Iceberg Horche: la okupación de vivienda y el naufragio de un pueblo
Con 2.500 habitantes, esta localidad situada a pocos kilómetros de Guadalajara tiene 200 okupas en un bloque de viviendas propiedad de Caixabank. Los robos y agresiones sumados a la dificultad para echarles han puesto a Horche en pie de guerra
En el mar de la búsqueda de un hogar no siempre se llega a buen puerto. Los precios elevados de la vivienda en relación a los salarios no ponen fácil a gran parte de la población mundial la adquisición de una de ellas, y una vez que una persona o una familia se atreve a dar el paso de embarcarse en la compra de una, puede convertirse en una auténtica pesadilla. Un pueblo situado a pocos kilómetros de Guadalajara es una prueba de esto. El establecimiento de alrededor de 200 okupas, según estiman fuentes locales, ha hecho que el municipio de Horche, con unos 2.500 habitantes censados, se haya convertido en un iceberg del drama de la okupación en España. En la parte visible, un problema que ha terminado por poner en pie de guerra a los vecinos del pueblo y que deja a muchas personas con una sensación de indefensión. Por debajo de la superficie, las causas del mismo y todo un mundo de intereses generados alrededor del sufrimiento.
La historia de los okupas de Horche comienza ocho años atrás. Fue entonces cuando Caixabank, entidad propietaria de una serie de inmuebles concentrados en una misma calle del pueblo, optó por destinar las viviendas a alquiler social. “Activó el alquiler social sin contar con nadie, totalmente por su cuenta. No consultó a la administración local ni a las regionales ni autonómicas y como resultado no aplicó ninguna clase de filtro. Si se hubiese hecho a través de las instituciones se hubiese hecho con filtro. Caixabank directamente metió al primero que llegaba y resultó que al final esa gente a los dos o tres meses dejó de pagar”, cuenta Fernando García, presidente de la plataforma Defiende Horche, la asociación que han montado los vecinos en respuesta a la proliferación de los okupas.
Según García, ya por aquel entonces la convivencia entre los okupas y los propietarios que todavía compartían portal con ellos se hizo insostenible y los propietarios terminaron por abandonar sus casas aún teniendo pendiente pagar una hipoteca por ellas. Posteriormente, en un plazo de tres años, también se fueron los okupas iniciales. “Esa gente que vino en un principio de alquiler social y terminaron de okupas se fueron a otros pueblos y vendieron las llaves a otros okupas a medida que crecía la presión policial sobre sus trapicheos. Se fueron dejando los pisos destrozados”, describe García.
La nueva oleada de okupación fue peor que la inicial y la situación ha ido empeorando con cada relevo. Se produjo un efecto llamada aumentando el número de viviendas okupadas a 60 y el problema de inseguridad y delincuencia pasó de estar limitado exclusivamente al bloque de viviendas okupado a extenderse por todo el pueblo. “Amenazan, pegan y roban a los niños del pueblo. Han robado en los bares, han robado comercios, han entrado en un chalet, han hecho un alunizaje en el estanco del pueblo. Se han llevado unos 15.000 euros de cables de cobre en acometidas de la red eléctrica pública según las estimaciones del Ayuntamiento”, enumera García repasando una numerosa lista de delitos que han llenado de temor a un pueblo que no estaba acostumbrado a ellos.
Como resultado y tras años esperando soluciones que no llegan, los vecinos decidieron fundar la asociación Defiende Horche, un movimiento hasta ahora inédito en España mediante el cuál un pueblo se opone activamente a los okupas. “La chispa se prendió cuando los hijos de los okupas robaron y pegaron a unos niños del pueblo. Robaron maquinaria agrícola a un señor mayor, entre la maquinaria, una motosierra. Robaron más maquinaria a otro señor de aquí que tiene una empresa de jardinería. Le robaron un cortacésped a primera hora del día y a la tarde estaba anunciado en internet. Había anuncios en internet en los que vendían las llaves de los pisos okupados. Todo esto pasó en menos de una semana”, recuerda.
