El Gobierno marca terreno en el caso Naturgy con los fondos en la diana

Ribera recuerda que las condiciones para la entrada de IFM continúan en vigor. CVC seguirá en el accionariado y el mercado mira a GIP

El Gobierno entra en el posible baile de accionistas en Naturgy. Preguntada sobre el proyecto de segregación de la gasista en dos compañías, la vicepresidenta tercera del Ejecutivo y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, avisó de que el Ejecutivo velará "con particular atención" ante una posible escisión de Naturgy. "Si se produjera una división, eso supondría que ese nuevo actor se incorporaría a dos consejos distintos y por tanto habría que vigilar si se están cumpliendo las condiciones que se fijaron por el Consejo de Ministros o no", comentó Ribera.

La vicepresidenta justificó esta preocupación por el momento especialmente crítico que vive el mercado del gas. "Es relevante e importante preservar el comportamiento y la capacidad de las empresas para operar en unas circunstancias así y, en la medida en la que resulte posible, evitar tensiones en los mercados", añadió. No obstante, tal y como publicó CincoDías, el proyecto Géminis, que Naturgy presentó durante el pasado mes de febrero, pocas semanas antes del inicio de la guerra en Ucrania, está guardado en un cajón. Este pasaba por dividir la compañía en dos, una con los negocios regulados y otra con los liberalizados. La compañía incumplirá el calendario inicialmente fijado, que pasaba por completar la escisión antes de fin de año. Algo para lo que no tiene ya tiempo material. Si bien sigue trabajando en este proyecto, ha retrasado su ejecución sine die.

Lo que se trasluce de las palabras de Ribera no es tanto un aviso sobre esta operación, que no está actualmente en la mesa a corto plazo ni de los inversores ni de la compañía, sino sobre el ruido de fondo que vuelve a atenazar al capital. Ruido de fondo sobre la posible salida de todos o alguno de los tres fondos que están en su capital –GIP, CVC e IFM– y la venta de sus participaciones a la petrolera francesa Total.

Así, Ribera se refirió a las condiciones que el Consejo de Ministros impuso hace más de un año al fondo IFM para aprobar su opa, que estarán en vigor durante cinco años. Estas son apoyar la inversión en proyectos renovables, rechazar cualquier venta de activos en España, así como mantener el domicilio y la gestión de los negocios en España y su plantilla en el país. También se incluye mantener una política de dividendos prudente, y la deuda bajo control, además de apoyar la publicación de informes financieros y rechazar la retirada de la compañía de Bolsa. Se trata de un marco que ya establece el Gobierno para cualquier inversor que quiera entrar en la gasista.

Por el momento, no parece que IFM esté en modo vendedor, toda vez que hace solo un año que entró en el capital. En el caso de GIP y CVC hace ocho y seis años, respectivamente, de su desembarco en la compañía, unos plazos habituales para que los fondos de capital riesgo se planteen desprenderse de sus participadas. El responsable de CVC en España, Javier de Jaime, ha dejado claro que no se plantea vender sus títulos de Naturgy y que sus plazos de inversión no tienen por qué ser tan constreñidos. Por el flanco de GIP reina el silencio, lo que es interpretado por el mercado como que este fondo de infraestructuras sí se plantea vender y decir adiós a Naturgy.

Uso del escudo antiopas

 

Autorización. En marzo de 2020, en el momento más crítico de la pandemia, el Gobierno introdujo una protección para que las empresas españolas no fuesen presa de movimientos corporativos agresivos. Es obligar a que el Consejo de Ministros autorizase toda toma de más del 10% de una empresa estratégica por un inversor de fuera de la UE. Esta salvaguarda, que en un principio era temporal, se hizo rápido permanente. También se extendió a los inversores de la UE, pero solo en el caso de las cotizadas. Y, en este caso, la protección antiopas decae el 31 de diciembre, por lo que Total podría entrar en Naturgy sin ninguna cortapisa a partir de esa fecha. No así fondos procedentes de EE UU, Canadá o Australia.