El reto de subir salarios con las cuentas al límite

Está previsto que lleguen al 60% del sueldo medio en 2023

La discusión paraliza la negociación de los convenios colectivos

Salario mínimo
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El debate sobre la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) oscila entre los que creen que mejorar las condiciones de los trabajadores es el primer paso para incrementar su productividad y los que dicen que las pymes solo podrán subir sueldos si mejoran antes esa productividad.

La verdad podría estar en algún punto intermedio: sentirse bien remunerado aumenta las ganas de trabajar y reduce el absentismo y la rotación, pero también es cierto que muchas pymes ya tienen las cuentas al límite por la dificultad de trasladar a precios el encarecimiento de la energía y de la materia prima.

La subida del SMI hasta el 60% del sueldo medio antes de que termine 2023 podría llevarlo desde las 14 pagas de 1.000 euros de hoy (sueldo bruto) a un valor en torno a los 1.050 euros, muy por encima de los 655 euros de hace apenas seis años.

Desde la Confederación Nacional de Pymes (Conpymes) destacan el crecimiento en el número de afiliados a la Seguridad Social (a principios de octubre había 385.000 más que a inicios de año) como una demostración de que subir el salario mínimo no siempre equivale a “las siete plagas de Egipto”, en palabras de su presidente, José María Torres. “Nunca hemos tenido a 20.224.355 personas cotizando; no significa que estamos bien, porque sigue habiendo tres millones de parados, pero con lo que estamos pasando, guerra, pandemia e inflación, se ha mantenido y hasta ha crecido el empleo”, subraya.

Conpymes propone usar indicadores que vayan más allá del aumento del IPC

Pero Torres, que comprende las subidas en el SMI como una cuestión de justicia y de eficacia económica, también pide un análisis más fino para el cálculo de los porcentajes de mejora salarial. “Tenemos que usar un paquete de indicadores que vaya más allá del incremento en el IPC y que tenga en cuenta los resultados y costes particulares de cada sector”, dice. “Se trata de aplicar el sentido común, no puede ser una subida igual para todos”, puntualiza.

En su opinión, las distinciones hay que hacerlas por sector, pero también por tamaño de la empresa, porque los problemas de las pymes no siempre coinciden con los de las grandes corporaciones. “Para hablar de salarios, un tema vital es la morosidad, porque lo que más afecta a la capacidad financiera de las pymes es que las grandes empresas no paguen en plazo; ha habido 80.000 millones de euros en facturas pendientes de pago pasando los 60 días previstos por una ley que aún no tiene régimen sancionador”, explica.

A su juicio, un rediseño de los impuestos también puede hacer mucho para ayudar a las pymes a financiar las subidas salariales: “Con la ingeniería financiera que hacen las firmas del Ibex, terminan pagando impuestos del 2%, mientras que las pymes tienen que soportar un 25%”.

Adaptarse a las particularidades de cada sector parece especialmente crucial en industrias como la láctea. En enero firmó un convenio colectivo para cuatro años comprometiéndose a actualizar los sueldos al ritmo de un IPC que venía de registrar un aumento interanual del 6,5%, muy inferior al 8,9% que ha alcanzado en la última medición de septiembre. “Ya se están aplicando ERE [expedientes de regulación de empleo] y ceses de actividad que aún no sabemos si serán temporales o no”, avisa Luis Calabozo, director general de la Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil).

La confederación recuerda que los incrementos anteriores no han destruido empleo

“El precio de la materia prima ha subido por encima del 40% interanual y a eso hay que sumarle el encarecimiento de la energía, que en nuestro sector es relevante porque usamos mucho calor para tratar la leche”, señala.

Para Calabozo, también es necesario recordar que el músculo financiero y de reservas del sector se ha agotado tras un 2021 en el que yogures, leches y mantequillas registraron bajadas en el precio de venta al consumidor, “aunque los costes ya venían subiendo desde entonces”. “Trataremos de negociar con la representación de los trabajadores la posibilidad de repartir las subidas salariales en el tiempo, nadie pensaba que tendríamos estos aumentos de costes y un consumidor que ahora busca productos más baratos en general”, añade.

Para la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), la incertidumbre del importe al que finalmente llegue el nuevo salario mínimo es un problema en sí mismo, ya que tiene paralizadas varias negociaciones colectivas.

