La OCDE ve insuficiente el mecanismo de equidad entre generaciones en la reforma de pensiones

No bastará para compensar el incremento del gasto previsto Sugiere ampliar el periodo de cálculo de la pensiones

El sistema de pensiones en España, que logró mantener los ingresos de las personas mayores durante los dos años de pandemia, ha demostrado ser vulnerable a los cambios demográficos que se avecinan en el medio plazo. Por todo ello, según ha recomendado este miércoles la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el país necesita haber impulsado medidas de calado una vez que se vuelva a la senda de la sostenibilidad financiera. Incrementar la edad legal de jubilación y elevar la edad efectiva, por un lado, y aumentar el periodo de cálculo de las pensiones, por otro, son dos soluciones que sugiere el club de los países ricos.

La razón, resume el organismo que dirige Mathias Cormann, es que para asegurar la sostenibilidad de las pensiones de todos los países del mundo habrá tres opciones, o una mezcla de ellas: mayores cotizaciones, trabajar más años o pensiones más bajas.

"Los ingresos de los pensionistas actuales han estado protegidos durante la crisis sanitaria. Dado que las políticas excepcionales desplegadas respaldaron los ingresos y amortiguaron el impacto en los mercados laborales, es poco probable que las pensiones futuras se vean muy afectadas" por el coronavirus, recoge el organismo en su informe bienal de pensiones, publicado este miércoles. Sin embargo, el envejecimiento de la población se acelerará a un ritmo muy rápido en los próximos años, "lo que ejercerá una fuerte presión sobre la sostenibilidad financiera".

El auge de la esperanza de vida ha generado un fuerte desequilibrio que ha terminado de poner en jaque al sistema público de pensiones, al que se destina cerca de un 11,3% del PIB. Una de las soluciones, recomienda el club de los países ricos, pasa por elevar la edad efectiva de jubilación (la edad real a la que se jubilan los españoles) a la vez que se incrementa la edad legal hasta los 67 años.

En paralelo, de cara a la reforma que recientemente ha sustituido el factor de sostenibilidad por el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, la OCDE señala que la medida ni siquiera reduce al coste de indexar las pensiones a la inflación. Así, detalla que la nueva herramienta que eleva las cotizaciones en 0,6 puntos durante un periodo de 10 años para afrontar el aumento del gasto por la jubilación, solo recaudará un 2,3% del PIB cuando la indexación de las pensiones al IPC supondrá un sobrecoste anual equivalente al 1,4% anual del PIB en 2030 y del 2,6% a partir de 2050.

El organismo con sede en París también ha señalado que la reciente derogación del factor de sostenibilidad ha provocado que la tasa de sustitución de las pensiones haya crecido hasta el 89%, frente a la media del 62% de la OCDE. A su vez, ha observado que la derogación del índice de revalorización de las pensiones y el factor de sostenibilidad y su sustitución por la indexación al IPC y por el mecanismo de equidad intergeneracional, respectivamente, muestran que una política de pensiones sostenible en el tiempo requiere de consenso político.

El caso español ilustra, dice la OCDE, "que una política consistente en el tiempo requiere un amplio consenso político antes de su implementación. De lo contrario, las medidas corren el riesgo de ser políticamente insostenibles, lo que da lugar a retrocesos y debilita la confianza". En este punto, la organización también carga contra la reforma del Gobierno de Mariano Rajoy que, en 2013, introdujo el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) “sin un amplio consenso político”.

Los mecanismos de ajuste automático son cruciales para la sostenibilidad del sistema, resume la OCDE, pero aquellos diseñados "para enmascarar los recortes en las prestaciones en términos reales tienen más probabilidades de fracasar, ya que pueden generar presión sobre los responsables de formular políticas para suavizar su impacto o incluso abandonarlo por completo”.

Radiografía de España

El documento explica que los ingresos de los mayores de 65 años equivalen en torno al 96% de los ingresos medios del total de la población, lo que supone ocho puntos porcentuales más que en el conjunto de los países analizados. Además, recuerda, esta es una tendencia que se ha acelerado en los últimos años, ya que "los ingresos relativos medios crecieron sustancialmente más rápido para las personas mayores en España, ya que esta proporción fue de alrededor del 85% en 2000".

En su análisis comparado, la institución con sede en París considera que en España las condiciones para lograr una pensión completa de jubilación son "laxas" si se comparan internacionalmente. Mientras que en 2027, un trabajador se puede retirar a los 65 años con una pensión completa si ha cotizado 38,5 años, en Francia hacen falta 43 años cotizados, mientras que en Alemania son necesarios 45 años. Además, la gran mayoría de los países tienen en cuenta los salarios a lo largo de toda la carrera para calcular el beneficio de pensión. Dentro de la UE, "solo Francia, Eslovenia y España usan 25 años o menos", recalca el organismo. Aunque no se refiere en concreto al caso español, la OCDE detalla que estos cálculos para acceder a la pensión completa son "permisivos".