El Gobierno discute excluir la energía del reequilibrio de costes en la obra pública

El precio eléctrico es el principal punto de disensión entre Transportes, Economía y Hacienda para establecer compensaciones en obras en marcha

Un grupo de operarios trabaja en las obras del AVE en Níjar, Almería, el pasado mes de agosto. EFE

Las constructoras españolas se enfrentan a una próxima decisión del Gobierno que toca de lleno a sus intereses: la composición de la cesta de costes a reequilibrar en los contratos de obra pública ante la fuerte inflación. Los órganos contratadores correrán con el alza de materiales básicos como el acero, el cobre, la madera, aluminio, petróleo o mezclas bituminosas, entre otros, pero está en el aire si lo harán, o no, con la creciente factura de la luz.

El mayor motor inversor del Estado, Adif, reactivó el pasado verano la figura de la revisión de precios en sus nuevos contratos después de ocho años de desaparición de facto de este mecanismo. Y el Ministerio de Transportes decidió hacer lo propio a finales de año: establecer la revisión de precios en los pliegos de carreteras, puertos, etcétera. Pero el sector constructor sigue a la espera de conocer la fórmula de compensación en contratos deficitarios en ejecución y que carecían de ese mecanismo de reequilibrio.

Fuentes de toda solvencia hablan de posiciones encontradas en la negociación entre ministerios. En Economía cunde la preocupación sobre la evolución de la inflación y ha venido defendiendo que la espiral alcista de los precios de la energía era coyuntural, y en el de Hacienda ocupa el control del gasto. Es en el departamento de Transportes, que trasladó una propuesta de fórmula de reequilibrio antes de que finalizara el pasado año, donde hay mayor convencimiento de que el problema eléctrico puede dar al traste con la ejecución presupuestaria, y de los propios fondos europeos, si no se da una solución a las contratistas de obra pública.

El Ministerio de Transportes teme una nueva paralización de proyectos de obra pública en ejecución

Sobrevuela el riesgo de un nuevo parón a pie de obra como el que tuvo resolver la citada Adif meses atrás por el repunte de los materiales básicos. Una situación que se traslada a los proyectos promovidos por comunidades autónomas y que también está motivando una cascada de licitaciones desiertas, de calado menor, ante la incertidumbre reinante sobre la inflación y la imposibilidad de ajustarse a los presupuestos fijados en los pliegos.

Garantía

La revisión de precios fue una de las reglas de oro durante décadas en la actividad de la obra pública, con la que se liquidaban las obras a sus costes reales. Se trata de dotar de estabilidad a los contratos pese a las fluctuaciones en el coste de los materiales o de la energía. Hasta 2013 se contemplaban compensaciones por la subida del cemento, aluminio, cobre, madera, áridos, materiales, plásticos, bituminosos, etcétera. Eso sí, quedaba excluida la evolución del coste de la mano de obra salvo en contratos a muy largo plazo.

Fue en abril de ese 2013 cuando la Secretaría de Estado de Infraestructuras, que entonces dirigía Rafael Catalá, emitió una resolución por la que instaba la supresión del mecanismo de reequilibrio en áreas intensivas en contratación, como la Dirección General de Carreteras o la de Ferrocarril. Se apoyó en el artículo 89 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que permitió a la Administración eliminar la revisión de precios en los contratos, donde se detallaban hasta entonces una serie de fórmulas aplicables que previamente eran aprobadas por el Consejo de Ministros.

El gestor de la infraestructura ferroviaria, Adif, fue el primero en aplicar el tijeretazo. De este modo, quedaron a riesgo y ventura de los contratistas las desviaciones por la evolución económica, el encarecimiento de la energía o de las materias primas. El enfrentamiento entre Gobierno y constructoras fue notorio.

El sector constructor urge compensaciones mientras persiste la inflación

Antes de esa polémica decisión, solían ser revisables el 40% de los costes en una obra de cierto calado (a partir de 100 millones de euros). Al concluir este tipo de proyectos, los precios de las materias primas se habían encarecido entre un 3% y un 3,5%, lo que suponía que en una actuación de 100 millones se revisaban precios sobre 40 millones y la desviación final podía rondar 1,4 millones. En 2013 los presupuestos de Fomento recogieron 240 millones de gasto por revisión de precios en contratos de obra.

El ministerio aconsejó a las contratistas que evitaran las bajas y se ajustaran a los presupuestos de licitación para evitar posibles quebrantos económicos. Y desde entonces, Gobierno y constructoras han convivido con la desaparición de facto de la revisión de precios hasta que el pasado verano comenzaron las tensiones en el mercado de las materias primas y en el transporte de las mismas.

Las constructoras no podían recuperar sobrecostes por la ausencia de un mecanismo que lo permita, pero los proveedores sí incluyen cláusulas de revisión de precios semanales en sus contratos de suministro. Un desequilibrio que ha quebrado la viabilidad económica de múltiples proyectos.

Tras las quejas del sector, liderado por la patronal CNC y las asociaciones Seopan y ANCI, la Secretaría de Estado de Transportes, que encabeza Isabel Pardo de Vera, dio un primer paso semanas atrás al emitir una resolución para aplicar la revisión de precios en la obra nueva. Queda pendiente la solución a una cascada de proyectos en marcha con sobrecostes.

Reglas del juego

Tormenta perfecta. La escalada de los precios de las materias primas comenzó con la alta demanda mundial por los programas de estímulos tras la crisis del coronavirus. Influyeron también la reactivación de la actividad en China, la lenta reacción de la industria en países productores afectados por el Covid-19 y el encarecimiento en los precios de transporte. A ello se sumó pocos meses después la espiral alcista en el precio de la energía.

Tablas. El INE venía elaborando los índices mensuales de los precios de los componentes básicos sujetos a revisión de precios de los contratos. En ellos se incluía la energía.

Giro. La Ley 2/2015, de Desindexación de la Economía, dio la posibilidad a los órganos de contratación de establecer, o no, el derecho a revisión periódica y predeterminada de precios. También pasaban a decidir la fórmula de revisión que debía aplicarse, según la naturaleza de cada trabajo. Así, la revisión de precios en los contratos públicos dejaba de apoyarse en índices generales y empezaba a depender, cuando aparecía, de índices específicos que reflejan los componentes de coste de cada contrato.

Limitación. La Ley 2/2015 expone que la constructora puede tener acceso a la revisión de precios cuando estuviera reflejado en el pliego y el contrato se encontrara con un nivel de ejecución superior al 20% y hubiesen transcurrido dos años desde la formalización del mismo.