Estas son las ocho condiciones del Gobierno a la opa de IFM sobre Naturgy
Pide que el fondo australiano apoye la inversión en renovables, que apueste por una política de dividendos prudente y mantenga el grueso de los empleos en España
Tras medio año sin apenas pistas sobre la operación, el Gobierno finalmente ha dado el beneplácito a la opa de IFM por hasta el 22,69% de Naturgy. Sin embargo, ha impuesto condiciones más estrictas de lo habitual. Son ocho requisitos que comprometerán la posición del fondo australiano en el consejo de la energética, tanto en el plano financiero (se exige prudencia en el dividendo, se veta la exclusión y blindar el rating) como en el operativo. El Ejecutivo quiere asegurarse que la dirección y la gestión de la compañía permanezcan en España y que la empresa invierta en la transición energética.
Y es que, el año pasado, tras el confinamiento provocado por la pandemia del Covid-19, el Ejecutivo decidió blindar a las empresas que tienen una importancia estratégica para la economía española de forma que toda compra superior al 10% del capital de una compañía debe recibir previamente el visto bueno del Gobierno en un plazo de seis meses.
Esta decisión se tomó para evitar que inversores extranjeros tomaran el control de empresas vitales para la economía a precio de saldo debido a la caída general de las acciones provocada por la incertidumbre instalada en los mercados a causa de la crisis sanitaria. En ese sentido, IFM se ha presentado como un inversor a largo plazo y con la intención de apostar por las inversiones de Naturgy para dar un impulso al giro verde en el que se encuentra inmersa la compañía energética.
Estas son las ocho condiciones del Ejecutivo a la opa de IFM:
1. Apoyar la inversión en proyectos renovables
El primer requisito que solicita el Gobierno a IFM es que apoye la inversión de Naturgy en proyectos vinculados a la transición energética en España que contribuyan “a generar valor a largo plazo, sean sostenibles y se ajusten a los estándares de mercado en términos de mercado y perfil de riesgo”. La semana pasada el grupo presidido por Francisco Reynés presentó un plan estratégico hasta 2025 en el que prevé inversiones por 14.000 millones de euros, de los cuales 8.700 se destinarán directamente a la transición ecológica.
2. Rechazar propuestas de desinversión en España
El Gobierno pide además que IFM, en caso de prosperar su oferta de compra, rechace cualquier propuesta de desinversión que se presente al consejo de administración o a la junta general de accionistas de la Naturgy que implique que la compañía pierda el control de filiales que puedan poner en riesgo “el buen funcionamiento de las actividades de transporte y distribución de energía y gas natural en España”. En ese sentido, el propio Reynés aseguró durante la presentación de la nueva hoja de ruta de la compañía que “este plan va de crecer e invertir para crecer y nuestro objetivo no es desinvertir ni crecer inorgánicamente”, aunque puntualizó que la compañía siempre está abierta a oportunidades que supongan la rotación del portfolio.
3. Mantener el domicilio y la gestión de los negocios en España
La tercera condición tiene que ver con el mantenimiento del domicilio social en terreno nacional así como la sede efectiva de gestión y dirección de los negocios. Precisamente, tras el confinamiento provocado por la pandemia del Covid-19, el Ejecutivo decidió blindar a las empresas que tienen una importancia estratégica para la economía española con el fin de evitar que debido a la caída generalizada de las acciones en Bolsa provocada por la crisis sanitaria, las empresas nacionales más importantes acabasen bajo control extranjero a precio de saldo.
4. Mantener una parte significativa de la plantilla en España
Otro de los requisitos es que IFM “apoye el mantenimiento de una parte significativa de la plantilla del grupo en España”. A cierre de 2020 Naturgy mantenía una plantilla total de 10.540 empleados, de los que 5.318 trabajadores correspondían a España, de forma que concentra a la mayoría de la plantilla en terreno nacional.
5. Apoyar una política de dividendos prudente
El Ejecutivo pone el foco en las inversiones que acometerá Naturgy para adaptar su actividad a la transición energética y por ello quiere asegurarse de que cuenta con liquidez para ese esfuerzo inversor. Por ello, pide una política de dividendos “prudente”. Igualmente, la semana pasada, durante la presentación de su nuevo plan estratégico, Naturgy anunció que recortaría la política de dividendos que venía aplicando en los últimos años de forma que pasará de repartir más de 100% del beneficio entre sus accionistas al 85%.
6. Mantener una deuda externa adecuada
En concreto, el Gobierno pone como requisito que IFM apoye una política de endeudamiento externo “encaminada a mantener la calificación crediticia de grado de inversión de la sociedad y permitir que las ratios de endeudamiento de sus filiales reguladas en España no sean superiores a las recomendadas por la CNMC”. A cierre de junio de 2021 Naturgy mantenía una deuda neta de 13.611 millones y prevé elevarla ligeramente, hasta 16.800 millones en 2025.
7. Apoyar la publicación de informes financieros anuales
Este requisito ya se viene aplicando, y consiste en la publicación de información financiera anual y semestral para que los inversores puedan acceder a ella de manera sencilla y también la elaboración y difusión del informe anual de gobierno corporativo y el informe anual sobre remuneraciones del consejo.
8. Rechazar la retirada de la cotización en Bolsa
Por último, el Gobierno pide que el fondo australiano rechace cualquier propuesta de exclusión de negociación de las acciones de Naturgy en Bolsa, salvo que dicha negociación no alcance la difusión, frecuencia o volumen de contratación suficientes para una correcta formación del precio. La semana pasada, el presidente de la energética, preguntado por esta cuestión, dejó la puerta abierta y trasladó la decisión a los accionistas.
