Construcción

Transportes articula la revisión de precios en la obra pública y deja su aplicación voluntaria a las CC AA

El Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto de Ley de Movilidad sin incluir, por el momento, peajes en las autovías

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, tras la reunión del Consejo de Ministros.
La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, tras la reunión del Consejo de Ministros.

El Gobierno ha conseguido sacar adelante, tras largo debate interno, un mecanismo excepcional de revisión de precios de la obra pública como reacción a la fuerte inflación en los materiales de construcción en 2021. La medida ha sido consensuada por los ministerios de Transportes, Economía y Hacienda, pero a la vista de las reivindicaciones de las patronales de la construcción, este sistema de reequilibrio de la contratación pública podría quedarse corto.

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha adelantado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se compensarán las subidas en productos bituminosos, siderúrgicos, en el aluminio y el cobre, en contratos de obra en vigor. No ha hecho alusión a la creciente factura energética que afrontan las constructoras ni a otros materiales como son los áridos o la madera.

El ejecutivo está dispuesto a reequilibrar los contratos en marcha cuando entre en vigor la norma, siempre que el alza de precios exceda en su impacto el 5% del importe anual certificado de cada contrato en 2021 y no pase del 20% del importe de adjudicación.

Raquel Sánchez ha afirmado que esta iniciativa es necesaria para garantizar la ejecución de los fondos europeos y abre la puerta a que otras administraciones, como las Comunidades Autónomas, adopten este tipo de medidas de forma voluntaria. Desde Transportes se espera una disminución del número de resoluciones de contratos, una menor litigiosidad y un mayor porcentaje de ejecución presupuestaria.

El Real Decreto-Ley aprobado hoy toca a los contratos públicos de obras adjudicados por cualquiera de las entidades que formen parte del sector público estatal y que se encuentren en ejecución. Debe darse la circunstancia de que la subida de precios de los materiales haya afectado en 2021 y la revisión se lleva a cabo sobre los importes del contrato certificados el año pasado.

Además de reequilibrarse contratos sin mecanismo de revisión de precios, también se hará con los que sí incorporaron en sus pliegos esta cláusula, pero no están por encima del 20% de ejecución o no cuentan con dos años desde su formalización, requisitos que prevé la Ley de Contratos del Sector Público.

El órgano de contratación será quien apruebe la revisión excepcional de precios, si procede, previa solicitud del contratista, que deberá presentarla en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley, o desde la publicación de los índices de mensuales de los precios de los componentes básicos de costes, relativos al último trimestre de 2021, si esta publicación fuera posterior.

La solicitud irá acompañada de la documentación que acredite que se cumplen las condiciones para la revisión del contrato. La cuantía resultante de la revisión se aplicará en la certificación final de la obra, como partida adicional. En todo caso, el órgano de contratación estará facultado para realizar pagos a cuenta por el importe de la revisión calculada a la fecha de pago de cada certificación de obra.

El contratista que vea reequilibrados sus presupuestos de obra deberá repercutir al subcontratista la parte que le corresponda por la porción de obra subcontratada.

Peajes en autovías y ciudades

El Ejecutivo avanza con su respaldo legal a las tasas municipales por circular en zonas de bajas emisiones en ciudades de todo el país (estarán obligadas a tener esas áreas aquellas con más de 50.000 habitantes, o de 20.000 en casos de mala calidad ambiental), y también está poniendo las bases para abrir el debate sobre el pago por uso en las carreteras de alta capacidad. Todo ello aparece en el anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible, al que se ha dado primera lectura en el Consejo de Ministros.

Ciudades como Barcelona, en el caso de los peajes urbanos, habían reclamado este tipo de soporte al Ministerio de Transportes. Los Ayuntamientos tendrán poder de decisión sobre la implantación de las tasas y su cuantía.

Sobre los peajes blandos en autovías, el Ministerio que lidera Raquel Sánchez lleva en la futura Ley el estudio de las alternativas y se ve capacitado para la implantación. Transportes lleva meses analizando distintos modelos, pero la aprobación de una norma que tarifique las vías de alta capacidad solo se conseguirá con mayoría en el Congreso de los Diputados. La primera labor en este sentido, reconocen fuentes ministeriales, es lograr el máximo consenso político y abrir el debate a los agentes afectados.

La promesa de que este gravamen no afecte a los transportistas se mantiene, por lo que deberá articularse regulación que fije la transmisión de este nuevo coste al distribuidor o al producto final.

El pago por uso, comprometido por España con la Comisión Europea a mucho tardar en 2024, se basará en el principio de quien contamina y usa la infraestructura paga. Se trata de captar fondos para liberar a los Presupuestos Generales del Estado del coste de mantener una red viaria que crece con la gradual reversión de centenares de kilómetros de autopistas con barreras. Pero también se precisan fondos para invertir en mejora y digitalización de estas infraestructuras.

Sánchez hizo ayer énfasis en que no se ha decidido nada ni sobre el futuro modelo ni sobre plazos, supeditando próximos pasos al diálogo con administraciones y agentes implicados.

La Ley de Movilidad Sostenible, que debería salir adelante antes de la conclusión de 2023, también lleva entre sus artículos la remodelación del mapa concesional de las grandes rutas de autobús. Sobre las 72 concesiones actuales, 40 de ellas prorrogadas, se pretende concesionar grandes corredores e incluso abrir alguno a la libre competencia. El proyecto, en el que trabaja Ineco, está avanzado, pese a que el Ministerio se ha dado hasta un año tras la entrada en vigor de la Ley para tenerlo a punto.

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