Gómez-Pintado (Vía Ágora): “La ley de vivienda es fallida y genera inseguridad”
Ha lanzado Vía Ágora, con la que prevé invertir 400 millones en los próximos tres años. Afirma que quiere dar ejemplo de innovación en el sector con robotización e incorporación de la mujer. “Hay que hacer mucha más vivienda pública”, reclama
Salió hace dos años de la promotora Vía Célere, inmobiliaria que había creado y posteriormente vendido por alrededor de 90 millones de euros a Värde Partners. Pero Juan Antonio Gómez-Pintado (Madrid, 1959) no ha pasado a vivir de las rentas. Además de su negocio de aceite de oliva llamado 5 Elementos, ha vuelto a arrancar con la actividad promotora a través de Vía Ágora y continúa siendo el presidente de la patronal de los promotores de Madrid (Asprima) y nacional (APCEspaña). Regresa, además, “para dar ejemplo”, asegura, con la robotización e innovación en el sector.
Vía Ágora era anteriormente el holding sobre el que recaía Vía Célere –la que vendió a Värde– y los negocios internacionales. Gómez-Pintado ha cerrado las divisiones en el exterior y se centra ahora solo en España. “Mi compromiso con Värde era que Vía Célere saliese a Bolsa y tener esa experiencia. Cuando se cerraron los mercados, no tenía mucho sentido que yo estuviera allí. Por eso decido marcharme a Vía Ágora a iniciar de nuevo la promoción en un proyecto en el que creo”, explica. “Quiero demostrar que la promoción inmobiliaria puede ser perfectamente sostenible, eficiente energéticamente, que puede dar cabida a la mujer a nivel laboral en todos sus procesos, que puede ser industrializada y que la innovación tiene que se clave. No hay mejor manera que predicar con el ejemplo”, afirma.
Además, ha fundado la compañía Lignum Tech para industrializar y robotizar la promoción mediante el uso de madera. Ha abierto esa empresa en Cuenca porque se ubica en el centro del “mayor bosque que hay en Europa” de pino negro. Ahí fabricará fachadas, voladizos (terrazas) y escaleras de forma industrializada para sus promociones y para terceros. En sus edificios, también incorpora los baños de forma industrializada, pero en este caso adquiridos a otras firmas.
¿Dónde están los suelos públicos de esas 100.000 viviendas anunciadas por el Mitma hace tres años?
El presidente de la patronal asegura que la industrialización debe acortar a la mitad los plazos en una obra. Por ejemplo, en el caso de Vía Ágora, la primera promoción en Vallecas marca un hito con nueve meses de duración, frente a los 18 meses tradicionales del sector. También recuerda que la industrialización tiene que ser competitiva en precio frente a la construcción tradicional. En el sector ya existen otras experiencias de producción de casas por módulos en fábricas, pero en el caso de Lignum Tech, apuesta por la robotización. “La diferencia entre un proceso industrializado por módulos y uno en 2D como hacemos nosotros es la robotización” de fachadas, terrazas y escaleras, detalla.
Esa robotización supone, asimismo, plantillas más pequeñas. “Tiene una incidencia menor en mano de obra, que ese es gran problema a futuro en nuestro sector. El 17% de la fuerza laboral hoy en día en obra tiene 60 años o más, así que en cinco o siete años se jubilarán y no tenemos sustitución por parte de los jóvenes. Por eso, el momento clave de la industrialización ha llegado”, opina. Trasladar la obra a una fábrica, según este directivo, también facilita la incorporación de la mujer al sector. En Vía Ágora, incluso, van a incorporar exoesqueletos a algunos procesos para facilitar que la fuerza laboral femenina pueda incorporarse a algunos oficios.
De la misma manera, cree que es el momento de atraer a los jóvenes a la actividad promotora. “Tiene que producirse una sustitución de las jubilaciones con una incorporación de gente joven, haciendo atractivo el sector porque lo estemos industrializando. No es lo mismo trabajar en una obra que en una fábrica más tecnológica. Debemos tener menos obra y más industria para atraer a los jóvenes”.
No es lo mismo trabajar en una obra que en una fábrica. Debemos tener menos obra y más industria para atraer a los jóvenes
De momento, Vía Ágora está presente en Madrid y en Sevilla, aunque busca asentarse también en Málaga. Para el futuro apuesta igualmente por Navarra y País Vasco. “Tenemos un plan de inversión de alrededor de unos 400 millones en los próximos tres años. A partir del tercer año nos abriremos a nuevas ubicaciones”, avanza.
Tiene muy claro dónde Vía Ágora no estará: “A Cataluña no voy. No tendría mucho sentido que ahora que están saliendo las empresas catalanas de allí y se vienen a Madrid, me vaya yo a Cataluña. No veo seguridad jurídica suficiente como para ir a Cataluña. De hecho, a raíz de la aprobación allí de la regulación de precios, el volumen de empresas que ha salido se cifra en el 17%, según los datos que nos ha dado la asociación de promotores de allí, y un 47% ha parado la actividad hasta ver qué ocurre, al menos hasta tener sentencia del Constitucional”, asevera.
