Los grandes beneficiarios de la intervención del mercado eléctrico

Para poder vender una victoria, el Gobierno ha acabado apoyando una medida que perjudica a España y favorece a Portugal, Francia y Marruecos

El 13 de mayo, el Gobierno aprobó un Real Decreto-ley para reducir el precio de la electricidad. La medida consiste en el pago de una subvención a las centrales de generación de gas y carbón, de modo que ofrezcan producir a un precio menor y que, de este modo, se reduzca el precio del mercado eléctrico.

 

El Gobierno explicó que la medida reducirá el precio medio del mercado en 80 €/MWh a lo largo de los próximos 12 meses. Para un hogar medio, esto supondría una reducción total en su factura eléctrica de unos 385 euros. Se trata de una medida digna de celebración si no fuera porque, en realidad, ningún consumidor –ninguno– se beneficiará de tal reducción.

En primer lugar, las estimaciones del Gobierno están sesgadas, porque consideraban un precio de gas muy superior a su precio real; precio que, además, se ha reducido desde entonces. Con el precio del gas actualmente previsto en los mercados a plazo, la medida no reducirá el precio de la electricidad en 80 €/MWh, sino en 54 €/MWh.

En segundo lugar, el Real Decreto-ley establece que los consumidores que se beneficien de la caída en el precio de mercado deberán financiar el coste de las subvenciones a las centrales de generación. Una vez se tiene esto en cuenta, la reducción en el coste de compra de electricidad para los consumidores será de solamente 23 €/MWh.

En tercer lugar, la reducción en el precio del mercado obligará a incrementar la compensación a las instalaciones renovables, de cogeneración y extrapeninsulares en los próximos meses. Pero el 100% del incremento en la compensación a las instalaciones renovables y de cogeneración, así como el 50% del incremento en la compensación a las instalaciones extrapeninsulares, se repercutirá a los consumidores eléctricos a través de los cargos y se traducirá en mayores facturas a partir de enero de 2023.

Teniendo todo esto en cuenta, el impacto de la medida sobre un hogar medio será una reducción de unos 36 euros en el coste de su suministro eléctrico si tiene un contrato de precio indexado al mercado mayorista. Pero si acaba de firmar o de renovar un contrato de precio fijo, el impacto total de la medida será un incremento de unos 75 euros en el coste de su suministro eléctrico (porque no se beneficia de la reducción del precio del mercado, pero tendrá que pagar el incremento en los cargos).

El impacto de la medida para el conjunto de los hogares podrá ser positivo o incluso negativo, en función de cuántos hogares tengan contratos de precio fijo y cuándo se renueven. Y el impacto sobre las empresas eléctricas también dependerá de los contratos que tenga firmados cada una. Pero la suma de los consumidores y las eléctricas sufrirá una pérdida de 830 millones de euros, distribuida entre ambos en función de los contratos firmados.

Por otra parte, la Administración experimentará una reducción en sus ingresos de 215 millones de euros por la menor recaudación en concepto de tasas a las centrales de generación. Y también experimentará un incremento en sus gastos por importe de 385 millones, porque los Presupuestos Generales del Estado tendrán que asumir el 50% del incremento en las compensaciones a las centrales extrapeninsulares. Esto significa que el impacto total para la Administración será un perjuicio de 600 millones.

¿Cómo es posible que el impacto de la reducción en el precio del mercado sobre la suma de consumidores, empresas eléctricas y la Administración sea un perjuicio de más de 1.400 millones de euros? Hay dos motivos.

El primer motivo es que la medida aprobada por el Gobierno permitirá a Francia, Portugal y Marruecos comprar electricidad producida en España a un precio subvencionado, y el coste de esas subvenciones no lo pagarán ellos, sino los consumidores españoles. El volumen de electricidad que exportaremos por debajo de coste se situará en el entorno de 25 TWh (equivalente a un 10% de la demanda total de electricidad en España), con un coste para los españoles de unos 940 millones de euros.

El segundo motivo es que, además, los consumidores españoles también van a subvencionar electricidad producida en Portugal y consumida en Portugal. Esto ocurre porque el coste de las subvenciones a los generadores españoles y portugueses, de forma conjunta, se reparte en proporción a toda la demanda hispanoportuguesa suministrada bajo determinados tipos de contratos. En España se exime la energía suministrada bajo contratos de precio fijo, mientras no se renueven o prorroguen. Pero, en Portugal, no solamente existe una mayor proporción de contratos de precio fijo, sino que se les exime si se prorrogan. El resultado es que los consumidores españoles van a pagar, en concepto de subvención, más que lo que recibirán las centrales de gas y carbón en España. La diferencia, 490 millones, va a subvencionar directamente electricidad producida en Portugal y consumida en Portugal.

Así, el resultado de la medida aprobada por el Gobierno es una transferencia de renta en favor de empresas eléctricas y consumidores portugueses (770 millones), franceses (605 millones) y marroquíes (55 millones). En total vamos a transferir más de 1.400 millones a los países vecinos.

El Gobierno es consciente de estos impactos. Por ello, inicialmente propuso aplicar un precio más alto a las exportaciones a Francia, pero Bruselas lo rechazó. Y también podría haber diseñado el mecanismo de financiación de modo que los consumidores españoles solamente pagaran las subvenciones de los generadores españoles, y no de los portugueses, pero entonces no habría tenido el apoyo del Gobierno portugués.

El Gobierno podría entonces haber optado por retrasar la facturación de determinados costes o hacer transferencias a los consumidores. Estas medidas podrían haberse aplicado desde hace meses, ya que no requieren la autorización de la Comisión Europea. El problema es que el Gobierno ya había anunciado a bombo y platillo que estaba luchando en Bruselas para reducir el precio del mercado eléctrico en España, y cambiar de rumbo habría sido interpretado políticamente como un fracaso.

Ante esa tesitura, en lugar de rectificar, el Gobierno ha aprobado un Real Decreto-ley que reducirá el precio del mercado eléctrico, pero con efectos inciertos sobre los consumidores españoles (el resultado podrá ser un incremento en sus facturas), únicamente para poder anunciar que ha salido victorioso de su batalla contra Bruselas. Pero, en realidad, la victoria es para Francia, Portugal y Marruecos, cuya electricidad vamos a subvencionar.

Óscar Arnedillo Blanco / Jorge Sanz Oliva son director gerente de Nera Economic Consulting / Director asociado de Nera y presidente de la extinta Comisión de expertos sobre Transición Energética de 2018