Más allá del bono joven: Europa prioriza la vivienda social y la rehabilitación

Académicos y asociaciones coinciden en que las ayudas directas no resolverán el problema de la escasa emancipación juvenil en España

Cartel del alquiler de una vivienda en Madrid.
Cartel del alquiler de una vivienda en Madrid.

El problema de la emancipación juvenil aqueja a toda la Unión Europea, pero no se combate igual ni es de igual gravedad en todos los países. Mientras Alemania, Dinamarca, Italia o Austria apuestan por la rehabilitación de hogares y la vivienda social, España se decanta por las ayudas directas, lo que ha suscitado las críticas tanto de la oposición como del mundo empresarial y académico. El problema al que se enfrenta el Gobierno no es menor; España es de los países en los que más jóvenes viven con sus padres. En 2019, por ejemplo, mientras el 48,2% de las personas de entre 18 a 34 años en la UE no tenía un hogar propio, en el país la cifra aumentaba hasta el 64,5%, según Eurostat. Un año después subió al 65,5%, muy lejos de Dinamarca, que solo registró el 15,6%.

Ante el escaso número de jóvenes emancipados, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, propuso el 5 de octubre una dotación de 3.000 euros anuales destinados al alquiler. Sin embargo, los expertos no consideran que sea la estrategia adecuada. Sergio Nasarre, director de su Cátedra Unesco de Vivienda, cree que el bono joven solo contribuirá a que los arrendadores suban el precio y detalla que “desde hace 10 años hay un consenso en Europa respecto a que los propietarios capturan ese dinero y aumenta el mercado negro”.

El bono joven tiene para Nasarre dos problemas básicos: la cantidad de dinero, que es insuficiente para alquilar una vivienda en todas las Comunidades Autónomas, y la duración del programa, que solo contempla dos años. En consecuencia, lo que el académico plantea es seguir la senda de la vivienda pública y la rehabilitación, que son “mecanismos viables”. Su visión coincide con FEANTSA y la fundación Abbé Pierre, que en su último reporte publicado en mayo de este año, reveló que donde hay una gran variedad de apoyo social disponible para los jóvenes, la exclusión de vivienda es menor, mientras que aquellos países donde el stock de alquiler está menos desarrollado la proporción es más alta. Ahí se encuentran Dinamarca y Croacia, el primero con la mayor tasa de emancipación juvenil (84,4%) y el segundo con la menor (23,1%).

El reporte de ambas organizaciones señalaba a Italia y Viena como casos paradigmáticos en el desarrollo de la vivienda social para jóvenes. En el primer caso, el gobierno prioriza a las parejas menores de 35 años con bajos ingresos y los estudiantes no residentes; ambos están incluidos en el Plan Nacional de Vivienda Pública junto con otras categorías de personas vulnerables. En el caso de Viena, las personas pueden acceder a este tipo de casas a partir de los 17 años. Andrea Jarabo, vocera de Provivienda, está convencida de que España debería apostar por esta medida en régimen de alquiler, pues permitiría al país tener un “colchón” para hacer más asequible la vivienda y tener un control en los precios. “Eso lo vemos en Europa y no en España porque aquí tradicionalmente se ha promovido la vivienda a partir de la subsidiación en la compra”, lamenta.

Los proyectos de rehabilitación de viviendas son otra opción para los jóvenes, que como colectivo normalmente no tiene acceso a casas públicas y son incapaces de pagar las altas tasas del alquiler en el mercado privado. El caso más cercano para España vuelve a ser Italia con la iniciativa Porto 15, que restauró una serie de edificios municipales a cambio de su posterior cesión. Sus inquilinos pagan un alquiler por debajo del promedio y se inscriben a una “carta de valores” en la que se comprometen a servir a la comunidad, por ejemplo, dando mantenimiento al parque. Esta es la segunda apuesta que, según Jarabo y Nasarre, debería hacer España, y aunque el Gobierno ha aprobado el uso de 5.500 millones de los fondos europeos para la rehabilitación del parque residencial, no se contempla a los jóvenes como un grupo prioritario. De manera paralela, el país necesita robustecer la capacidad de sus asociaciones y la participación ciudadana. Jarabo explica que en el centro y norte de Europa hay organismos sin fines de lucro que se dedican a gestionar y rehabilitar casas para alquilarlas a precios más bajos que la media del mercado, sin embargo, España no tiene nada similar. 

Un presupuesto insuficiente

La Ley de Vivienda estará dotada de casi 3.300 millones de euros en los Presupuestos de 2022, de los cuales, 200 millones estarán destinados a costear el bono joven para el alquiler. Esta cifra representa solo el 11,1% del total del dinero que el Gobierno necesitaría para dotar de la ayuda a los casi 600.000 jóvenes de hasta 35 años que, según datos del INE, viven del alquiler y tienen ingresos bajos. El resto del dinero que contempla la futura ley estará destinado a los programas de rehabilitación residencial. Los Presupuestos de 2022 detallan que 1.389 millones irán a las intervenciones en edificios de viviendas y barrios completos, 600 millones se destinarán a las obras en inmuebles públicos y 25 millones irán a la rehabilitación arquitectónica.

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