Vía Ágora crecerá con una política de reinversión de beneficios sin reparto de dividendo, según Gómez-Pintado. Pero sí tiene claro que deben ser rentables. “En 2023 ya entraremos en beneficios”, afirma.
La intención del directivo es que la empresa llegue a una velocidad de crucero en el nivel de 800 viviendas entregadas de forma anual, aunque al ser una empresa familiar recuerda que esa marca es flexible. “El objetivo de esta compañía no es crecer, ser los más grandes o competir con los mayores en volumen. El objetivo es ganar dinero y que sea referencia en industrialización y eficiencia energética. Y demostrar que se es posible este modelo y ser rentable”, augura.
Ley de vivienda
Como presidente y veterano directivo del sector –en 2007 ya traspasó la empresa familiar Agofer por 220 millones– es una de las voces más respetadas del mundo inmobiliario. Cuenta que el Gobierno no ha contactado con él ni con la patronal para pedir su opinión en la Ley de Vivienda, cuyo anteproyecto fue aprobado la semana pasada. “La considero una ley muy política, que nace de la necesidad de los partidos para ofrecer a su electorado una respuesta”. Cree que el PSOE la aprueba porque necesita sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado con el apoyo de sus socios de Gobierno y Unidas Podemos, por su parte, porque es el mensaje que ha dado durante toda la legislatura, el de intervenir en la vivienda y en el precio de alquiler.
Sin embargo, muestra sus dudas sobre el punto de vista técnico y si es aplicable en un plazo razonable. Recuerda que le queda un año de trámites parlamentarios, que se deberán modificar otras normas como la ley de Hacienda Local y la ley del suelo y, que después de eso, hay comunidades autónomas que han dicho que no la van a aplicar al tener transferidas las competencias de vivienda. Entre las novedades, la norma entra en la regulación de los precios de alquiler y en la reserva obligatoria del 30% del suelo consolidado destinado a vivienda protegida, y la mitad de ese porcentaje a alquiler social.
A Cataluña no voy. No tendría mucho sentido ahora que están saliendo las empresas catalanas. No veo seguridad jurídica
“Es una ley que se va a aprobar y que nadie quiere”, afirma. “En el caso de que la aplique alguien, serán algunas comunidades autónomas creando una situación muy desigual en el territorio”, añade. “Es una ley fallida, sin efecto. Y genera inseguridad. Hemos recibido una gran cantidad de llamadas de inversores institucionales, porque genera intranquilidad. Lo hemos tenido que explicar mucho”.
Como la ley difícilmente se aplicará, cree que no tendrá efecto sobre el sector. No obstante, critica medidas como la de la reserva del 30% a vivienda protegida y alquiler social.
“Se quiere solventar el problema con el dinero de otros”, censura. “Hay que hacer mucha más vivienda pública de la que se hace. Cuando digo vivienda pública no es vivienda protegida, es vivienda pública. El Estado, con sus fondos y recursos, que tiene muchos, tiene que desarrollar vivienda pública. Lo que no puede hacer es cargar toda la actividad de vivienda pública en el sector privado. Eso no funciona. Todos los países del mundo tienen una iniciativa pública donde gestionan viviendas en alquiler o gratis para solucionar problemas sociales, pero es público. Luego se tiene la parte de vivienda protegida privada. Lo que es absurdo, bajo mi punto de vista, es meter en un edificio de viviendas a la venta un porcentaje de alquiler social que nunca vamos a poder vender. No va a funcionar. Las empresas van a paralizar esa actividad”, se queja. “Si me obligan a hacer algo ineficiente para perder dinero, no lo voy a hacer”.
Anima, sin embargo, a buscar una fórmula de colaboración público-privada en el que las Administraciones cedan suelo para viviendas asequibles, a construir por el sector privado a un precio acordado y una rentabilidad cerrada. “¿Dónde están los suelos públicos de esas 100.000 viviendas anunciadas por el Mitma hace tres años y que no hay ninguna en marcha?”, cuestiona sobre la propuesta del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
“Se vende espectacularmente”
“Se vende espectacularmente”, asegura Gómez-Pintado, sobre la salud de las empresas promotoras. Insiste en que la pandemia de Covid-19 es una buena oportunidad para el sector, como “un gran soporte a nivel económico y de empleo”. Calcula que un nivel sano para España es construir entre 130.000 y 150.000 viviendas al año. En 2021 se alcanzará alrededor de las 100.000 unidades. Pero para crecer, entiende que deben atenderse varias circunstancias: “Hay demanda, pero no tiene capacidad adquisitiva. Lo que tenemos que cuadrar es la industrialización de vivienda, conseguir abaratar los costes, hacer las modificaciones para que la materia prima, el suelo, sea más barata, y con fórmulas de acceso en compra o en alquiler para los jóvenes”.
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