Hacienda aspira a actualizar el valor catastral de más de 800.000 inmuebles en 2023
Las revisiones, normalmente al alza, inflan los ingresos por IBI En 2022 se actualizará solo el 19% de lo previsto inicialmente
El Ministerio de Hacienda se ha marcado como uno de los objetivos para el año 2023 la revisión del valor catastral de un total de 825.000 inmuebles en toda España, según recoge el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentado por el Gobierno el jueves. Estas previsiones de actualización son comunes en todas las cuentas públicas por la naturaleza tributaria de los propios valores catastrales, una de las referencias en la gestión de impuestos como el IRPF y, principalmente, el IBI, la gran fuente de financiación de los ayuntamientos del país. No es tan común, sin embargo, el volumen de revisión al que se aspira, ya que tradicionalmente suele situarse por debajo de las 500.000 actualizaciones.
Tal y como señala el Programa 932M de las cuentas públicas, relativo a la gestión del catastro inmobiliario, en el sistema impositivo español “existen diferentes figuras tributarias” como el impuesto sobre la renta de las personas físicas y, especialmente, los impuestos locales sobre bienes inmuebles y sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, “cuyo hecho imponible está constituido en todo o en parte por la propiedad, la circulación o la renta generada por los bienes inmuebles, y que tienen como valor base el valor catastral”.
Como estas revisiones acostumbran a ser al alza, en línea con la tendencia del mercado inmobiliario, suelen repercutir en unos valores catastrales más elevados que inflan la recaudación a través de los impuestos afectados.
A lo largo del año próximo habrá que ver, sin embargo, si los objetivos de Hacienda logran cumplirse. Por ahora, teniendo en cuenta los datos de los ejercicios previos, las proyecciones del departamento que dirige María Jesús Montero no logran materializarse.
En 2019 se presupuestaron 500.000 revisiones, de las que se realizaron 392.000, el 78%. Es el porcentaje más elevado del último lustro habida cuenta de que el cumplimiento cayó al 14% en 2020 –principalmente debido a la crisis sanitaria– y al 37% en 2021. En 2022, según la ejecución prevista en el documento, el cumplimiento será de nuevo muy bajo: unas 161.000 revisiones sobre 825.000 actualizaciones previstas, un 19,5%.
Esta brecha entre objetivo y cumplimiento, apuntan fuentes del Catastro, se explica en parte porque la tramitación de los procedimientos de revisión “se lleva a cabo en un régimen de corresponsabilidad con los ayuntamientos interesados, de manera que su solicitud, voluntad y disposición son determinantes y justifican los resultados finales de inmuebles afectados”.
Es decir, por diferentes razones, un buen número de consistorios potencialmente sujetos a revisión opta por el inmovilismo. Fuentes conocedoras apuntan fundamentalmente a motivos electoralistas, ya que las actualizaciones suelen repercutir en una subida impositiva y poco popular en figuras como el IBI.
Las mismas fuentes del Catastro añaden, no obstante, que el número de revisiones suele ir a la baja porque los valores catastrales están cada vez más proporcionados a los valores del mercado, a los que por ley no pueden superar.
El objetivo de Hacienda con estas revisiones es múltiple. Según detalla el texto, la actualización de toda la información catastral persigue tener al día un “instrumento básico” para la tributación inmobiliaria y para la lucha contra el fraude fiscal. En concreto, con estos reajustes, se gestionan los impuestos cumpliendo con los principios de generalidad tributaria y equidad, poniendo de manifiesto la riqueza que se desprende de la titularidad y la adquisición de los bienes inmuebles para el conjunto de los contribuyentes. “Todo ello redunda en una mejora efectiva de la financiación local y autonómica, en la línea que determinan los objetivos de consolidación fiscal”.
Sin embargo, recuerda Hacienda, la actualización de toda la información no se circunscribe únicamente a la valoración catastral de los inmuebles, sino que también afecta al valor de referencia. Este sirve a la tributación inmobiliaria en los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados sobre sucesiones y donaciones. Afecta, en definitiva, al común de las operaciones inmobiliarias, como una compraventa o una herencia.
Este valor de referencia, recalca el texto, “está llamado a resolver los problemas de gestión de estos impuestos, provocados por la litigiosidad y conflictividad que tiene ahora mismo la base imponible definida como valor real”.
Cabe recordar que desde el 1 de enero de este año está en vigor el nuevo valor de referencia, una herramienta pensada para que las administraciones tributarias calculen automáticamente el rendimiento fiscal de ciertas operaciones inmobiliarias como las compraventas de vivienda.
El desbarajuste de tener dos valores
La puesta en marcha del nuevo valor de referencia a comienzos de 2022, utilizado para determinar la base imponible en determinados impuestos patrimoniales, ha provocado serios desbarajustes en la valoración inmobiliaria y en la gestión tributaria. Así lo denuncia José María Alfaro, coordinador general de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), quien critica que “se utilice un valor u otro en función del tipo de operación”, una medida que genera “fuertes distorsiones”.
El nuevo valor de referencia, según sus datos, ha provocado que aumente un 17% la fiscalidad de las compraventas de vivienda de segunda mano al no ajustarse a los parámetros reales de mercado. Es decir, desde su puesta en marcha, buena parte de las operaciones están afectadas por un valor de referencia superior al valor de transmisión real en escrituras.
Desde la federación remarcan que este nuevo sistema supone una injusta y nueva “carga fiscal” y que no se ajusta a parámetros reales de mercado, ya que no tiene en cuenta aspectos esenciales en una compraventa como el estado de reforma de la vivienda o la distribución interior de las casas, entre otros factores.
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