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La UE quiere liberar 120.000 millones de euros bajando la exigencia de capital al seguro

Aspira a que el sector pueda invertir más para reactivar la economía europea

El vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, y la comisaria para servicios financieros, Mairead McGuinness, durante su intervención sobre los cambios en el sector asegurador.
El vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, y la comisaria para servicios financieros, Mairead McGuinness, durante su intervención sobre los cambios en el sector asegurador.Thierry Monasse (Getty Images)

La Unión Europea se ha propuesto modificar la normativa sobre exigencias de capital al sector asegurador con el fin de liberar 120.000 millones de euros para ayudar a reparar la economía afectada por la Covid-19. También Reino Unido, que sigue siendo la mayor plaza mundial del sector asegurador, se plantea una medida similar.

Bruselas quiere aliviar la regulación conocida como Solvencia II. Anticipándose a los temores de que se retracte de las normas, la UE dijo que Solvencia II seguirá siendo el "patrón oro" para la industria.

"No se trata de un cambio revolucionario, son cambios graduales pero importantes", dijo la Comisaria de Servicios Financieros de la UE, Mairead McGuinness. "No es un regalo para el sector de los seguros".

Las normas de capital de Solvencia II se introdujeron para el sector, de 10,4 billones de tamaño, en 2016, y son aplicadas por tanto por las grandes aseguradoras como Allianz, Generali, Mapfre o Axa, como por las compañías más pequeñas.

La cotización de las compañías de seguros europeas ha acogido bien los planes de la comisión. Las mencionadas compañías se apuntaban a mitad de sesión unas subidas de entre el 1,2% y el 1,6%.

La necesidad de reconstruir la economía europea, afectada por la pandemia, y de invertir en infraestructuras verdes para cumplir con los objetivos de reducir las emisiones de dióxido de carbono hacen que la reforma se vaya a tramitar con mayor urgencia.

La persistencia de tipos de interés muy bajos, que ha socavado los modelos de negocio de las aseguradoras, también será abordada con esta reforma. También se quiere adaptar más las normas de Solvencia II a las aseguradoras más pequeñas y menos arriesgadas.

Los cambios en la normativa, que deben ser aprobados por los Estados miembros y el Parlamento Europeo, liberarían 90.000 millones de euros a corto plazo y otros 30.000 millones a largo plazo.

Olav Jones, director general adjunto de Insurance Europe, explica que el sector va acoger con satisfacción el reconocimiento de la UE de la necesidad de reducir los requisitos de capital, pero sólo un recorte "significativo y permanente" del capital permitirían a las aseguradoras aumentar el apoyo a la economía y recuperar la competitividad mundial.

Unespa, la patronal española de las aseguradoras, ha expresado en numerosas ocasiones su opinión de que había algunas partes de Solvencia II que eran demasiado rigurosas. En concreto, las fórmulas de cálculo de exigencias de capital para algunas inversiones bursátiles con vocación de largo plazo. También pedían una revisión de los requerimientos en inversiones de capital riesgo, especialmente infraestructuras, que por definición tienen un horizonte de inversión de largo plazo.

Bruselas va a proponer suavizar el impacto del llamado ajuste de volatilidad, que mitiga el impacto de los movimientos del mercado bursátil a corto plazo en la solvencia de las aseguradoras.

También quiere facilitar que las aseguradoras se beneficien de de un tratamiento preferencial del capital por valor de unos 10.500 millones de euros por invertir en activos a largo plazo diseñados para que Europa tenga una economía más verde.

El margen de riesgo o el dinero necesario para transferir el negocio a otra empresa en caso de crisis, también se reducirá.

El organismo supervisor de los seguros de la UE, EIOPA, llevará a cabo pruebas de estrés climático centralizadas del sector, y las aseguradoras también deberán realizar análisis de escenarios climáticos a largo plazo.

La Comisión ha decidido no proponer una armonización en toda la UE de los sistemas nacionales de garantía de seguros, alegando que podría suponer importantes costes para las aseguradoras y la necesidad de centrarse en la recuperación económica.

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