Reforma fiscal: presente y futuro

Tal vez el Gobierno debería encargar otro estudio para analizar el uso y la posible mejora del aprovechamiento del gasto público en España

Ya está listo el informe que encargó el Gobierno a un grupo de expertos para llevar a cabo una reforma fiscal. En el Libro Blanco sobre la reforma tributaria, de casi 800 páginas, se analizan y proponen medidas para modernizar nuestro sistema impositivo y adaptarlo a la realidad económica en la que nos encontramos en España en pleno siglo XXI: medio ambiente, digitalización, actividades económicas emergentes, desigualdad o envejecimiento de la población.

El informe es extenso y propone medidas de calado, como que la armonización fiscal prevalezca sobre la autonomía fiscal de las comunidades autónomas, ensanchar la base imponible del IRPF, la revisión de las exenciones y reducciones, la subida de la tributación del gas natural y los carburantes con el objeto de abaratar la electricidad, deducciones o prestaciones reembolsables para salarios bajos, usar el IRPF para mitigar la pobreza infantil o el establecimiento de un límite mínimo para el Impuesto de Patrimonio y el de Sucesiones y Donaciones. Estas son solo algunas de las múltiples propuestas realizadas y cuyo objeto y consecuencias requieren de un análisis extenso y minucioso. Tal y como señalan los autores del informe, se trata de una reforma tributaria estructural a medio y largo plazo.

Si observamos las medidas en su conjunto, se aprecia una subida en la mayor parte de los tributos analizados como medio de lograr los objetivos señalados. El problema radica en el momento en el que se ha publicado este informe: una de las etapas de mayor inestabilidad económica de las últimas décadas. Después de las dificultades económicas provocadas por la pandemia y los problemas en las cadenas de suministros, llega el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, que añade más incertidumbre e incrementa unas presiones inflacionistas que pueden poner en peligro la recuperación económica. Habrá que esperar a un momento más tranquilo en el ámbito económico para llevar a cabo una reforma fiscal que es necesaria para modernizar un sistema impositivo que se queda anticuado ante la evolución de la actividad económica.

Los economistas Alberto Alesina y Dani Rodrik han señalado es sus estudios que cuanto mayor es la igualdad económica en una sociedad (distribución de la renta), mayor es la tasa de crecimiento de la economía en cuestión. Señalan que aquellos individuos que obtienen sus ingresos del capital acumulado prefieren unos impuestos bajos, mientras que aquellas personas cuyos ingresos provienen exclusivamente de su trabajo y no tienen riqueza acumulada suelen preferir unos impuestos altos debido a la obtención de servicios públicos. Si se produce una distribución del capital y de la riqueza acumulada igualitaria, el votante medio preferirá una fiscalidad baja que no dificulte el crecimiento. Si existe una fuerte desigualdad con gran parte de la riqueza en manos de unas elites, la mayoría demandará unos impuestos mayores que podría ahogar el crecimiento. La cuestión es: ¿en qué situación está España (o una región cualquiera) en niveles de desigualdad?

Según estos autores, cuanto más elevados sean los impuestos sobre la riqueza acumulada existirá menos estímulo para acumular capital y el crecimiento económico será menor. Otros economistas, como Xavier Sala i Martín, señalan que el crecimiento económico produce una reducción de la desigualdad. En este punto también se puede hacer la distinción entre países desarrollados y los países en vías de desarrollo.

Por tanto, la cuestión de los impuestos es siempre difícil, ya que si se elevan más de lo conveniente pueden producir un ahogo del crecimiento económico, y si son muy reducidos pueden producir grandes incrementos en la desigualdad que llevarán también a un crecimiento económico limitado. Aquí hay que optar por el término medio aristotélico que, por supuesto, es difícil de encontrar por la mayoría de los economistas mortales.

Otra cuestión que es básica, más allá de la mera recaudación fiscal, es el análisis de la efectividad y el aprovechamiento del gasto público. Esto es tan importante o más que los ingresos fiscales. Tal vez el Gobierno podría encargar otro estudio para analizar el uso y posible mejora de los mismos. Tanto individuos como empresas tendrían una mejor predisposición a pagar impuestos si estuvieran convencidos de que se hace un buen uso del dinero público y de que no se despilfarran recursos. También hay que tener en cuenta que los impuestos derivan recursos del sector privado para llevarlos al público. Esto puede suponer un obstáculo a la recuperación económica si no se emplean de manera apropiada. En este sentido, son muy relevantes la mejora de la productividad, la transparencia y la eficiencia. Por tanto, sería importante revisar el pasado y reformar un mecanismo que ha permitido dedicar importantes cantidades de fondos públicos a proyectos carentes de racionalidad económica.

También puede ser clave estudiar las políticas fiscales de las regiones que más crecen y mayor bienestar tienen en España, y tratar de emular su modelo en el resto de autonomías (previa adaptación a las características de la región). Más allá de la mera armonización fiscal, no se entiende que la cuestión fiscal sea un juego de suma cero, donde la ganancia o pérdida de un participante se compensa con las pérdidas o ganancias del resto de regiones.

La reforma fiscal es necesaria debido al cambio y la evolución de la actividad económica, de eso no hay duda. Los impuestos deberían ser justos, eficientes y de acuerdo a los objetivos fijados como sociedad. De aquí la importancia de obtener el mayor consenso posible para llevar la reforma fiscal a buen puerto. Más allá de intereses partidistas, aquí hay que observar el bien del país y qué tipo de sociedad queremos ser en el futuro.

Jorge Hernando Cuñado es Profesor de Economía y Empresa de la Universidad Nebrija