Los ayuntamientos tendrán que compensar a los promotores por el 30% de reserva de VPO
Los consistorios decidirán si aplican la medida, que afectará al suelo urbano ya consolidado. El Gobierno entiende que no debería haber fuga de inversión
Los ayuntamientos tendrán que compensar a los promotores que se vean obligados a dejar el 30% de sus proyectos destinados vivienda protegida, de la que a su vez la mitad debe ser de alquiler social. Así lo avanzan a este diario fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, dirigido por Raquel Sánchez, respecto a las nuevas medidas que recogerá la inminente ley de vivienda que prepara el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos. Además, añaden estas fuentes, los consistorios podrán elegir si aplican esa medida del 30% de vivienda protegida en su municipio.
La pasada semana se filtraban a través de Unidas Podemos algunas de las medidas de la futura ley de vivienda, que los socios de Gobierno llevan negociando lo que va de legislatura. Una de las propuestas más llamativas es que en todas las nuevas promociones habría una reserva del 30% a vivienda protegida y la mitad de ese porcentaje a alquiler social. La propia ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, así lo explicaba en una entrevista en la Cadena SER.
Pero desde el ministerio de Sánchez se matiza ahora el mensaje que se ofreció respecto a lo que realmente se refleja en el proyecto. Estas fuentes recuerdan que ya desde 2015, con el Gobierno del PP de Mariano Rajoy, la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana recoge que el 30% del suelo que debe urbanizarse tiene que destinarse a vivienda protegida. Además, cada comunidad autónoma tiene la competencia de establecer los límites. En ese caso, se trata de que en un desarrollo urbanístico, los propietarios tienen que ceder un porcentaje a las Administraciones para casas con precio limitado.
La novedad que incluye ahora el Ejecutivo en su propuesta, por un lado, es que en esa reserva la mitad de las casas tendrán que ir al alquiler social. El otro cambio, por el que ha surgido la polémica, es que la nueva norma recoge la posibilidad de que en suelos consolidados (ya urbanizables) se pueda establecer también esta reserva del 30%. Esas parcelas son las que ya tienen los permisos, provienen de edificios antiguos o de inmuebles que se tiren para rehabilitar. Esta propuesta es muy similar a la que Ada Colau impulsó en Barcelona en 2018.
El departamento de Raquel Sánchez insiste en que siempre que el ayuntamiento aplique la reserva del 30% a vivienda protegida y alquiler social, algo que podrá decidir en base a criterios propios, deberá compensar a las empresas por ese aprovechamiento.
La compensación consistirá en aportar terrenos por una parte proporcional en el mismo lugar, en base a criterios objetivos de valor del suelo, o en otro punto del municipio. En ese caso, si el nuevo lugar es menos atractivo, el resarcimiento tendrá que ser un suelo de mayor tamaño.
El Ejecutivo tiene claro que no puede fijar una reserva del 30%, ni de cualquier otra cantidad, sin una compensación, porque sino se estaría hablando de una usurpación de la propiedad privada.
Por eso, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana opina que no debería haber fuga de inversión, ya que el germen de esa norma, que es la reserva del 30%, lleva existiendo desde hace más de cinco años. Y principalmente porque los promotores recibirán una indemnización en el caso de que el ayuntamiento decida aplicar la medida.
