Anticorrupción investigará 91 contratos de emergencia del Gobierno durante la pandemia

Las adjudicaciones para suministrar material sanitario supusieron un monto total de más de 326 millones de euros

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al ex ministro de Sanidad, Salvador Illa.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al ex ministro de Sanidad, Salvador Illa.

La Fiscalía Anticorrupción, dirigida por Alejandro Luzón, ha acordado abrir diligencias de investigación sobre las condiciones en las que se realizaron un total de 91 contratos de emergencia para el suministro de material sanitario durante la pandemia del Covid-19 suscritos por la Administración General del Estado. Los hechos fueron denunciados el pasado 10 de marzo por el Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea de Madrid, de acuerdo con las instrucciones de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso.

La denuncia, firmada por el portavoz del PP en el Parlamento madrileño, Alfonso Serrano, reclama las "irregularidades que considera habidas en los contratos de emergencia, relacionados con el Covid-19, formalizados por la Administración General del Estado y el sector público institucional", según indica la Fiscalía General del Estado.

Los contratos que serán investigados se agrupan en un total de siete diligencias relativas a transacciones denunciadas por orden de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de que se conociera públicamente la apertura de investigación sobre los contratos de suministro de material sanitario del Ayuntamiento de Madrid con los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño y tras el escándalo provocado por mediación del hermano de la presidenta en un envío de mascarillas.

Díaz Ayuso denunció ya públicamente que varios de esos contratos fueron adjudicados por el procedimiento de emergencia, es decir, con menos filtros de los habituales, a la empresa para la que trabaja el marido de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, o a otras que carecían de experiencia en el sector sanitario.

Además, los populares madrileños denuncian en su escrito otras irregularidades que afectan a contratos y a la concesión de subvenciones públicas, que se identifican en una tabla que recoge un total de 91 contratos.

El hilo conductor en la exposición de los hechos que conforman las irregularidades que se denuncian son las sociedades adjudicatarias, con independencia del órgano adjudicador, y las irregularidades se centran en la vinculación de cada una de las sociedades con las distintas administraciones públicas y la falta de comprobación de la concurrencia de los requisitos mínimos para la formalización de los contratos.

Esas conductas, que Anticorrupción analiza pormenorizadamente sociedad por sociedad, podrían constituir, según el denunciante, los delitos de prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

Según la información aportada por Anticorrupción, los contratos que serán investigados supusieron un monto total de más de 326 millones de euros. El fiscal jefe Anticorrupción ha designado al fiscal Luis Pastor Motta para la investigación de este asunto, aunque él en persona llevará parte de las diligencias.

La Fiscalía Anticorrupción estudiará operaciones realizadas con las empresas Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L., FCS Select Productos S.L, Member Of The Tribe S.L, Weihaitextile Group Import & Export, Hyperin Grupo Empresarial, Beedigital, e industrias plásticas Playbol, según el decreto firmado por Luzón.

Según el decreto, Anticorrupción ve "procedente la práctica de algunas diligencias que, sin dirigirse inicialmente contra personas físicas o jurídicas, permitan confirmar o descartar la trascendencia penal de los hechos denunciados" que tienen, según explica, una "indiscutible trascendencia social" dado el contexto en el que suscribieron esos contratos.

Como ha hecho en la investigación de otros contratos de emergencia para el suministro de productos sanitarios, la Fiscalía no dirige sus pesquisas contra personas en concreto en estas diligencias "iniciales". Anticorrupción sigue en este momento estudiando si la adjudicación de un contrato por la Comunidad de Madrid a la empresa de un amigo de la familia Díaz Ayuso, por la que el hermano de la presidenta cobró una remuneración, reviste indicios de delito.

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