La transición energética en riesgo: urge agilizar las tramitaciones administrativas

Los importantes y crecientes retrasos que se observan en las autorizaciones de los proyectos de inversión están levantando todas las alarmas

El plan de España para la transición energética es, sin duda alguna, uno de los más ambiciosos dentro de la Unión Europea. Este plan contempla, entre otros, el objetivo de instalación de más de 70 GW de nuevas plantas renovables antes de 2030, cifra que debe ser comparada con la actual potencia instalada del sistema eléctrico, de 115 GW.

Se podría pensar que el plan español es demasiado ambicioso y que podría no haber una voluntad política real de ejecutarlo. Pero lo cierto es que la Comisión Europa ha incrementado los objetivos de reducción de emisiones a 2030 del 40% al 55%, según se establece en el paquete llamado Fit for 55 y ha aprobado recientemente el plan de acción REPowerEU, para disminuir drásticamente la dependencia energética de la UE de Rusia. En ambos casos, se pretende acelerar muy sustancialmente el proceso de electrificación y de penetración de las energías renovables en el sistema energético europeo, entre otras medidas.

La integración de esta capacidad requerirá, adicionalmente, la construcción de entre 80.000 y 110.000 kilómetros de nuevas redes de transporte y distribución de electricidad. Estamos hablando, por tanto, de unos de los mayores ciclos inversores vividos en el sistema energético español a ser ejecutado en un plazo extremadamente corto, menos de 10 años. Pero, esta vez, no se trata de unas pocas decenas de proyectos de gran envergadura concentrados en unas pocas localizaciones. Se trata de varios centenares, incluso miles, de proyectos de tamaño mediano y pequeño, muy distribuidos por toda la geografía nacional.

Es importante entender que las tramitaciones administrativas son absolutamente necesarias, ya que garantizan el cumplimiento de la normativa, minimizan el impacto ambiental, aportan transparencia y respetan los derechos de los ciudadanos y agentes que puedan verse afectados. Sin embargo, los importantes y crecientes retrasos que están observando para obtener las autorizaciones necesarias están levantando todas las alarmas, tanto en los inversores como en las administraciones. Los plazos de tramitación reales, tanto para redes como para renovables, superan ampliamente los plazos máximos definidos en la regulación (18 meses), llegando a alcanzar de media los 2-3 años de duración, superando los 10 años en los casos más extremos. Y recordemos que solo tenemos 8 años hasta el 2030.

Entre las causas del problema, destacaríamos tanto el aumento exponencial de proyectos de inversión en renovables en los últimos años, como la introducción de hitos en el RDL 23/2020, que obligan a iniciar la tramitación de los proyectos en un periodo inferior a los seis meses desde la obtención de permiso de acceso y conexión a la red. En caso de no cumplir estos plazos, el promotor se enfrenta a importantes costes económicos y a la pérdida del mencionado permiso.

Ambas causas han provocado que el número de proyectos en tramitación se haya multiplicado hasta por nueve –de 250 en 2019 a 2.500 en 2021– en tan solo 2 años, sin que las Administraciones hayan tenido tiempo de adaptar sus recursos y capacidades a tal avalancha de proyectos.

Adicionalmente, ciertos promotores con menos experiencia y recursos no presentan los proyectos a tramitación con la documentación necesaria y con la calidad suficiente, resultando en numerosas modificaciones e iteraciones del proceso y aumentando significativamente los plazos y el consumo de tiempo de los funcionarios. Además, la no realización del trabajo de campo necesario para lograr la concienciación y la involucración de las comunidades y propietarios locales en el desarrollo de estas infraestructuras incrementa sustancialmente las alegaciones y la litigiosidad de los procesos.

Si analizamos los proyectos que se encuentran actualmente en proceso de tramitación, los proyectos tramitados por el Ministerio de Transición Ecológica son los que acumulan mayores retrasos –55% de los proyectos retrasados en comparación con el 45% de los tramitados por las Comunidades–, al ser los de mayor tamaño y, por tanto, mayor complejidad y mayor número de afecciones. Los proyectos tramitados por las comunidades autónomas no están libres de complejidades, ya que en su caso la pérdida de escala conlleva la multiplicación del número de expedientes a resolver. Adicionalmente, la demora en las tramitaciones se ve fuertemente influenciada por la saturación en los organismos preceptivos con obligación de redactar los informes necesarios para el desarrollo y aprobación de la declaración de impacto ambiental, lo que supone el principal cuello de botella en la tramitación de los parques renovables y sus líneas de evacuación asociadas.

Sin ninguna duda, las Administraciones, tanto la central como las autonómicas, son conscientes de la gravedad relativa a la problemática asociada a las tramitaciones. Prueba de ello son tanto el reforzamiento de recursos humanos y técnicos en muchas de ellas, como las medidas introducidas en el RDL 6/2022, que proponen una simplificación de los trámites y una reducción de los plazos para la aprobación de proyectos en tramitación por la Administración central, que beneficiarían al 10%-15% de los actualmente en tramitación.

Sin embargo, es crítico implementar nuevas actuaciones que permitan mejorar los tiempos de la tramitación de las infraestructuras energéticas. Las medidas a desarrollar deberían estar estructuradas en tres ejes principales: medidas regulatorias que permitieran la armonización de criterios, la simplificación del proceso y la priorización de proyectos viables y con menor impacto medioambiental y territorial; medidas económicas enfocadas a la dotación de recursos de las Administraciones, incluyendo herramientas para aumentar la automatización, la transparencia de la información y la mejora de la comunicación entre los agentes implicados; y, por último, pero no menos importante, un mayor esfuerzo de divulgación y concienciación de los beneficios de las nuevas infraestructuras energéticas para que exista un mayor apoyo e involucración de la sociedad.

Alberto Amores es Socio responsable de la práctica de Energía y Recursos Naturales de Monitor Deloitte