El manido pacto de rentas, desde abajo hacia arriba

Los sueldos públicos han estado mejor enfocados que las pensiones, y su modelo ha sido replicado en convenios sectoriales de cierto peso

El ciclo inflacionista que desataron los precios del gas y de la luz en España cumple ya un año; el IPC interanual, de hecho, aflojó el mes pasado en parte por la menor carestía energética y en parte, también, por el efecto escalón. Los datos de hace 12 meses ya estaban inflados. Desde entonces, las primeras etapas de este episodio inflacionista, tanto el Gobierno como numerosos economistas pidieron un pacto de rentas para evitar los temidos efectos de segunda ronda por la vía salarial. No se ha avanzado nada desde aquella propuesta, el pacto sigue en el cajón y los agentes sociales, a la greña por los salarios, las pensiones o la intervención pública en la economía.

Los comités de negociación de empresarios y sindicatos, por el contrario, parecen más apegados a la realidad económica. A medida que pasan los meses son más los convenios sectoriales firmados con cláusulas que intentan cubrir las aspiraciones de ambas partes: que los trabajadores limiten las pérdidas de poder adquisitivo y que la erosión de los márgenes de los empresarios no ponga en riesgo inversiones o empleo. La ausencia de un acuerdo salarial marco hace que el Gobierno tampoco haya activado un pacto de rentas de más espectro.

Que las negociaciones sectoriales hayan llegado a buen puerto debería ser motivo de reflexión para los máximos responsables de los agentes sociales. La negativa de CEOE a sentarse en la mesa es más fácil de explicar si se tiene en cuenta que la patronal está en vísperas de elecciones, y que parte del empresariado ha criticado a Garamendi por los pactos alcanzados con el Gobierno en fechas pasadas. Esto es así en parte por motivos políticos (como sucedió cuando Garamendi habló de los indultos del procés), pero también porque el propio Ejecutivo ha optado por navegar las aguas inflacionistas apuntando en ocasiones a las empresas. La subida de todas las pensiones con cargo al IPC tampoco ayuda a encarrilar el pacto de rentas.

Mejor enfocado ha sido el acuerdo con los sindicatos de la función pública, y de hecho este modelo ha sido replicado en convenios sectoriales de cierto peso. La conclusión es, pues, sencilla: repartir la carga de la inflación es una tarea difícil, pero no imposible. Pero para acometerla es imprescindible la voluntad de hacerlo. Las elecciones en CEOE despejarán el panorama para 2023, y ojalá entonces se pueda alcanzar un acuerdo marco. Mientras tanto, solo queda el consuelo de que a medida que las negociaciones se acercan a pie de calle, las dos partes sí tienen voluntad de acuerdo.