Vivienda y animales, peleas en la izquierda y desidia rural

La coalición de Gobierno aborda estas reformas con visión urbanita y pensando en el espacio político que se disputan en las próximas elecciones

En las últimas semanas se ha conocido el anteproyecto de Ley de Protección y Derechos de los Animales y la futura ley estatal de vivienda, de la que aún no se conoce borrador. En ambos casos se vuelve a poner de manifiesto la urgente necesidad de “ruralizar las leyes” e ir al fondo del problema y abandonar la cosmética. La normativa se hace desde Madrid y desde la visión de las grandes ciudades, donde está la inmensidad del electorado. El resto, incluidas muchas capitales de provincia, no se sienten identificadas con buena parte de esta normativa.

Desde el mundo anglosajón, y más recientemente desde la Unión Europea, se está impulsando el concepto rural proofing, término que trata de describir que en cada normativa se tenga en cuenta la perspectiva de las personas que viven en el ámbito rural. No se trata de legislar a favor del campo o de la ciudad, si no que la normativa atienda a las diferentes realidades territoriales y se deje de abusar del urbanocentrismo.

La asimetría urbana y rural en materias como la vivienda es palmaria. En los dos casos hay déficit de vivienda para el alquiler, pero las razones son muy diferentes. Mientras en la ciudad literalmente hay una mezcla de especulación y escasez de parque de viviendas disponible, lo que presiona al alza de los precios, en los pueblos hay muchas viviendas vacías, pero en malas condiciones de habitabilidad o inhabitables, que provoca que apenas haya oferta. La normativa de rehabilitación de viviendas en el ámbito rural suele contener requisitos que impiden recuperar la inversión con el ingreso por alquiler, lo que lleva al abandono.

Otro aspecto que debería tener en cuenta es la enorme diferencia entre ser un gran tenedor de viviendas (más de 10) en una ciudad o en provincias. En España hay 269.547 propietarios de 11 o más inmuebles y 2.071.908 con más de cinco. Si se mira por provincias, se encuentra que Ourense, Soria y Burgos son las que tienen un mayor porcentaje de grandes tenedores, con el 2,1%, 1,7% y 1,6%, respectivamente, del total de propietarios. Es fácil imaginar que ese gran tenedor de estas zonas acumula joyas como pajares o apriscos que a efectos del catastro son urbanos y solo son un problema. ¿Tendrá algo que ver ese gran propietario con el Gran Wyoming, es un ejemplo, quien dice tener 19 inmuebles? Es evidente que nada de nada.

Esta visión sesgada en pro de lo urbano lleva a que el anteproyecto de protección y derechos de los animales trate a los que viven y trabajan en el campo como meras mascotas, cuando no es el caso. La aplicación literal de la norma limita, por ejemplo, la actividad de los mastines que cuidan el ganado, ya que no pueden “realizar tareas hasta cumplir los dieciocho meses de edad” y necesitará un informe veterinario “de aptitud y bienestar cada año a partir de los siete años para que pueda mantener la actividad”. Los pastores saben que el mastín que no crece desde el primer día al lado del ganado no sabrá hacer su trabajo y que su esperanza de vida es de 14 años. Por tanto, demasiado tarde para empezar y tendrá que pasarse media vida entrevistando al perro (y al caballo, que también tiene su apartado) para valorar si es apto.

Estos dos ejemplos de amago normativo, aún hay tiempo de cambiarlos, tienen mucho de oportunismo político. El anteproyecto de Protección y Derechos de los Animales sale del ministerio de Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, que está en plena disputa con Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, por la configuración del espacio político a la izquierda del PSOE. Díaz fue designada por Pablo Iglesias candidata de este mundo a las próximas generales; la cuestión es bajo qué paraguas: Podemos, como quiere Belarra, u otra plataforma, como defiende Díaz.

Hay más. No es casualidad esta preocupación por los animalitos. Hay un partido que tiende a pasar desapercibido que se llama Partido Animalista contra el Maltrato Animal (PACMA) que en las elecciones de abril de 2019 obtuvo 326.045 votos, el 1,25% de los sufragios, lo que le situó como la novena fuerza política más votada, aunque sin escaños, puesto que es un apoyo muy repartido por toda España. En los comicios de noviembre de ese mismo año, perdió casi 100.000 votos, que seguramente fueron a parar a Más País, que no se había presentado en la anterior convocatoria, y hace alarde de ecologismo. Por tanto, Podemos sabe que alrededor de los animales hay un buen corral de votos.

La vivienda ha sido uno de los grandes terrenos de combate dentro de la propia coalición de Gobierno, donde Podemos ha querido establecer límites de precio a los alquileres, algo que de momento ha quedado en nada. Podemos y sus confluencias saben que se juegan mucho con su actuación en materia de vivienda. Han llegado a muchas alcaldías, entre ellas las más grandes agitando las plataformas que lucharon contra las hipotecas. Desde una de estas plataformas llegó Ada Colau a la alcaldía de Barcelona.

El noproyecto de ley de vivienda es el resultado de un acuerdo de urgencia entre PSOE y Podemos para desbloquear los presupuestos de 2022, que fue rubricado con un video mudo de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz paseando por los jardines del Palacio de la Moncloa como si fueran Felipe VI y Letizia Ortiz por Zarzuela. Ahora falta que la coalición de Gobierno consiga el apoyo de parte de la tercera España (regionalistas, nacionalistas e independentistas), que diría Iván Redondo. Los nacionalistas del PNV y los independentistas de ERC se llevarán el agua a su molino y los rurales ya pueden ir preparando la conversación para la entrevista de aptitud de sus perros.

Aurelio Medel es Doctor en Ciencias de la Información y Profesor de la Universidad Complutense