La subida del combustible y la inflación ahogan el transporte por carretera

Resulta complicado repercutir todos los costes en los precios, por lo que el sector esté llegando a una situación crítica

Corren tiempos muy difíciles para los profesionales del sector del transporte de mercancías por carretera. A los problemas que ya vienen arrastrando desde tiempo atrás, y por los que llegaron incluso a convocar un paro patronal el pasado mes de diciembre –paro que no llegó a producirse porque el Gobierno accedió a pactar sus principales demandas–, se suman ahora todas las complicaciones derivadas de la crisis generada por la invasión de Ucrania. La subida fulminante de los combustibles a la que estamos asistiendo afecta especialmente a este colectivo, que ya está pidiendo al Ejecutivo medidas excepcionales para evitar la quiebra de las empresas del sector y el colapso de la economía.

Precisamente, una de las tres medidas que demandaban los transportistas a finales del pasado año, y que ha sido recogida en el recién aprobado Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística es la obligatoriedad de revisar las tarifas de los servicios transporte en función de la variación del precio del combustible, incluyendo este incremento en la factura.

La realidad es que, con la escalada de precios del gasóleo previa a los desvaríos de Putin, este ya representaba en torno al 30% del coste total del servicio de transporte (en el último año el diésel se ha encarecido un 28%). Por otro lado, la elevada inflación, que en febrero se ha situado en el 7,6%, también tiene un gran impacto sobre el resto de costes que conforman el transporte: los neumáticos, la urea (un líquido que permite reducir las emisiones contaminantes de los motores diésel), el servicio de mantenimiento, los precios de los propios vehículos y de los seguros, e incluso los salarios (debido a la escasez de conductores, contratarlos también es cada vez más caro).

Si hablamos de los vehículos propulsados por gas natural (ya sea comprimido o licuado), su situación es aún más grave. Ya en enero, su precio superaba los 2 euros /Kg, con lo que, según la Asociación de Transporte Internacional por Carretera (Astic), las empresas del sector que han apostado por descarbonizar su flota han tenido que asumir un sobrecoste mensual de 3.000 euros por cada camión en relación a su equivalente diésel. Unas tarifas desorbitadas que, tras el estallido de la crisis en Ucrania, irán a mucho peor.

Ante esta situación de abrumadoras subidas de costes, ¿qué está pasando con las tarifas de los servicios de transporte? ¿Y dónde se está lidiando la batalla por los márgenes? Resulta complicado repercutir todos esos incrementos en los precios del servicio, por lo que el sector está llegando a una situación insostenible.

Por ejemplo, si hablamos de transporte internacional, la encuesta permanente del transporte por carretera recoge que el índice de precio medio por kilómetro en 2021 ha alcanzado los 150,4 puntos, el máximo de su serie histórica. Y sin embargo, los precios solo han subido un 0,87% respecto al año anterior, muy por debajo de la inflación.

Tradicionalmente, los cargadores han apretado mucho el precio a la hora de negociar los tenders porque veían el transporte como un gasto que había que rebajar a toda costa, no como una parte esencial del servicio que ofrecen a sus clientes. En la época previa a la pandemia, lo que facilitaba la gestión de toda la cadena de suministro era la previsibilidad de la demanda. Sin embargo, la incertidumbre actual está provocando grandes variaciones del volumen de mercancía que mover, a menudo de forma totalmente inesperada, y esto pone en peligro la rentabilidad de las empresas de transporte, que ya no pueden organizar sus rutas y flotas como antes. Por este motivo, sí estamos viendo en los últimos meses una tendencia a aumentar las tarifas, y a los cargadores no les va a quedar más remedio que absorber el incremento de costes. Eso sí, el que sufrirá el impacto será el consumidor final, ya que repercutirán la subida en los precios de sus productos.

En el caso del transporte de última milla –el servicio que más ha crecido en el último año a causa del gran despegue experimentado por el comercio electrónico–, las principales empresas de reparto y paquetería han comenzado el año 2022 con subidas generalizadas en sus servicios de en torno al 5%, todavía por debajo de la subida de IPC.

Aparte de los ciudadanos, las otras grandes damnificadas serán las pymes del transporte por carretera. A diferencia de los grandes operadores logísticos, estas no cuentan con grandes contratos o tenders, por lo que tienen menos capacidad de negociación y también sufren más la volatilidad de los precios. Para ellas, y para mantener sus márgenes en la medida de lo posible dadas las circunstancias, ahora más que nunca es vital que traten de aumentar su eficiencia, optimizar al máximo sus recursos y reducir todo lo posible sus costes.

Existen plataformas tecnológicas que pueden ayudarles a optimizar las rutas a realizar, reduciendo los kilómetros recorridos en vacío y aprovechando al máximo la capacidad de carga de sus vehículos. Con medidas como dar más margen en las horas de recogida y entrega, programar las cargas para el día siguiente o apostar por el servicio de transporte puerta a puerta –con el que hay menos pérdidas de mercancía y roturas, y eso también mejora el margen del cliente–, es posible conseguir una mayor eficiencia operativa y al mismo tiempo minimizar el incremento de precios para no imputarlo todo directamente al cargador.

José Luis Cuadros es Director de Estrategia en Ontruck