Los ministros de Energía comunitarios pactan el paquete energético sin tope al gas
La comisaria europea busca establecer un “corredor de precios” con algunos proveedores de gas como alternativa a un límite fijo.
Los 20 días entre la última reunión de ministros de Energía de la UE y el nuevo encuentro de este viernes solo han reducido el nivel de consenso entre los socios europeos, a la vez que los gobiernos miran con suspicacia el accionar de sus socios. Solo tres de las medidas propuestas inicialmente alcanzan el consenso entre todos los países: reducir la demanda, fijar un tope a los precios de la generación eléctrica que no depende del gas y establecer una “contribución solidaria” para las petroleras. El tope del gas queda aún pendiente.
La comisaria de Energía europea, Kadri Simson, ha evitado la arrogancia y ha incrementado la presión para ampliar la intervención sobre los mercados ya que “no están funcionando de forma normal”. “Este no será un invierno fácil y el próximo será peor”, ha destacado Simson. Jozef Síkela, el ministro checo de Industria que ha oficiado como líder de la reunión, ha dejado claro que el problema es inmediato y los ciudadanos necesitan la ayuda ya.
El núcleo de la propuesta aprobada por los ministros está en reducir el consumo de electricidad un 5% durante las horas de mayor demanda, ya que en ese momento entran en funcionamiento las centrales dependientes del gas. Bruselas ya había pactado con los Estados miembros en julio una restricción del 15% en el consumo de gas.
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha precisado que España ya ha avanzado en este sentido y no tendrá que hacer esfuerzos adicionales para reducir la demanda. Ribera ha precisado que una de las alternativas que recomienda la CE es reducir el IVA al gas, decisión que ya fue aprobada por el Consejo de Ministros. La vicepresidenta también ha señalado una segunda medida que le permite al operador del sistema eléctrico activar un mecanismo para compensar a aquellas empresas y grandes consumidores que estén dispuestos a reducir su demanda por cortos periodos de tiempo. Esto permitirá una mayor flexibilidad del sistema y evitará la generación eléctrica a través del gas.
Los países también han acordado un tope sugerido de 180 euros por megavatio hora para la generación renovable y nuclear, a implementarse desde diciembre. Aunque cada país puede establecer un límite diferente, la medida busca recuperar parte de los ingresos extraordinarios de este sector, pero sin dañar los incentivos a la inversión. La Comisión valoró inicialmente la recaudación de esta medida en 117.000 millones de euros, aunque no todos los países se beneficiarán de la misma manera. Naciones como Polonia, donde las renovables representan solo el 11% de la producción, solo recibirían una muy baja contribución. Además, las administraciones enfrentan el reto de implementar estas tasas en los contratos ya pactados a largo plazo, que hacen una gran parte del sector renovable en el continente.
La “contribución temporal solidaria” a las firmas del sector del petróleo, el gas y el carbón se aplicará sobre el ejercicio fiscal de 2022. La base de este impuesto adicional será exclusivamente sobre los beneficios antes de impuestos que sean más de un 20% superiores a la media de los tres años a partir de 2019. Un informe de Goldman Sachs señala que las petroleras griegas serían las más afectadas, en relación a sus ingresos.
El texto acordado incluye un artículo que pretende cerrar la puerta a las energéticas para que eludan mediante créditos fiscales el pago de la nueva tasa. Esto es particularmente relevante para España, donde las empresas del sector acumulan más de 14.600 millones en créditos fiscales, según recoge EL PAÍS.
Los ingresos obtenidos por ambos gravámenes, que suman 140.000 millones de euros según la Comisión, deberán ser utilizados exclusivamente por las administraciones nacionales para asistir a los hogares vulnerables, así como para reducir el consumo y dar apoyo a las empresas de gran consumo energético. Sin embargo, la cifra se queda lejos de los más de 500.000 millones de euros ya comprometidos por los 27 gobiernos en ayudas y rescates, según el centro de estudios Bruegel.
Esta brecha ha generado ya algunas suspicacias entre los países europeos. El paquete de ayudas por 200.000 millones de euros anunciado ayer por Alemania ha generado inquietud por parte de otros socios comunitarios. El aún primer ministro italiano, Mario Draghi, ha apuntado el jueves por la noche contra Berlín, al señalar que los países no pueden dividirse según su “margen de maniobra fiscal”. El ministro de Energía de Luxemburgo, Claudes Turmes, se ha referido a las distintas propuestas locales como "una loca carrera entre los gobiernos para gastar más". Ante la pregunta, Simson ha evitado referirse a la polémica.
La comisaria no ha esquivado las preguntas respecto al tope al precio del gas, del que se ha mostrado a favor, en especial del que llega desde Rusia. “Es una opción legítima pero muchas condiciones se tienen que cumplir para poder realizar una intervención de este calibre”, ha reconocido la responsable comunitaria. Además, ha reconocido que el bloque no puede perder mercados, ya que el bloque “necesita cada molécula de gas licuado” que llega a los puertos. Para evitar problemas de suministro, Simson ha preferido utilizar la expresión “corredor de precios”, que permitiría evitar precios extremos pero sin límites rígidos.
Los analistas son escépticos del impacto de la medida si solo se aplica a los envíos que provienen desde Moscú. El centro de estudios Bruegel ha destacado ayer que esta decisión ya no tiene el mismo efecto que a comienzos de la invasión, ya que Moscú ya ha cortado en un 80% el suministro a los países de la Unión. Los incidentes alrededor de los gasoductos Nord Stream 1 y 2, que Alemania ya considera “inutilizables”, no hacen más que reducir las opciones de envío a futuro.
Las medidas entrará solamente en vigor una vez que la Comisión elabore el procedimiento escrito y sea publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, por lo que se prevé que su aplicación comience el 1 de diciembre. En lo inmediato, el pacto entre los ministros seguro será uno de los temas de la próxima reunión de los jefes de Gobierno, prevista para el próximo viernes en Praga.
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