Sánchez pide que el Partido Popular de “una oportunidad” a la Ley de Vivienda
El jefe del ejecutivo ha pedido que los populares revisen la norma antes de recurrir al Tribunal Constitucional
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado este miércoles que el Partido Popular revise la ley de vivienda en vez de recurrirla directamente al Tribunal Constitucional. En una rueda de prensa al término de la Cumbre UE-Balcanes Occidentales, Sánchez pidió le den una oportunidad a la tramitación parlamentaria de la ley, después de que los populares anunciaran que buscarán que esta no se aplique en las comunidades donde ellos gobiernan.
"No se puede decir que no a un proyecto de ley que ni siquiera ha podido leer y que ni se ha debatido en las Cortes Generales", ha advertido el jefe del Ejecutivo. Para Sanchez, el PP está cerrando cualquier puerta a un potencial acuerdo sobre "un asunto fundamental y pendiente en la sociedad como es convertir la vivienda no en un problema sino en un derecho”.
Las afirmaciones de Sánchez responden a Pablo Casado, que esta misma mañana ha acusado al Gobierno de intervencionismo y ha anunciado que la recurirrá la ley ante Tribunal Constitucional:“Nosotros estamos a favor de la libertad de cada persona de hacer lo que le de la gana de hacer con lo que es suyo, sin que tenga que venir el Gobierno a decirte qué hacer con tu piso”. Los dirigentes populares de algunas comunidades autónomas también han calificado la norma como “expropiatoria” e “intervencionista”.
El PSOE y Unidas Podemos alcanzaron ayer un acuerdo en materia de vivienda para aprobar la futura ley de vivienda que, entre otros puntos, regulará el precio de los alquileres en España poniendo topes en algunos casos e incentivando su abaratamiento en otros. La norma también recoge penalizaciones a la vivienda vacía y define por primera vez en una ley estatal al gran tenedor de vivienda y el concepto de área de mercado tensionado.
Entre las medidas que más conflicto ocasionan están las limitaciones del precio de los alquileres en las zonas tensionadas, áreas en la que los precios medios del alquiler han crecido en los últimos cinco años más de cinco puntos por encima de lo que lo ha hecho el IPC. Este mecanismo dependerá exclusivamente de las comunidades autónomas que tengan competencias en materia de vivienda y afectará únicamente a los grandes tenedores con personalidad jurídica. El gran propietario que sea persona física quedaría de esta manera exento.