Nueva regulación

Bruselas quiere ‘atar en corto’ a las redes sociales con la publicidad política

Propone una nueva norma que dé transparencia a este tipo de anuncios. Plantea multas en caso de incumplimiento.

La vicepresidenta del Ejecutivo comunitario para Valores y Transparencia, Vera Jourová.
La vicepresidenta del Ejecutivo comunitario para Valores y Transparencia, Vera Jourová.

La UE sigue manteniendo un pulso con los gigantes tecnológicos para poner orden en la nueva era digital, y ahora apunta a las redes sociales y a los anuncios políticos con el objetivo de que no dañen la democracia en Europa tras el escándalo de Cambridge Analytica o los disturbios en el Capitolio en EE UU, que pusieron a Facebook en el ojo del huracán. La Comisión Europea ha propuesto este jueves nuevas normas para regular la publicidad política en las redes sociales, entre las que destaca la prohibición de cruzar los datos de los ciudadanos de carácter sensible (el género, la raza o las creencias políticas y religiosas) para enviarles anuncios personalizados, a no ser que den su consentimiento, según informa Efe.

“Los anuncios digitales con intenciones políticas se están convirtiendo en una carrera sin control de métodos opacos”, dijo en una rueda de prensa la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario para Valores y Transparencia, Vera Jourová. Por ello, las nuevas normas también buscan fortalecer la transparencia en esta práctica, pues según las encuestas que maneja Bruselas el 40 % de los ciudadanos europeos “tiene dificultades” para saber si el contenido que ve en internet está financiado por alguien y observa “un incremento” de la desinformación en la red.

Las nuevas normas propuestas por la CE obligarían a que cualquier anuncio político pagado y que pueda “influir en el resultado de una elección o referéndum o un proceso legislativo” especifique que se trata de un contenido político, indique quién lo financia, cuánto dinero ha pagado y la proveniencia de estos fondos.

“Nuestra propuesta puede ayudar, al menos, a que la gente pueda ver quién les envía estos mensajes, quién está pagando y cuál es el interés político que hay detrás”, añadió Jourová, que añadió que “no es un secreto que las protestas y la radicalización de la sociedad está alentada por algunos poderes políticos en nuestros Estados miembros que abusan de la situación e incluso a veces ganan elecciones”.

La CE también indicó que las empresas que hacen uso de la segmentación y la amplificación políticas “deberán adoptar, aplicar y hacer pública una política interna sobre el uso de tales técnicas. Si no se pueden cumplir todos los requisitos de transparencia, no se puede publicar un anuncio político”, remarcaron.

La norma, que ahora deberán negociar el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo, no va dirigida únicamente a las plataformas digitales, sino a todos los actores implicados en la fabricación y difusión de la publicidad política, tales como agencias de relaciones públicas, partidos políticos o influencers. Si incumplen estas normas, las autoridades nacionales de protección de datos deberán imponerles multas. Estas deberán tener en cuenta “la naturaleza, la gravedad, la reincidencia y la duración de la infracción teniendo en cuenta el interés público en juego, el alcance y el tipo de actividades realizadas, así como la capacidad económica del infractor”.

Avances en la DSA y la DMA

Más allá de esta norma, ayer los países miembros de la UE alcanzaron un acuerdo sobre la Ley de Servicios Digitales (DSA) y la Ley de Mercados Digitales (DMA), presentados por la Comisión el pasado diciembre para poner fin, según dijeron, a la “impunidad” de empresas como Amazon, Apple, Facebook y Google. La primera ley quiere obligar a las big tech a asumir más responsabilidad por el contenido ilegal en sus plataformas, y la segunda, pretende evitar la aparición de empresas dominantes anticompetitivas. Si no lo cumplen se enfrentan a multad de entre el 6% y el 10% de su facturación global.

El objetivo de los legisladores europeos es que estas dos leyes puedan entrar en vigor en 2023, pero los eurodiputados y los gobiernos de la UE deberán acordar antes un texto común, en unas negociaciones que se iniciarán en el primer semestre de 2022, dirigidas por Francia, que asumirá la presidencia rotatoria de la UE.

Los países de la UE quieren que los requisitos establecidos en la DMA se apliquen a las empresas con una capitalización superior a 65.000 millones, una cifra menor a la que exige el Parlamento Europeo (80.000 millones), que votó su postura este lunes y con quien tendrá que llegar a un acuerdo para consensuar el texto. Según esa cuantía, la ley afectará a más o menos empresas. La nueva norma pone foco en los llamados guardianes de internet (las compañías que se han convertido en la puerta de entrada inevitable hacia la red).

El Consejo también acordó incluir una nueva obligación que mejore el derecho de los usuarios a darse de baja de los servicios de una plataforma, ha propuesto que las plataformas que ofrecen servicios exclusivos a los menores se dirijan a ellos en un lenguaje que puedan comprender y habiliten herramientas de control parental y que sea la Comisión el principal ejecutor de las nuevas reglas a pesar de la propuesta francesa de dar más poder a las autoridades nacionales.

La decisión de que sea la Comisión quien tenga la última palabra también evitaría que Irlanda, sede de muchos de los gigantes de internet, retrase las investigaciones, según informa Efe. Esta agencia recoge declaraciones de la directora general de la organización europea de consumidores (BEUC), Monique Goyens, quien lamentó que "los Estados miembros no hayan ido más lejos" en aspectos como la interoperabilidad de los servicios de mensajería instantánea como WhatsApp o Signal. "Los consumidores que desaprueban, por ejemplo, las prácticas de datos de WhatsApp tienen pocas opciones y deben usar su servicio porque la mayoría de sus contactos está allí", añadió.

 

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