El Gobierno prohibirá en la Ley de Vivienda la privatización de las casas públicas destinadas al alquiler

Estos inmuebles se considerarán un patrimonio permanentemente sujeto a protección

El Gobierno prohibirá en la Ley de Vivienda la privatización de las casas públicas destinadas al alquiler

El Gobierno central blindará en la nueva Ley de Vivienda pactada el martes entre PSOE y Unidas Podemos la poca vivienda pública dedicada al alquiler asequible que queda en España. Además, como adelantó este diario en junio, ampliará esta protección a las decenas de miles de inmuebles destinados al mismo fin que están proyectados o ya en fase de construcción. En concreto, según fuentes conocedoras, la norma "evitará que vuelvan a repetirse operaciones de venta del parque público de vivienda a fondos de inversión que se produjeron en el pasado por parte de algunas Administraciones territoriales".

Con la nueva ley, explican estas fuentes, no se podrá volver a enajenar el parque público de vivienda social, “considerándose un patrimonio permanentemente sujeto a protección”. Así, se establece una estricta regulación de los parques públicos de vivienda, “que tienen por finalidad contribuir al buen funcionamiento del mercado de la vivienda y servir de instrumento a las distintas Administraciones públicas para facilitar el acceso a una vivienda a los sectores de la población con mayores dificultades de acceso”.

El Gobierno, añaden estas fuentes, establecerá un mecanismo legal para blindar las viviendas que ya existen –casi 300.000 en toda España– y que las que hoy están desarrollándose con fórmulas de colaboración público-privadas no puedan ser vendidas una vez que la titularidad de los inmuebles sea 100% pública. El conocido como Plan 20.000, por el que se construirán unas 24.000 viviendas para el alquiler asequible en toda España, ilustra cuál sería el funcionamiento en el segundo de los dos casos.

Por este plan, varias promotoras y constructoras privadas levantarán en suelo público los inmuebles con la condición de que también gestionen su alquiler social durante un plazo de hasta 75 años. Pasado este tiempo, los pisos pasarían a formar parte del parque público de cada región. La idea es que justo en ese momento comience a funcionar el blindaje, impidiendo la venta en el hipotético caso de que la administración quisiese desprenderse de las casas. Este seguro tendría a su vez carácter permanente.

La ley contempla excepciones en las que prevalezca la normativa autonómica, aunque siempre en caso de que exista causa justificada, según indicaron fuentes de Unidas Podemos. Con todo, la calificación deberá ser “como mínimo de 30 años”.

La futura Ley de Vivienda establecerá también que los ingresos obtenidos por las comunidades autónomas y ayuntamientos del alquiler asequible deberán dedicarse única y exclusivamente a mejorar o agrandar el parque público de vivienda social. Según explican fuentes conocedoras de la normativa, “se establece un patrimonio separado” por el que los ingresos obtenidos deberán “destinarse siempre a la creación, ampliación, rehabilitación o mejora de los parques públicos de vivienda”.

Con todas estas medidas, prosiguen estas fuentes, tanto en el caso de las viviendas que ya existen como en el de las que están por construirse, “el Estado no perdería toda la inversión que ha realizado”. Y además, “contribuiríamos a agrandar el parque de vivienda asequible, algo que es muy urgente”, reiteran.

Hay que recordar, insisten llegado este punto, en que la mayor parte del parque ya generado, así como el que se está construyendo en estos momentos, ha conseguido ver la luz gracias a la financiación de los diferentes planes estatales de vivienda y también de los fondos europeos. “Es una inversión que no se puede perder. No puede volver a producirse una enajenación como la que hemos visto en algunas ocasiones”, explican las mismas fuentes, que prefieren no señalar a ninguna comunidad en concreto.

Uno de los casos más sonados es la venta en 2013 de casi 3.000 viviendas públicas (la mayoría en régimen de alquiler) a Goldman Sachs por parte de la Comunidad de Madrid, presidida entonces por el PP de Ignacio González. Ciudades como Madrid también han protagonizado capítulos marcados por la venta de viviendas sociales a empresas privadas.

Normas
Entra en El País para participar