El embargo del petróleo ruso obliga a la UE a elegir el mal menor
El bloque puede sustituir parte del crudo vetado con el ‘fracking’ americano o comprarle a regímenes autocráticos como Venezuela o Irán
Si finalmente el embargo del petróleo ruso prospera, la UE tendrá que buscar la manera de sustituir al proveedor de casi tres cuartas partes de sus importaciones de crudo, alrededor de 2,2 millones de barriles diarios. La drástica sanción plantea un dilema ético. El bloque dejará de financiar la invasión de Ucrania con 285 millones de euros diarios, pero tendrá que elegir si en lugar de eso enriquece aún más a los frackers estadounidenses o hace la vista gorda a la falta de libertades en países como Venezuela o Irán. Una situación que se prolongará hasta que los socios de Bruselas consigan avances sustanciosos en la descarbonización de sus economías.
En el caso de España, la consecuencia de la medida no será tan grave debido que es uno de los miembros de la UE que menos depende del petróleo ruso y que más diversificado tiene su suministro. En 2021 importó 56 millones de toneladas de crudo de más de 20 países. De Rusia solo vinieron 2,5 millones, el 4,6% del total, según la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores). A esta cantidad habría que sumar la de combustibles derivados como la gasolina, el queroseno o gas licuado de petróleo, que en conjunto sumaron otro millón de toneladas, el 6,4% del total.
De cualquier manera, hay 3,5 millones de toneladas de crudo e hidrocarburos que tendrán que traerse de otra parte para mantener estable el abastecimiento de la energía, la industria y el transporte.
España tendrá que traer de otros países 3,5 millones de toneladas de hidrocarburos
Estados Unidos se ha ofrecido a cubrir gran parte del déficit que generará el embargo. De hecho, en marzo se comprometió con Bruselas a elevar en un 68% sus exportaciones de gas natural a la UE. El gran problema es que la inmensa mayoría de ese gas y petróleo se extrae por medio del fracking, un método muy mal visto por los ambientalistas.
Daños ambientales
La fracturación hidráulica inyecta chorros de agua en rocas porosas para romperlas y liberar así los depósitos de hidrocarburos que yacen en el subsuelo. “Es una técnica muy agresiva y mucho más invasiva que la extracción convencional”, denuncia Francisco del Pozo, experto en energía de Greenpeace. “Ocupa amplias áreas de territorio y lo deja como un queso gruyer con cientos de pozos muy juntos unos de otros –la separación entre ellos ronda los 0,6 a 2 kilómetros–. Las operaciones conllevan maquinaria pesada, instalaciones, construcción de balsas artificiales, caminos, etc. Toda esta infraestructura y el trasiego de camiones impacta gravemente en la biodiversidad”, explica.
La ley de cambio climático y transición energética aprobada en mayo de 2021 prohíbe el empleo de esta técnica en suelo español, pero no impide comprar petróleo extranjero obtenido por medio de ella. La incoherencia ya se da. Estados Unidos es el quinto proveedor de crudo de España, con el 7% del total en 2021 y el 10% en los dos primeros meses de este año.
La ley de cambio climático veta la fractura hidráulica en suelo español, pero no la de fuera
“La lógica lleva a pensar que los países que están en mejor disposición de cubrir la falta de producto son aquellos con capacidad excedentaria, precisamente por haber protagonizado embargos anteriores o porque su situación es fácilmente reversible, como es el caso de Venezuela o Irán”, dice Jaime Ventura, socio fundador de Austral Venture, gestora especializada en energías renovables.
Aun así, advierte de que no es tan fácil cambiar un proveedor por otro. “Las refinerías europeas están preparadas para el crudo ruso y la mayoría de las alternativas tiene alto contenido de azufre, incluyendo a los proveedores más fiables, los de Norteamérica. Eso conllevará un aumento de costes porque la forma de reducir los sulfuros es quemando más gas, con lo que agravamos la crisis de suministro de esa otra energía”, sostiene.
