Calviño sigue adelante con el impuesto a la banca pero se abre a "mejoras"

La ministra asegura que la banca cuenta con un margen "amplio" para limitar el impacto del gravamen tras los beneficios récords registrados

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.

El Gobierno seguirá adelante con el impuesto temporal a la banca pese a los reclamos de las entidades financieras y el llamado de atención a España por parte del Banco Central Europeo (BCE). Así lo ha confirmado este viernes la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, aunque ha abierto la puerta a introducir "mejoras" durante el trámite parlamentario.

"Las cuestiones que suscita el BCE ya las habíamos analizado a la hora de diseñar el gravamen y ahora está atravesando el trámite parlamentario, en el que se podrán introducir todas las mejoras que considere adecuadas el Poder Legislativo de nuestro país", ha apuntado la vicepresidenta primera en declaraciones desde la Embajada de España en Londres.

En este sentido, Calviño ha reconocido que la valoración del BCE "no es particularmente sorprendente", ya que lo que hace es señalar cuáles son los asuntos a tener en cuenta a la hora de tomar decisiones al imponer este tipo de gravámenes, "tanto en España como en cualquier otro país que lo pueda estar considerando".

Pero el veredicto del BCE ha sido contundente: se opone al impuesto a la banca que España prevé aprobar a finales de año y con el que pretende recaudar 3.000 millones de euros entre los años 2022 y 2023. En concreto, el supervisor bancario europeo publicó este jueves un informe en el que alerta de que el nuevo tributo pone en riesgo la concesión de crédito y podría distorsionar la competencia.

Sin embargo, en las declaraciones de este viernes, Calviño le ha restado peso a las advertencias. De hecho, ha señalado que los beneficios récord anunciados en los últimos días por la banca le dan precisamente un margen "amplio que hace que el impacto del gravamen sea relativamente limitado", razón por la que a su parecer, no se debería poner en riesgo ni la transmisión de la política monetaria, ni la concesión de crédito por parte de las entidades financieras, ni el buen funcionamiento del sistema financiero, que son las cuestiones que pide analizar el BCE. "Está claro que los bancos tienen margen y no necesitan trasladar este gravamen a los clientes", ha zanjado la vicepresidenta.

Y es que la previsión del Gobierno sobre el efecto positivo de las subidas de tipos de interés sobre la cartera de la banca se ha cumplido. Los beneficios se han disparado en los primeros nueve meses del año, a la par del deterioro económico que ha sacudido a Europa por la guerra en Ucrania.

Las entidades que cotizan en el Ibex 35 (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Bankinter) han registrado en su conjunto un beneficio atribuido de 15.754 millones de euros, un resultado favorable al que se suma que han disparado sus márgenes de intereses a doble dígito. En conjunto, los cinco bancos han alcanzado los 50.901 millones de euros en esta partida de ingresos entre enero y septiembre, lo que supone un 17,6% más que en el mismo periodo del año anterior.

"Los enormes beneficios extraordinarios explican la justicia y adecuación de tener este gravamen temporal que garantice el reparto justo del impacto de la guerra", ha incidido la ministra, que espera que el nuevo tributo entre en vigor lo antes posible, aunque ha recordado que ahora se producirá la presentación de las correspondientes enmiendas a la proposición de ley.

Sobre este punto, el BCE tampoco coincide: el supervisor critica que el impuesto solo tiene en cuenta los ingresos y no los mayores costes que afrontan los bancos, ya que al aumentar el riesgo de impagos deberán elevar las provisiones.

En todo caso, el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, ha recordado que el dictamen de la institución "trata de ayudar" al Gobierno, pero este podrá seguirla o no porque no es vinculante. "Nuestra opinión trata de ayudar a los gobiernos y eso a menudo la gente lo olvida. No es vinculante", ha señalado Guindos este viernes durante su intervención la 11ª edición de la conferencia 'Energy Prospectives'. En este sentido, el exministro español de Economía ha subrayado que la política fiscal no es el trabajo del BCE, y que la introducción del impuesto, "será una decisión democrática", tomada por el Parlamento español.

Evitar la repercusión a clientes

Entre las preocupaciones del BCE sobre el diseño del gravamen, también se resaltaba que el impuesto debería ser trasladarlo a los clientes por parte de la banca. Pero Calviño ha recordado que la proposición de ley incorpora un mecanismo por el que la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) y el Banco de España tienen que vigilar que no se produzca una traslación del impuesto a los clientes.

Esta postura ha sido compartida este mismo viernes por el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática de España, Félix Bolaños. "No queremos que se repercuta en el cliente porque si no, finalmente, acabarían pagando otra vez los de siempre. Lo que queremos es que durante un tiempo corto se grave a las grandes energéticas y entidades a consecuencia de los beneficios extraordinarios que están teniendo" por las subidas de los precios energéticos y de los tipos de interés, ha detallado.

Otros países en Europa aplican el impuesto

EFE

El Parlamento checo ha aprobado este viernes la introducción, a partir del 1 de enero de 2023, de un impuesto del 60% a las ganancias inesperadas de bancos y empresas energéticas.

El Ejecutivo checo espera recaudar con este impuesto extraordinario, conocido en inglés como "windfall tax", que permanecerá en vigor durante tres años, unos 3.400 millones de euros, dinero que se usará para subvencionar un sistema de topes a las tarifas de luz y gas, informó la cadena pública CT24.

Estarán sujetos a este impuesto bancos, extractoras de carbón, petróleo y gas, así como las empresas generadoras de electricidad que se han beneficiado de forma extraordinaria de la coyuntura de crisis actual.

Praga ha estimado que necesitará unos 4.000 millones de euros para compensar a los consumidores el encarecimiento de la factura del gas y de la luz.

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