Las previsiones de verano de Bruselas evocan el fantasma de la estanflación

La inflación en Europa avanza como un incendio inexorable, de esos con capacidad para consumir todo lo que encuentran por delante, comenzando por el crecimiento económico. Las previsiones de verano de la Comisión Europea, publicadas ayer, elevan la tasa de inflación en España para 2022 desde el 6,3% al 8,1% –lo que supone cinco puntos porcentuales más que la registrada en 2021– y rebajan la previsión de crecimiento del PIB para el año que viene desde el 3,4% al 2,1%. Las malas cifras de Bruselas atañen también al conjunto de Europa. Si hace tan solo dos meses se preveía que la UE y la eurozona creciesen al 2,7% y el 2,3% en 2022 y 2023, las proyecciones ahora se hunden hasta un crecimiento del entorno del 1,5% para el ejercicio que viene.

Pese a que desde el Gobierno se ha intentado realizar un análisis más o menos positivo de estos números, alegando que España crecerá por encima de otros países europeos, la radiografía que avanza la Comisión Europea para las economías comunitarias es sumamente seria y preocupante. Todavía más si se tiene en cuenta que el escenario que maneja Bruselas, como el propio organismo reconoce, es fácilmente susceptible de empeorar, dado el número de factores de riesgo que se ciernen sobre Europa actualmente, los cuales incluyen no solo la guerra de Ucrania y la crisis energética, sino también la amenaza todavía no doblegada de la pandemia, que puede resurgir en cualquier momento.

Una previsión de crecimiento del 2,1% para España y del 1,5% para el conjunto de Europa, unida a una escalada de la inflación que no muestra, a día de hoy, señales de retroceder, equivale prácticamente a un escenario de estanflación, un fenómeno cuyos dañinos efectos se vieron en toda su crudeza durante la crisis del petróleo de los años setenta, cuando al estancamiento económico se unió un paro y una inflación muy elevados. Tanto el Banco Mundial como el Banco de Pagos Internacionales han alertado ya del riesgo de estanflación, con la circunstancia añadida –y agravante– del alto endeudamiento que lastra las economías periféricas, como es el caso de España, un factor que no jugó en la crisis de los setenta.

España, como otros países europeos, tiene dos caminos ante sí: aplicar una política antiinflacionista que modere el gasto público, promueva la austeridad en costes y salarios y flexibilice los mercados o dejar que la economía camine sin rumbo hacia una recesión, y que sea esta el manguerazo de agua helada que absorba de un plumazo la inflación, aunque lo haga a un precio muy caro para el propio Gobierno y, sobre todo, para el conjunto del país.