Sin embargo, Andreu Puñet, director general de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), asegura que las refinerías nacionales están “más que preparadas” para afrontar la pérdida del suministro ruso porque son capaces de procesar crudos de muy distintas calidades y de diversos orígenes “fruto de las cuantiosas inversiones en el sector, especialmente importantes entre 2008 y 2012, periodo en el que superaron los 6.000 millones de euros”.
Recuerda, además, que como miembro de la Agencia Internacional de la Energía, España está obligada a mantener unas reservas de seguridad mínimas que, actualmente, equivalen a 92 días de ventas o consumo computable.
Para Lauri Myllyvirta, analista principal del Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio (CREA), “está claro que la única solución sostenible es sustituir el petróleo ruso por energías limpias”; lo contrario –defiende– “apoya los conflictos, la corrupción y los regímenes opresivos en muchos lugares”. Pero dado que lo urgente es socavar la capacidad rusa de sostener la guerra, propone el uso máximo de las reservas estratégicas, medidas de ahorro energético y compras a otros países, asumiéndolas como “el mal menor que debe ser sustituido por soluciones sostenibles lo antes posible”.
Del Pozo, de Greenpeace, coincide en que “es más que posible y muy rentable reducir la demanda de crudo mediante la gestión de la demanda, la eficiencia energética, el uso de energías renovables y la electrificación de usos finales en viviendas, transporte e industria”, medidas que sugiere acompañar de políticas sociales para que las personas vulnerables a la transición “no paguen la volatilidad de precios y las resistencias del oligopolio energético”.
“Desgraciadamente”, observa una tendencia alcista en el consumo de crudo en España −las importaciones han subido un 16% en el primer trimestre del año, según Cores−, por lo que prevé que la respuesta al embargo ruso será buscar otros proveedores y profundizar la emergencia climática “para mantener modelos de negocio caducos”.
Proveedores autoritarios
Por lo demás, recuerda que el suministro de las refinerías españolas viene de regímenes calificados como autoritarios por el Democracy Index de The Economist, entre ellos Libia (puesto 154 de 167), con una puntuación de 1,95; Arabia Saudí (152 con 2,08 puntos), Rusia (124 con 3,24), Irak (116 con 3,51), Argelia (113 con 3,77) y Angola (122 con 3,37).
El índice, que clasifica países de acuerdo con indicadores de transparencia en procesos electorales, participación política y libertades civiles, sitúa a Nigeria, el mayor proveedor de España en 2021, en el puesto 107 con 4,11 puntos, correspondientes al de un régimen híbrido. Las grandes sumas de dinero que se transfieren a estos regímenes a cambio de su energía “nos hace poco menos que cómplices de estos”, lamenta del Pozo, “sobre todo considerando que somos un país que podría ser autosuficiente exclusivamente con los recursos renovables de que disponemos”.
Desde BP aseguran que sus plantas sólo están procesando las cantidades residuales de las obligaciones contractuales de compra existentes y en las próximas semanas prevén dejar de emplear petróleo procedente de Rusia en sus procesos. “Por tanto, ninguna de las refinerías de BP se está viendo directamente afectada por el embargo de petróleo ruso y siguen produciendo a su nivel habitual”, informan. En este sentido, tampoco esperan una reducción del rendimiento ni una escasez de los productos fabricados por sus instalaciones (gasolina, gasóleo y combustible de aviación).
Agregan que la petrolera británica dispone de planes de contingencia “ante varios escenarios posibles”, para lo cual “mantiene un contacto estrecho con los Gobiernos de toda Europa para ayudar a garantizar la seguridad del suministro y, en caso de que surgiera un problema crítico en este, a través de dichas relaciones se determinará la forma de dar apoyo al sistema energético”. Repsol y Cepsa declinaron contestar a preguntas para este artículo.