Podría parecer que el salario mínimo solo afecta a las que pagan sueldos bajos, advierten, pero en los hechos toda la escala salarial se mueve cada vez que sube el SMI. “Si tienes a un encargado cobrando 1.200 euros y, de repente, el salario mínimo se acerca a esa zona, vas a tener que subir todos los salarios”, argumentan.

Cepyme defiende que toda la escala salarial se mueve cada vez que sube el salario mínimo

Según las estimaciones de Cepyme, que comparte órganos directivos con la patronal de las grandes empresas, en la medición interanual del segundo trimestre los costes de las pymes han subido a un ritmo mucho mayor que sus ventas, incrementándose un 24,4% frente a una mejora de apenas el 14,5% en los ingresos. Aunque también es cierto que el aumento del coste laboral no es el que más ha afectado a los márgenes de las pymes: crecieron un 6,2% para el mismo periodo, por debajo de los ingresos y muy por debajo del encarecimiento de la energía (113,7%) y de los bienes intermedios (21,5%).

En un informe publicado en marzo sobre la repercusión del SMI en España, Cepyme advertía de que solo cinco países de la Unión Europea superaban el 50% del salario promedio en su remuneración mínima: Eslovenia, España, Portugal, Polonia y Malta. En países como Holanda y Alemania el SMI estaba por debajo del 44% del salario promedio, señalaba el mismo reporte.

Pero para los sindicatos, ese dato por sí solo no alcanza para comprender la complejidad de la variable. “El salario mínimo tiene dos claves: debe revalorizarse para mantener la capacidad de compra y debe llegar al 60% del salario medio, que es el acuerdo de gobierno para la legislatura y lo que pide la Carta Social Europea ratificada en octubre por los Estados miembros”, afirma Raúl Olmos, de Comisiones Obreras.

Lo cierto es que la incidencia del SMI es cada vez mayor. Según Olmos, cuando llegó a 735 euros en 2018 afectaba solo a empresas sin convenio colectivo o de actividades intensivas en mano de obra. “Pero los incrementos potentes de los últimos años han alcanzado a los salarios con convenio colectivo”, indica. Según sus estimaciones, el número de trabajadores afectados por el SMI supera hoy los tres millones de personas.

Una queja tradicional de los sindicatos es que se hable de vincular el salario a la productividad como si sobre esa variable económica no influyeran otros factores, además del factor trabajo. Pero desde la Asociación Nacional del Comercio Textil (Acotex) aseguran haber hecho todo lo posible para aumentar la productividad, invirtiendo en tecnologías que mejoran el conocimiento de los clientes, optimizando la rotación de stock y adecuando el personal a la demanda.

Según su presidente, Eduardo Zamácola, a pesar de todo eso están contra las cuerdas y con poca capacidad para subir sueldos desde que en 2012 se liberalizaron las rebajas. “Ahora los grandes operadores hacen descuentos todos los días y en esa guerra de precios solo quedan las grandes, que tienen fuerza para aguantarla”, critica.

Otros ángulos del debate

Camarero
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Consumo. “Subir el SMI significa garantizar una vida digna a los trabajadores y aumentar el consumo de productos de primera necesidad, algo que tiene efectos positivos para el desarrollo general del mercado y que, por eso, termina significando crecimiento para las pymes”, subraya José María Torres, presidente de la Confederación Nacional de Pymes (Conpymes).

Contratos con la Administración. Desde Pimec, que agrupa a pymes y microempresas de Cataluña, exigen que los ajustes en los salarios se traduzcan en actualizaciones de los contratos firmados con la Administración pública. “Uno de los problemas que hemos tenido es que ante aumentos del SMI no ha habido nuevas aplicaciones presupuestarias”, dice Josep Ginesta, su secretario general. La otra demanda es proteger a las pymes frente a los costes energéticos. “Aplicar precios especiales de energía para las empresas micro, pequeñas y medianas son las recomendaciones que vienen de Europa”, recuerda.

Pacto de rentas. El acuerdo por el que todas las partes deberían moderar sus ambiciones de salario y de beneficios no podrá lograrse sin medidas que garanticen su cumplimiento, sostienen en los sindicatos. Si los trabajadores tienen que moderar sus demandas de alza salarial, mantienen, también tienen que establecerse mecanismos fiscales para que las empresas moderen sus subidas de precios. Frenar la inflación solo con el freno salarial provoca crisis económicas, advierten.

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