Las nuevas (y problemáticas) fronteras del Brexit

El establecimiento de una nueva barrera comercial dentro del Reino Unido ha puesto en peligro el delicado equilibrio de la política en Irlanda del Norte

El pasado jueves 3 de febrero presentó su dimisión el primer ministro de Irlanda del Norte, en protesta contra el protocolo norirlandés entre la Unión Europea y el Reino Unido. El problema viene de lejos: como es sabido, al abandonar la unión aduanera el año pasado como consecuencia del Brexit, el Reino Unido pasaba a adquirir la condición de territorio no comunitario. Desde un punto de vista comercial y a efectos aduaneros y fiscales, ello implicaba, en pocas palabras, que los intercambios de bienes entre empresas de la UE y británicas pasaban a tener el carácter de operaciones de importación o exportación.

En muchos casos este cambio, por sí mismo, no supone un coste fiscal añadido por aranceles o IVA, ya que en general se aplicará un arancel cero cuando el origen sea comunitario y el IVA soportado en uno u otro territorio podrá recuperarse, evitarse o posponerse en virtud de un régimen de diferimiento. No obstante, las trabas administrativas asociadas (comprobaciones en frontera, cuellos de botella, nuevas obligaciones de registro de proveedores no establecidos) son de gran calado, y su relevancia se ha puesto de manifiesto a lo largo del pasado año. El control de los intercambios de bienes con la UE sin embargo no afecta a uno de los territorios que junto con Inglaterra, Gales y Escocia (Gran Bretaña) forman el territorio del Reino Unido: Irlanda del Norte.

Y es que, paradójicamente, el Brexit ha traído consigo el establecimiento de una nueva barrera comercial dentro del propio Reino Unido, puesto que Irlanda del Norte ha seguido aplicando la normativa aduanera, de IVA y de impuestos especiales que se aplica al comercio de bienes de la UE.

Esta dicotomía responde a una motivación política recogida en el protocolo de Irlanda del Norte y cuyo objetivo último es evitar el restablecimiento de una frontera dura con los vecinos de la República de Irlanda que pudiera poner en peligro los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Viernes Santo. El permiso a la libre circulación de personas y mercancías en la isla, tiene dos consecuencias:

Por un lado, puesto que la República de Irlanda pertenece a la UE, el resto de países de la UE debe poder operar con Irlanda del Norte con la misma facilidad con la que va a operar su vecino del sur y bajo las mismas reglas: es decir, la mercancía que entra en Irlanda del Norte debe considerarse comunitarizada a todos los efectos y, en consecuencia, la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la UE sobre la materia debe ser aplicable en Irlanda del Norte.

Por otro lado, puesto que el Reino Unido ha abandonado el territorio aduanero comunitario, deben establecerse controles al envío de bienes desde la propia Gran Bretaña a Irlanda del Norte cuando exista riesgo de que puedan ser a la postre comercializados en la UE. Como recoge el protocolo, el objetivo es preservar la integridad del mercado único de la UE y las garantías que ofrece en cuanto a la protección de consumidores, salud pública y la lucha contra el fraude y el contrabando.

Así, a efectos prácticos se ha trasladado la frontera aduanera desde la línea divisoria terrestre que separa las dos Irlandas, al Mar del Norte que separa las dos islas.

Irlanda del Norte mantiene por tanto un estatus de nexo con la UE que pudiera parecer privilegiado, ya que, a pesar del Brexit, sigue siendo comunitaria desde un punto de vista comercial. Además, los nacidos en Irlanda del Norte tienen derecho a la nacionalidad irlandesa, y por lo tanto a retener la ciudadanía europea y disfrutar del derecho al libre movimiento de personas. Sin embargo, más allá de los aspectos comerciales del protocolo cuyo impacto en la vida de los ciudadanos y empresas irlandesas puede modularse, la controversia tiene raíces políticas más profundas: determinados problemas de suministro a grandes superficies y la escasez de algunos medicamentos ha servido a los partidos unionistas para criticar el protocolo, al que siempre se han opuesto, ya que, al acercarles a la UE, a su juicio, les puede alejar del Reino Unido. Los nacionalistas, por su parte, han visto de alguna forma reforzada su aspiración histórica de reunificar la isla de Irlanda, sobre la base de una identidad comercial compartida, incluso ahora respecto de los intercambios con Gran Bretaña.

Las tensiones han desembocado en la dimisión de su primer ministro y la decisión de suspensión unilateral por parte de Irlanda del Norte de controles aduaneros. Esta decisión, que implicaría incumplir los acuerdos previstos en el protocolo, ha sido a su vez suspendida por el Tribunal Superior de Irlanda del Norte.

El establecimiento de una nueva frontera comercial dentro del Reino Unido que no existía antes del Brexit han puesto en peligro el delicado equilibrio de la política norirlandesa y la solución ahora se antoja difícil, ya que hay dos líneas rojas que permiten un escaso margen de maniobra: por un lado, no parece planteable el establecimiento de cualquier tipo de frontera entre las dos irlandas y, por otro lado, eliminar los controles a los envíos desde Gran Bretaña o prescindir del sometimiento de Irlanda del Norte al TJUE supondría abrir un boquete en el muro de contención aduanero de la UE.

Juan Ortín es Socio de Deloitte Legal