Legislación

Bruselas obligará a las 'big tech' a vender parte de su negocio si abusan de su posición de dominio

La Comisión anuncia nuevas reglas para limitar el poder de empresas como Google, Apple, Facebook o Amazon. Fija multas hasta del 10% de los ingresos globales de las compañías

El Comisario de Mercado Interior, Thierry Breton.
El Comisario de Mercado Interior, Thierry Breton.

Bruselas quiere poner orden en la nueva era digital que avanza a gran velocidad atando en corto a los gigantes tecnológicos. La Comisión Europea presentó este martes una ofensiva legislativa, que incluye la Ley de Servicios Digitales (DSA) y la Ley de Mercados Digitales (DMA), con la que busca poner fin a la “impunidad” de empresas como Amazon, Apple, Facebook y Alphabet (matriz de Google), según explicaron.

Las nuevas reglas, el intento más serio del bloque de los 27 países para controlar el poder de estas multinacionales en la era de la inteligencia artificial y del dato, obligarán a cambiar algunas prácticas comerciales de estas compañías en Europa o si no se enfrentarán a multas de entre el 6% y el 10% de su facturación global. Igualmente contemplan poder forzar la venta o segregación de activos en las tecnológicas si no cumplen las recomendaciones de forma reiterada y han sido multadas tres veces en cinco años. “Una medida de último recurso”, tal y como precisaron.

Con la Ley de Servicios Digitales, la Comisión Europea quiere obligar a las empresas tecnológicas a asumir más responsabilidad por el comportamiento ilegal en sus plataformas Y con la Ley de Mercados Digitales pretende evitar la aparición de empresas dominantes anticompetitivas. A diferencia de las leyes de competencia actuales, que se han visto lentas y poco eficientes para la era digital y que castigan a posteriori de los abusos de posición dominante, la nueva ley permitirá activar medidas de forma preventiva.

La comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, y el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, impulsores de estas nuevas reglas, fueron los encargados de presentarlas hoy. Todo en un momento en que el escrutinio regulatorio sobre las big tech ha aumentado en todo el mundo (EE UU, Canadá, Australia y Reino Unido...) a medida que estas empresas han ido acumulando más poder.

Con la Ley de Mercados Digitales Bruselas pone foco sobre las empresas que se han convertido en gatekeepers, es decir, en puerta de entrada inevitable hacia la red. A estas compañías, que según la Comisión dictan las reglas del mercado, se les fijarán una serie de acciones que deberán cumplir y otras que tendrán prohibidas. Entre las primeras está el compartir con rivales y reguladores ciertos datos que recaban, y entre las prohibiciones, la de autoconcederse un acceso preferente a mercados adyacentes. Y es que la nueva norma plantea prohibir vincular negocios, una práctica de la que se han valido todos los gigantes tecnológicos para crecer.

También se les obligará a que informen previamente al Ejecutivo comunitario de la compra de otra empresa para prevenir las llamadas adquisiciones asesinas o la compra de pequeños rivales para acabar con ellos.

Tales exigencias se establecerán en las empresas en función de criterios “objetivos”, según la Comisión, como el número de usuarios de estas compañías, sus ingresos durante los últimos tres años, su capitalización de mercado y la cantidad de mercados en los que operen. Y si las grandes empresas de tecnología infringen deliberadamente las nuevas reglas de competencia serán castigadas con multas de hasta el 10% de sus ingresos globales.

La Ley de Servicios Digitales marcará de cerca a las plataformas en línea, especialmente a aquellas que cuenten con más de 45 millones de usuarios, lo que equivale al 10% de la población de la UE. Esta norma obligará a las tecnológicas a eliminar rápidamente el contenido ilegal de sus webs, aunque provengan de terceros, a no ser que desconozcan que se trata de material prohibido. Concretamente, se les exigirá mecanismos para evitar mensajes con llamadas de odio, violación de los derechos de autor, anuncios de productos falsificados o campañas de desinformación.

Estas compañías deberán igualmente ser más transparentes con sus políticas de publicidad (el usuario debe saber de forma inequívoca si la información que recibe es un anuncio y quién está detrás) y con el funcionamiento de sus algoritmos que recomiendan contenidos. Igualmente deberán dar acceso a los supervisores a los datos “que sean necesarios para evaluar el cumplimiento” de la norma. Si no ocurre, las multas podrán ser de hasta el 6% de sus ingresos globales.

Primera revisión en dos décadas

Ambas regulaciones, la primera revisión significativa de las normas de la UE sobre internet en dos décadas, se dirigen fundamentalmente a los gigantes tecnológicos estadounidenses debido a “su influencia desproporcionada” en los usuarios de internet de la UE, aunque Bruselas evitó mencionar a empresas concretas.

Según indicaron hace unos días en un artículo en El País Vestager y Breton, las plataformas se han convertido en un elemento central de nuestra economía y sociedad. “Y, si bien, los servicios digitales ofrecen oportunidades sin precedentes, los riesgos también son reales: intimidación en línea, discursos de odio, noticias falsas, elecciones sesgadas, productos inseguros o falsificados, ser excluido de oportunidades de negocio si se es un jugador pequeño. La lista es larga”.

Bruselas dará libertad a las empresas para operar en el país de la UE que quieran, pero las normas se aplicarán por igual en todo el territorio comunitario. Además, las tecnológicas estarán obligadas a tener un representante legal en Europa con el que se puedan poner en contacto las autoridades.

La CE insiste en que quiere combatir con las nuevas normas el poder de las big tech, impidiéndolas usar los datos de sus usuarios para mejorar su estrategia e impidiéndolas que obliguen a los usuarios a instalar aplicaciones o servicios concretos. También obligando a los gigantes de internet a permitir a sus clientes empresariales promover sus ofertas y cerrar contratos con los usuarios fuera de la plataforma digital.

Tras su presentación hoy, ambas normativas deberán ahora recibir el visto bueno del Parlamento Europeo y del Consejo de la UE, lo que podría retrasar su entrada en vigor meses o incluso un año o más. Un tiempo que las tecnológicas emplearán para intensificar sus acciones de lobby y dividir al Parlamento. Los gigantes tecnológicos siguen pidiendo medidas “proporcionadas y equilibradas”, que “no ralenticen la innovación”. Pero si salen adelante en su forma actual, el nuevo paquete regulatorio europeo será uno de los más estrictos contra las big tech del mundo.

Críticas de Google

Google criticó ayer las dos leyes presentadas por la Comisión al considerar que van dirigidas “a un reducido grupo de empresas”. “Si bien revisaremos detalladamente las propuestas en los próximos días, nos preocupa que parezcan estar dirigidas específicamente a un reducido grupo de empresas”, dijo el vicepresidente de Asuntos Gubernamentales y Políticas Públicas de Google, Karan Bhatia

Desde Bruselas se insistió en que las nuevas normas afectan a todas las empresas, aunque admitieron que los gigantes tecnológicos tendrán mayores obligaciones. Estarán sometidos a una auditoria anual independiente. En la Ley de Mercados Digitales será la Comisión la que imponga las multas. Y en la de Servicios Digitales, la vigilancia será conjunta entre Estados miembros y Comisión Europea, pero la supervisión de las grandes plataformas correrá a cargo de esta última.

Además de Google, otras organizaciones han mostrado su posición frente a las nuevas leyes comunitarias. Según informa Efe, desde Creativity Works, asociación que engloba a LaLiga, La Premier League y Mediapro, entro otras, su directora Laura Houlgatte ha pedido que el "contenido ilegal se elimine rápido". Y TAC, la organización a la que pertenecen empresas como Nike, LVMH, Lego y Chanel, emitió un comunicado asegurando que la Ley de Servicios Digitales "no llega a proteger significativamente a los consumidores del crecimiento de las ventas online de productos falsificados". Ambas entidades reclaman al Parlamento Europeo y al Consejo de la UE (que engloba a los Estados miembros) modificaciones en estos proyectos de leyes a las que aún deben dar el visto bueno.

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