Cómo nos afecta el impuesto encubierto de los hogares

El impacto de la inflación se agrava por las transferencias de renta al Estado cuando no se adaptan los tramos fiscales

Tras un periodo de tres décadas de estabilidad en los precios, las tasas de inflación comenzaron a elevarse a lo largo de 2021, primero en Estados Unidos y posteriormente en Europa, debido al impacto de la pandemia en el sistema productivo y las cadenas de suministro. En España, el año 2021 finalizó con un aumento del índice de precios al consumo o IPC del 6,5%, marcando una tendencia preocupante al ir incrementándose de forma continua a lo largo del año. En 2022 se está acentuando dicha tendencia como consecuencia del conflicto bélico. Los datos del INE a junio sitúan la inflación anual a través del indicador adelantado en el 10,2% (finalmente se ha confirmado) y la subyacente (que excluye energía y alimentos no procesados) en el 5,5%. Estas cifras se alejan dramáticamente del 2% fijado como objetivo de inflación por el BCE.

El impacto del conflicto sobre los precios de las materias primas, incluidas las energéticas, está siendo sustancial, ya que Rusia es el tercer productor de petróleo del mundo y uno de los principales productores de gas. Un quinto del petróleo consumido en Europa, así como un tercio del gas, proceden de Rusia. Aunque España apenas tiene dependencia del petróleo y el gas ruso, el impacto de la guerra en los precios de las materias energéticas nos afecta significativamente, dada nuestra dependencia energética del exterior y por tanto de los precios internacionales de la energía.

Por otro lado, tanto Rusia como Ucrania son lideres en la producción y exportación de productos agrícolas básicos, como los cereales, o el aceite de girasol, lo que está impactando en los precios de estos productos, así como en sus derivados. A su vez, ambos países, especialmente Rusia, tienen una cuota de mercado relevante en la producción y exportación de materias primas como el aluminio, el acero, el níquel y otros. Ante esta perspectiva parece difícil que los precios, y por tanto la inflación, se vaya a contener en el corto plazo.

El principal problema de la inflación es su impacto redistributivo en las rentas a tres niveles: del país con el exterior, entre los diferentes tipos de hogares y de los ciudadanos con el Estado. La transferencia de renta hacia el exterior es muy clara. Los altos precios de la energía y de determinadas materias primas generan un empobrecimiento de los países que necesitan importarlas (España), ya que deben pagar más por ellas, y un enriquecimiento de aquellos países exportadores.

La inflación impacta en todos los hogares, pero proporcionalmente perjudica más a los de rentas bajas, pudiéndoles conducir al umbral de la pobreza. Por eso los economistas decimos que la inflación es el impuesto de los pobres. Ello es así porque el impacto de la inflación crece a medida que los hogares dedican mayor proporción de su renta al consumo. Aquellos que dedican el 100% ven mermada su capacidad adquisitiva en un 100%, mientras que aquellos que pueden permitirse dedicar porcentajes menores, por ejemplo 20%, sufren menos el efecto de la subida de precios.

El impacto negativo de la inflación en los hogares se ve agravado por las transferencias de renta hacia el Estado que se producen si los tramos de fiscalidad no se adaptan a la nueva situación y si se gravan rentas monetarias que no son reales. Pongamos algunos ejemplos. Si la inflación se eleva el 10% y la renta por trabajo de una familia crece solo el 5% en el mismo periodo, la familia pierde poder adquisitivo, a la vez que el Estado está recaudando más, ya que no solo aumenta la recaudación en términos absolutos al elevarse monetariamente la renta familiar, sino que debido a la progresividad con la que se diseñan los impuestos a las rentas del trabajo, el aumento de ingresos tributará a tipos fiscales más elevados. En las rentas de capital también se produce esta transferencia encubierta al Estado. Imaginemos una inversión financiera o inmobiliaria que ha generado una ganancia de capital del 6% en el último año, pero la inflación ha sido del 10%. En realidad, la ganancia de capital es solo ficticia, pues se pierde un 4% en términos de poder adquisitivo, pero si el sistema fiscal no lo tiene en cuenta, como es el caso del español, pagaremos impuestos por esa ganancia irreal del 6%.

Estas situaciones suelen generar conflictos sociales, ya que los ciudadanos (trabajadores, pensionistas, funcionarios) demandan que sus rentas y el sistema fiscal se actualicen para compensar la pérdida de poder adquisitivo. Sorpresivamente, de momento al menos, no ha sido el caso, pero de mantenerse la situación inflacionista es muy probable que lo haga.

El problema es que la compensación de la pérdida de poder adquisitivo mediante la subida de salarios y pensiones incrementa los costes en las empresas, presionando los precios de los productos y servicios al alza, generando una espiral inflacionista. A la vez, esta compensación de la inflación produce una merma del presupuesto público, debido al incremento de los gastos en pensiones y salarios de funcionarios, ampliando de esta forma el déficit y las necesidades de financiación del Estado.

Es un contexto difícil donde los Gobiernos deben jugar un papel relevante, evitando la pobreza y redistribuyendo el coste de la inflación de forma equitativa entre todos los agentes, a la vez que implementando medidas estructurales que potencien la competitividad de la economía, para que las elevaciones de salarios no se traduzcan en subidas de precios y se cree empleo. Empresarios y trabajadores deben alcanzar un pacto de rentas a través del que distribuir el coste de la inflación renunciando los primeros a parte de su beneficio y los segundos asumiendo cierta pérdida de poder adquisitivo. Estos pactos podrían contemplar la progresividad, tanto desde la perspectiva de los trabajadores como de las empresas, parece justo que el que gane más (sea empresa o trabajador) contribuya más.

Laura Núñez Letamendia / Yolanda Durán Durán son Directora/ Investigadora del Observatorio del Ahorro Familiar de Fundación IE y Fundación Mutualidad Abogacía en IE University