Fundadores de Codere proponen acciones legales contra sus acreedores

La familia Martínez Sampedro califica de "ilegal" el proceso de reestructuración financiera de la compañía culminado la semana pasada

Sede de Codere, en Madrid.
Sede de Codere, en Madrid.

La junta extraordinaria de accionistas de Codere abordará la propuesta de la familia fundadora Martínez Sampedro, a través de su sociedad Masampe, de tomar acciones legales contra determinados acreedores que apoyaron el proceso de reestructuración financiera de la compañía culminado la semana pasada.

Según ha informado la compañía este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la próxima junta, que se celebrará el próximo 10 de diciembre en primera convocatoria, también votará la aprobación del proceso de liquidación de Codere S.A., antigua sociedad matriz de la multinacional del juego.

En el orden del día remitido al regulador bursátil, los fundadores de Codere han incluido cuatro puntos en los que solicitan información sobre los acreedores y el proceso de reestructuración, así como de su filial de juego en línea, Codere Online S.A., y de la protección de datos de sus usuarios.

Sobre los acreedores, la familia Martínez Sampedro pide información sobre determinados acreedores y los importes de sus deudas para someter a la junta la posibilidad de ejercer "las acciones que procedan en derecho español".

La familia fundadora denuncia que los acreedores se van a hacer con la totalidad de los activos de Codere, "sin intervención ni homologación judicial", a través de acuerdos que califica como "abusivos" y "presuntamente delictivos" en España.

Además, asegura que los acreedores son conscientes de esta ilegalidad y pretenden retribuir a los que colaboren en la ejecución de esos acuerdos, huyendo de sus responsabilidades "mediante un complejo entramado de sociedades interpuestas".

En cuanto al proceso de reestructuración, piden información sobre la razón por la cual se va a solicitar la homologación judicial en España de los acuerdos de reestructuración de las filiales españolas, pero no de la matriz.

En este sentido, asegura que el proceso de reestructuración es "ilegal" en España, ya que no se basa en ningún convenio de acreedores, y les entrega a estos todos los activos sin convenio alguno y sin ninguna valoración de ellos antes del 11 de mayo de 2021.

Por ello, denuncia que no se puede llevar a la cabo la reestructuración de la compañía sin solicitar ante el tribunal competente la homologación judicial en España.

Respecto a su filial de juego en línea, los Martínez Sampedro aseguran que pese a que la actividad de esta compañía se realiza en un 65 % en España, se ha creado un "complejo sistema de sociedades filiales" del grupo en Gibraltar, Malta y otros paraísos fiscales.

Estas filiales, según la familia, contratan con proveedores que no se conocen en cantidades millonarias, lo que ha provocado el desmantelamiento de la estructura laboral en España.

Así, consideran que hay "motivos más que justificados" para solicitar una auditoría de fraude no financiera de toda la actividad de la filial de juego en línea.

Por último, denuncian que en esta filial se están utilizando los datos de los clientes residentes españoles para "cederlos en masa" a sociedades extranjeras, sin haber informado a las autoridades competentes ni a los propios clientes.

Por su parte, el Consejo de Administración ha incluido en el orden del día la liquidación de Codere S.A., así como la suspensión de negociación de sus acciones y otros aspectos relacionados con la gestión de antiguos consejeros.

El proceso de reestructuración de la deuda de Codere, anunciado el pasado mes de abril, comprendía la inyección por parte de sus acreedores de 225 millones de euros en el grupo y la capitalización de más de 350 millones de deuda, además de extender los vencimientos de deuda a septiembre de 2026 y noviembre de 2027.

Tras la culminación del proceso el pasado 19 de noviembre, la parte operativa de Codere será transmitida a una nueva sociedad holding, Codere New Topco, siendo el 95 % del accionariado de la nueva titularidad de los bonistas de Codere y el 5 % restante de Codere S.A., que recibe además
'warrants' emitidos por la nueva sociedad matriz

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