Costes de las infraestructuras de red: redistribución inclusiva

Los argumentos tanto de las telecos como de las empresas de internet tienen bastantes puntos débiles

Como cada mes de septiembre, se ha desarrollado en el Parlamento Europeo el debate sobre el Estado de la Unión. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, relató ante los representantes de la ciudadanía europea las intenciones de propuestas legislativas del ejecutivo comunitario para el nuevo curso. Aunque desde hace unos meses se está gestando una nueva legislación comunitaria en el ámbito de las telecomunicaciones, la denominada Connectivity Infrastructure Act (Ley de la Infraestructura de Conectividad), la presidenta no ha adelantado ni siquiera el calendario para realizar la propuesta.

No es de extrañar la falta de concreción de las intenciones de la Comisión Europea, y es que existe un elefante en la mesa regulatoria difícil de ignorar: la “distribución justa de costes de las infraestructuras de red entre los actores de la cadena de valor digital”. Bajo este entrecomillado se intuye algún tipo de compensación hacia los operadores de telecomunicaciones por parte de las grandes empresas tecnológicas por el uso intensivo de las redes de acceso que despliegan las primeras. La resolución de la cuestión ha llevado a la Comisión a anunciar una consulta pública al respecto, y ya ha abierto una disputa política en el seno de las instituciones comunitarias.

La primera batalla de la guerra ha sido dentro del debate sobre el marco de gobernanza de la transformación digital en Europa propuesto por la Comisión Europea, denominado Path to the Digital Decade. El Consejo sugirió introducir una enmienda en la propuesta promoviendo que todos los actores beneficiados de la transformación digital hiciesen una contribución “justa y proporcionada” al coste de las infraestructuras digitales; sin embargo, el Parlamento Europeo impuso su opinión eliminando esta referencia en la versión final.

Las posturas no son monolíticas en Consejo y Parlamento: ya ha habido cruce de cartas a la Comisión desde Estados miembros reticentes a establecer la contribución y favorables a ella, y también han escrito parlamentarios apoyando que las plataformas contribuyan al coste de las redes.

El inicio del debate en las instituciones europeas es reflejo de la intensa actividad que han empezado a desarrollar las asociaciones de empresas de unos y otros, publicando documentos densos sobre la cuestión. Por un lado, la patronal europea de las telecos, ETNO, ha puesto sobre la mesa los argumentos de las grandes operadoras del continente. Por otro, la CCIA, que agrupa a empresas de internet y las TIC de todo el mundo, ha expuesto las razones de las grandes tecnológicas americanas. Aunque ambas tratan de dar un respaldo numérico a sus posiciones, ambos cuentan con debilidades políticas.

Comenzando por los argumentos de las grandes tecnológicas, se resalta que hacer sufragar parte de los costes de las infraestructuras de red a las empresas proveedoras de contenidos y servicios digitales supondría, en primer lugar, una ruptura del modelo tradicional de distribución de costes de infraestructuras en internet. No deja de ser curiosa esta posición conservadora de empresas acostumbradas a la disrupción, rechazando que el sector público haga innovaciones regulatorias si cambian las circunstancias.

En segundo lugar, hacen equivaler el reparto del coste de infraestructuras a un nuevo impuesto que habría de repercutirse sobre los usuarios. En medio de una crisis inflacionaria como la que nos encontramos, no parece que tampoco sea el argumento más adecuado.

Lo dicho anteriormente: no significa que la argumentación de los grandes operadores de telecomunicaciones europeos sea políticamente más sólida. Las telecos tradicionales europeas abogan por recibir directamente una aportación de las grandes tecnológicas para poder desarrollar infraestructuras de fibra y 5G. La pretensión presenta debilidades en un entorno de negocio en que estas mismas operadoras están deshaciéndose de las redes de que disponen, vendiéndolas a las compañías torreras y a las de redes, ya sea de modo total o parcial.

Es quizás más amplio el debate y está mejor enfocado en Estados Unidos, donde se ha embebido en el marco de la renovación del Fondo del Servicio Universal. No solo se trata de debatir sobre cómo distribuir el coste de extender las infraestructuras de conectividad de fibra y 5G entre operadoras y tecnológicas, sino también de cómo ha de sufragarse el coste de la conectividad a colectivos vulnerables, incluyendo el impacto en las personas de la eventual redistribución.

Después de más de tres décadas de desarrollo de la internet comercial, es razonable revisar en Europa si existe actualmente una “distribución justa de costes de las infraestructuras de red entre los actores de la cadena de valor digital”. De ello depende la sostenibilidad de la digitalización de la sociedad y la economía en la UE, pero ha de incluir realmente un análisis y revisión de la distribución de costes entre todos los actores, impidiendo que queden en la brecha digital los colectivos económicamente vulnerables. Un debate legal complejo que, dado el retraso del calendario, apunta que se iniciará durante la presidencia española de la UE, así que nuestro país tendrá la oportunidad de dejar huella en la norma y demostrar su apuesta por una digitalización realmente inclusiva.

Emilio García García es exdirector de gabinete de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales