Las claves del plan B de Ence para evitar el cierre de la planta de Pontevedra
Quiere adscribir los terrenos donde se ubica la fábrica papelera al puerto de Marín para esquivar la sentencia de la Audiencia Nacional que revoca la prórroga de la concesión
Ence ya trabaja en un plan B ante la posibilidad de que el Supremo ratifique las dos sentencias de la Audiencia Nacional que anularon la prórroga para la concesión de la planta que la papelera tiene en Lourizán (Pontevedra) hasta 2073, admitiendo los argumentos de las demandas presentadas por el ayuntamiento de Pontevedra y la organización ecologista Greenpeace.
Con la vía judicial con pocas perspectivas de prosperar y tras provisionar 196 millones de euros por el impacto que tendría el cierre del complejo, la papelera ha buscado el apoyo de la Xunta de Galicia para poder adscribir los terrenos donde se ubica la fábrica en el ámbito competencial del puerto de Marín. El gobierno gallego firmó y envió el lunes la consulta dirigida al Consejo Consultivo de Galicia, que realiza las labores de asesoría jurídica para la Xunta, sobre la viabilidad de adscribir los terrenos de Ence en Lourizán al ámbito competencial del Puerto de Marín. La autoridad portuaria ya ha dado su visto bueno (incluso ha manifestado que se personará en el recurso ante el Supremo por la anulación de la prórroga) y ahora es el Consejo Consultivo el que tendrá que determinar si es jurídicamente viable esa adscripción.
Si prospera ese cambio, la prórroga pasaría a depender de la autoridad portuaria, aunque debe contar con el visto bueno de Transición Ecológica
Ence y la Xunta quieren hacer valer el peso importante que tiene Ence en el puerto, ya que supone "cerca del 19% del tráfico total del puerto de Marín, es la principal mercancía en movimiento de exportación y representa más del 60% de la carga convencional, con más de cien escalas anuales de buques de pasta de papel”.
Si los terrenos pasasen a ser adscritos al Puerto de Marín, entonces la condición jurídica y urbanística de la fábrica sería distinta, según fuentes de la compañía, y Ence tendría más posibilidades de permanecer en Lourizán con una prórroga de la concesión concedida desde la entidad portuaria, como también la disponen otras naves industriales separadas de los puertos estatales, pero vinculados a ellos en otras localizaciones gallegas. El principal escollo que debería superar sería que este cambio de estatus debería contar con el visto bueno el Ministerio de Transición Ecológica, que hasta ahora se ha manifestado contrario a la concesión de la prórroga de la fábrica, y también se encontraría con la fuerte oposición vecinal y ecologista, que interpretan este movimiento como un ardid para esquivar dos sentencias judiciales de la Audiencia Nacional.
De hecho, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, dejó claro en la última reunión de la Mesa de Negociación sobre Ence, celebrada a mediados del pasado mes de septiembre, que no había posibilidad de encontrar una vía administrativa para eludir la ejecución de la sentencia del Supremo en el caso de que anulara la sentencia (esa reunión se produjo el 11 de septiembre, cuando aún no se conocía el fallo del Alto Tribunal). “Conviene dejar claro que no hay posibilidad o atisbo de que esto sea viable. Abrir una expectativa de que podría haber algún tipo de recurso a una modificación legislativa o algún procedimiento administrativo que permitiese burlar la sentencia última no es viable». Morán echó mano de algunas sentencias del Constitucional “que dejan meridianamente claro que mediante una modificación legislativa del alcance que sea no es posible burlar la ejecución de una sentencia firme”.
Regreso a beneficio por la apreciación de la celulosa
La apreciación y la mayor demanda de las materias primas, entre ellas la celulosa, son las dos razones detrás de la vuelta a beneficios de Ence. En los resultados del segundo trimestre, presentados el pasado 20 de septiembre a cierre de mercado (sufrieron un retraso de dos meses por la batalla judicial abierta por la planta de Pontevedra), la compañía registró un beneficio neto ordinario de 12 millones de euros frente a las pérdidas de 13 millones en el mismo período de 2020.
Una mejoría que no se ha trasladado al precio de la acción, que ha caído en picado desde que se conocieran las dos sentencias de la Audiencia Nacional revocando la prórroga de la concesión. Desde los 3,60 euros alcanzados el 5 de julio, el valor se ha desplomado un 36% hasta los 2,30 en los que cotizaba el 12 de octubre. La capitalización bursátil retrocedió de los 897 millones al cierre de 2020 a los 567 millones con los que finalizó la sesión del lunes.
