Todas las teclas para combatir la inflación y respetar el crecimiento

El presidente del Gobierno, en un ejercicio de receptividad desacostumbrado, se comprometió el fin de semana pasado en La Palma a bajar los impuestos que más directamente afectan a la energía y a las actividades más dañadas por la espiral alcista de los precios. Únicamente pidió libertad para ejecutar tales rebajas tras la presión de la inmensa mayoría de los presidentes autonómicos, que consideran que el gran beneficiado de la subida de los precios de la energía es la caja de caudales de Hacienda, que grava en muchos casos doblemente los consumos energéticos, ya que aplica tanto impuestos especiales como Impuesto sobre el Valor Añadido.

Es bastante evidente que si la Administración ha gozado de plena libertad para gastar en los dos últimos años en los que ha contado la bula fiscal de la Unión Europea, no tiene mucho sentido buscar ahora la maximización de los ingresos fiscales cuando se da prácticamente por hecho que incluso en 2023 se mantendrá vigente la suspensión de las reglas fiscales de la Unión Europea. Pero, además, si la lucha contra la inflación es una tarea de toda la sociedad, de todos los agentes económicos, el Gobierno deberá poner su parte aliviando la carga que la propia inflación energética endosa a los consumidores y a las empresas.

Cierto es que una política fiscal rigurosa resta capacidad de gasto a los agentes económicos y puede considerarse antiinflacionista; pero no es menos cierto que en un contexto inflacionista tan severo se precisa el concurso de una batería de contribuciones para lograr reducir el avance de los precios sin dañar el crecimiento. No hay que perder de vista tampoco que si bien en la lucha contra la inflación los gobiernos contarán con el respaldo del BCE, no dispondrán de su ayuda para mantener el crecimiento y esquivar la estanflación a juzgar por las posiciones expresadas por la autoridad monetaria.

En estas circunstancias, la lucha contra la inflación y en favor del crecimiento es labor de todos, del Gobierno y de todos los agentes económicos sin distinción. La Administración debería aliviar las finanzas de los contribuyentes deflactando la tarifa de todos los impuestos, especialmente del IRPF, para que puedan disponer de mayor capacidad adquisitiva, y poder así reclamar contención en las alzas de los salarios y en las de los márgenes empresariales y su distribución. La factura de la inflación debe ser repercutida a todos de forma similar, admitiendo que conlleva una pérdida de renta real, para que el trecho temporal del daño sea lo más limitado posible. Aunque habrá que admitir que hay variables, como la guerra, cuya duración no está en manos de ninguna economía doméstica.