demostración que las decisiones sobre las finanzas personales están inducidas por la capacidad de ahorro, la necesidad esperada para el futuro y los incentivos ofrecidos en el presente, pero sin olvidar la influencia que en ellas tiene la cultura financiera, la religión y las expectativas generadas por los Gobiernos. Es bastante común en el sur de Europa, con elevada implantación católica, que las familias concentren sus recursos en la adquisición de viviendas, y no hagan aprecio idolátrico de la generación de riqueza mundana en favor del voto de pobreza que, según los postulados de su religión, les facilitará el reino de los cielos.

En consonancia, guardan su ahorro financiero en vulgares depósitos bancarios que no reportan ningún valor adicional real, y desdeñan la inversión en empresas que históricamente proporcionan generosos retornos. Los moradores del centro y norte de Europa, calvinistas y luteranos, conducen sus decisiones hacia la generación terrenal de riqueza y han construido sociedades industriales poderosas, a las que desde el sur se envidia, pero no replica.

Las decisiones de los gobiernos tienen también un influencia indudable y muy relevante sobre las conductas financieras que expresan los particulares, aunque las practiquen de manera muy selectiva. Mientras que durante años engordaron su patrimonio inmobiliario hasta superar los 25,12 millones de viviendas, con jugosas ayudas fiscales y financiación barata hasta inflar una burbuja que puso contra las cuerdas su salud económica y la solvencia de decenas de cajas de ahorros y unos cuantos bancos, no enfocaron sus deseos sobre los fondos de pensiones, también copiosamente estimulados.

Gráficamente, los españoles disponen de 2,66 billones de euros en activos financieros, dos veces largas el PIB del país. Más de 1,07 billones (el 40%) está en los depósitos bancarios remunerado al cero por ciento; 383.000 millones en fondos de inversión (14%); 778.000 millones (29%) en inversión directa en empresas cotizadas o no; 225.000 millones (8,4%) en seguros de previsión; y solo 122.000 millones (4,6% del total) en fondos de pensiones individuales o de empresa.

Esta última partida está en franca contracción, y ya en septiembre había descendido hasta 114.500 millones, tanto por retirada de aportaciones por los nuevos pasivos como por la pérdida de valor de sus activos cotizados. En los meses transcurridos de 2022 descienden más del 10%, con una paralización de las aportaciones imputable al recorte en las desgravaciones de Hacienda desde enero, limitadas a 1.500 euros anuales, una cantidad muy recortada desde los 10.000 euros deducibles hace unos años.

El recorte de aportaciones a los fondos individuales (ahora capitalizan 79.200 millones, con caída del 11,2% en el año) no se ha desplazado a los colectivos (34.470 millones, con descenso del 8,79%), entre otras cuestiones porque el nuevo modelo de fondo de empleo, de titularidad pública, gestión privada y capitalización mayoritaria desde las empresas, no está en marcha. Un cambio divisivo del Gobierno que ha condenado los fondos individuales y en el que el éxito de los colectivos es una incógnita pese a las desgravaciones societarias. Con los recursos actuales, 114.523 millones, capitalizados por 9,387 millones de partícipes, el ahorro medio acumulado es de solo 12.200 euros, que tendrían que repartirse en 677,7 euros entre los 18 años de vida media del pensionista; ¡un complemento a la pensión pública de 56,4 euros al mes!

Llama la atención que los seguros de ahorro y previsión de distinta naturaleza comercializados en España acumulan más dinero que los fondos (más de 200.000 millones), porque el tratamiento fiscal es más amable en el rescate porque en muchos casos no es preciso esperar a la edad de retiro del partícipe, y en tal punto son considerados rentas de capital. Sin embargo, los fondos de pensiones tributan como renta del trabajo en su rescate, y lo hace tanto el capital acumulado como la rentabilidad devengada.

En la poca tracción de este tipo de productos tiene una responsabilidad genérica la apuesta política por la Seguridad Social, con cotización obligatoria, por el interés electoral que atesora, y por un relato público dominante financieramente miope que deja en manos del Estado la responsabilidad de la protección de la vejez. A ello se añade la demonización extendida del negocio bancario, que gestiona casi en exclusiva esta pequeña porción de ahorro, a la que han contribuido relatos políticos ideológicos demagógicos, pero también unas cuantas malas prácticas de sus gestores en las últimas décadas que han debilitado su deficiente reputación secular.

Ambas tendencias deben ser combatidas, entre otras cosas, porque cuanto más dinero trabaje en los fondos de pensiones, menos presión habrá sobre las finanzas de la Seguridad Social, que se quiera o no, deberán experimentar un incremento de las cotizaciones y un recorte de las prestaciones más pronto que tarde.

José Antonio Vega es periodista