Los promotores alertan de un posible parón en inversión y empleo por las nuevas medidas en vivienda
Recuerdan que medidas similares en Cataluña han provocado que el 55% de las empresas frenen la inversión
Los promotores miran con mucha preocupación el anuncio de ayer las nuevas medidas que incorporará la futura Ley de Vivienda. En concreto, temen dos de esas propuestas, la de la intervención en los precios de alquiler y en la reserva del 30% a vivienda protegida en las nuevas promociones.
La patronal de Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña) compara estas medidas con las ya tomadas en Cataluña, que se anticipó en ese sentido en regulación de alquileres y en Barcelona en el 30% de obligatoriedad a vivienda protegida, para afirmar que los datos "reafirman la previsible reducción de la oferta, la actividad y el empleo".
De hecho, APCEspaña ofrece cifras de una encuesta realizada por la Asociación de Promotores y Constructores de Cataluña entre sus asociados por las medidas implementadas en ese territorio. De esos datos se desprende, según esta patronal, que el 55,3% de las compañías ha parado la inversión esperando un nuevo escenario; el 31,6% ha reducido su inversión, y el 13,1% ha trasladado su inversión a otro territorio.
APCEspaña se "muestra preocupada" por las propuestas negociadas entre PSOE y Unidas Podemos, a falta de conocer el texto final legislativo, y considera que las medidas anunciadas "afectarán gravemente a la pretensión de crear una mayor oferta de vivienda dedicada tanto al alquiler como a la venta, destinada a paliar la falta de accesibilidad a la misma por parte de los jóvenes", según un comunicado remitido por la patronal este miércoles.
Respecto a la obligación de establecer una reserva del 30% de la edificabilidad a vivienda protegida -y la mitad de esta a alquiler social- producirá, desde el punto de vista de los promotores, "una reducción de la inversión y un claro efecto de expulsión de la inversión, tanto nacional como extranjera, desplazándose estas entre comunidades autónomas en función de si aplican o no esta norma e incluso abandonando el país en función de lo afectada que pueda verse la seguridad jurídica en el texto definitivo de la ley".
En ese sentido, los promotores catalanes han venido insistiendo en los últimos tiempos en que se ha producido un parón en el sector en la capital catalana por la reserva del 30% a VPO, aunque desde la alcaldía de Ada Colau se ha negado y asegurado que hay el mismo número de licencias de obra. No existen estadísticas oficiales a nivel municipal que reflejen lo ocurrido.
Con respecto a la limitación de los alquileres, la asociación empresarial recuerda que todos los experimentos que han ido en esta dirección, y han sido testados en varias ciudades europeas además de en Cataluña, han provocado los efectos contrarios a los deseados: reducción de la oferta, obsolescencia del parque existente por falta de mantenimiento y aparición de economía sumergida.
Igualmente, la patronal considera que, con la futura ley, se verán perjudicadas las empresas que invierten y crean empleo en el sector y la falta de seguridad jurídica provocará una contracción de la actividad en las comunidades autónomas y ayuntamientos que implementen estas medidas, como ya se ha observado en Cataluña en el parón en la inversión y una reducción en la oferta de viviendas.
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