Cúpula y minoritarios negocian 'in extremis' para evitar la caída de Abengoa
El consejo está abierto a dar entrada a AbengoaShares, mientras la SEPI y Terramar condicionan el apoyo financiero a un reparto de poder pactado
El salvamento de Abengoa pende de un hilo. La próxima junta de accionistas, que se celebrará, salvo sorpresa, el viernes, 1 de octubre, es clave para evitar la probable liquidación del grupo. Para salvar la filial operativa, Abenewco 1, la SEPI debe intervenir con 249 millones, y esto depende de que se mantenga la oferta del fondo estadounidense Terramar. El organismo estatal y el inversor exigen que haya un acuerdo entre los accionistas minoritarios de la matriz, agrupados en AbengoaShares, y los acreedores, según fuentes conocedoras de la situación. Ambas partes buscan un pacto in extremis.
Los movimientos previos a la junta se suceden. Fuentes conocedoras de la situación señalan que el actual consejo, pilotado por el presidente, Juan Pablo López Bravo, y por Cristina Vidal, está dispuesto a pactar una solución de consenso con los pequeños accionistas. La cúpula hace así un llamamiento a los minoritarios agrupados en AbengoaShares, liderados por Clemente Fernández, que suman un 21% de la matriz. El objetivo de los actuales consejeros es convocar una junta extraordinaria para que los minoritarios entren en el consejo y se alineen así los intereses de los accionistas de Abengoa SA, de Terramar, de los acreedores y de la SEPI. La propuesta ha sido bien recibida en AbengoaShares.
EY, el administrador concursal, tiene la responsabilidad de presidir la mesa de la junta y de decidir en último término qué ocurre en ella. Los acreedores consideran que si Clemente Fernández entra en Abengoa, EY debería impedirle controlar Abenewco 1, según fuentes financieras. Pero existen dudas de que pueda bloquear esa llegada si el administrador concursal no tiene respaldo en el consejo.
La oferta de Terramar es la única encima del tapete y con capacidad para triunfar con el visto bueno de la SEPI, aunque no se cierra la puerta a que aparezca otro socio que pueda liderar o participar en el rescate. Consideran que es la única forma de salvar la compañía.
El administrador, EY, tiene la responsabilidad de decidir qué ocurre en la junta
La SEPI solicita “paz social” para intervenir e inyectar 249 millones a través del fondo de solvencia. Actualmente el expediente se está desarrollando con normalidad. Con toda probabilidad la SEPI protegerá su posición acreedora de cara a eventuales problemas y tratará de fijar los intereses de su crédito en línea con los del eventual rescatador, y siempre dentro de los fijados en otros rescates similares
El complemento de convocatoria propuesto por AbengoaShares y que daba la opción a nombrar dos consejeros de la sindicatura ha sido invalidado, y fuentes jurídicas señalan que las posibilidades de que los minoritarios entren en el consejo a resultas de esta junta son escasas. Con toda probabilidad, además, si esta entrada llega a producirse, uno de los acreedores comerciales impugnará el nombramiento. Abengoa debe a los acreedores comerciales unos 400 millones; estos han aplazado hasta el jueves, 30 de septiembre, la fecha de eficacia de efectividad de su acuerdo de reestructuración.
Una parte de los acreedores financieros de Abenewco 1 ampliaron el pasado viernes la bula (waiver, en el argot), los dueños de la financiación denominada New Money 2 (NM2) que permite no abonar el principal, por 164 millones, hasta el próximo 8 de octubre. Y han avisado de que es posible no haya más prórrogas.
La sindicatura de accionistas se abre a configurar un consejo de consenso
Terramar, por su parte, se niega a que el consejo de Abengoa pase a estar controlado exclusivamente por los minoritarios, que intentarán tomar el control de la filial. Fuentes de AbengoaShares aseguran que la sindicatura está dispuesta a negociar tras la junta “siempre que discurra por cauces legales” y con la condición de que el actual presidente, Juan Pablo López Bravo, abandone el consejo “por su traición al accionariado y por el deterioro al que ha sometido a la compañía”.
Cumbre extraordinaria
La fórmula, según fuentes jurídicas, sería convocar una junta extraordinaria lo antes posible para aprobar las cuentas de 2019 –la ya convocada es para esto, pero los minoritarios se disponen a votar en contra–, así como para incluir otros puntos obligados por la ley que han sido omitidos en esta convocatoria ordenada por el registrador mercantil y para nombrar a las personas necesarias para configurar un consejo que cumpla con las expectativas de todos los implicados en el salvamento de Abengoa, incluidos los minoritarios liderados por Clemente Fernández.
El Gobierno tiene la última palabra, con el Fondo de Solvencia de Empresas Estratégicas y con Cesce, que debe blindar el 60% de avales por 300 millones. Las fuentes consultadas dan por hecho que las consultoras Grant Thornton y PKF Attest darán un veredicto positivo en cuanto a la elegibilidad de Abenewco 1 de cara a recibir el apoyo estatal.
Terramar se compromete a mantener el trabajo en España
El único. Solo Terramar tiene encima del tapete una oferta firme para rescatar Abengoa. Se compromete, en el plan de viabilidad presentado en la SEPI, a devolver todas las ayudas estatales en tiempo y forma –esto es un requisito sine qua non– y a no trocear la compañía. Uno de sus compromisos es mantener todos los centros de trabajo en España, donde Abengoa cuenta con unos 2.000 empleados, de los 12.000 que tiene en nómina en todo el mundo.
Viesto bueno. La oferta liderada por Terramar, que necesita la luz verde de los acreedores –que deberán inyectar los 300 millones en avales–, tiene un calendario que marca finales de noviembre como fecha tentativa en el que el grupo recibirá la luz verde de la SEPI y del Consejo de Ministros.
Hoja de ruta. El rescate arrancaría antes de obtener el “sí” definitivo de la SEPI, con una financiación en un primer momento de 60 millones que inyectaría el futuro propietario de Abenewco 1 y con el mismo importe en avales. Los acreedores financieros deberían dar su luz verde después al pacto y, en la fase final, el Gobierno habría de bendecir el salvamento a través de la SEPI.