¿Por qué ocurre esto?
Horche no es ni mucho menos el único lugar de España con un problema de esta índole. La ley española hace una diferenciación entre distintos tipos de okupación. Según Ricardo Bravo, portavoz de la plataforma Leyantiokupas de afectados por la okupación, habría tres. “Está el allanamiento, alguien que aprovechando que el propietario de la vivienda no está, entra, da síntomas de habitabilidad y se queda en ella. Luego existe la usurpación. Es una casa en principio vacía, normalmente suele pertenecer a bancos o fondos de inversión y ahí es donde Horche es la punta del iceberg, pero también se da en otros pueblos”. Por último, Bravo menciona a la inquiokupación. “Con contratos falsos o verdaderos entran los okupas en una casa y a partir de ahí dejan de pagar voluntariamente. Como hay un contrato mercantil de por medio no se considera okupación. Pero la mayoría de okupaciones directas (las que afectan a un propietario que no es una gran empresa) hoy en día son de inquiokupas”.
Bravo opina que las leyes españolas podrían funcionar contra la okupación, pero afirma que hay dos grandes fallos. “El primero es la lentitud del sistema judicial. Es lentísimo. Se demora la cuestión de los allanamientos por ejemplo hasta los dos años. Cuando una justicia es lenta y no es efectiva deja de ser justicia”. El otro gran problema es cómo se abordan las usurpaciones.
“Hay fondos de inversión o bancos que ni siquiera denuncian que les han okupado y ahí se queda la casa. Si esa casa tiene vecinos, ellos no pueden hacer nada salvo demandar al banco o fondo de inversión, ya que la denuncia de okupación ha de ser del propietario. Las usurpaciones van también lentas y hay un problema añadido. Los propietarios que han denunciado llegan a la casa, echan a los okupas que haya y ponen una puerta antiokupa que puede ir acompañada de una alarma o no. Por algún motivo los okupas saben perfectamente como quitar estas puertas. Quitan las puertas y se mete otro okupa distinto”, lamenta Bravo, quién personalmente ha sufrido 26 reokupaciones en su edificio.
Una factura elevada
Si bien la ley no permite ni mucho menos la okupación, su lentitud, sus costes y sus recovecos hacen que acudir a ella sea un calvario según Ricardo Bravo. Si la vía legal tarda dos años, durante ese tiempo queda imposibilitado el acceso a la vivienda en propiedad, pero los costes asociados a la vivienda como impuestos o suministros siguen estando a cargo del propietario. Por ley no se puede cortar los suministros básicos al hogar okupado y, de hecho, el castigo por un corte de suministros en este caso tiene una magnitud muy similar a la del allanamiento y superior a la de usurpar. En concreto, atendiendo al código penal español, cortar los suministros es catalogado como coacción y como tal la pena puede alcanzar los tres años de prisión. El allanamiento puede ser hasta dos años de cárcel si no hay violencia contra las personas y cuatro si la hay. En el caso de una usurpación sin violencia contra personas, el castigo consiste en una multa.
“El proceso judicial dura dos años. Un abogado va a costar alrededor de 3.000 euros, más un procurador, más los gastos de mantener los suministros al okupa, pues se van unos 10.000 euros”, estima Bravo.
Por otro lado, en España existe la creencia de que si se denuncia la okupación en las 48 horas posteriores a que suceda el hecho, la policía puede entrar y echar a los okupas sin la necesidad de iniciar el engorroso proceso judicial. Ricardo Bravo desmiente esto y afirma que en este caso el hecho clave es que los okupas no sean capaces de demostrar que llevan ya un tiempo viviendo en el inmueble. “Cuando un okupa se mete dentro de la casa normalmente suelen llevar comida preparada y alegan que ya llevan tiempo viviendo allí porque acaban de cocinarla. Eso demuestra habitabilidad y se quedan. Independientemente de que des el aviso a la policía en el momento inmediato a que entren se quedan allí usando estratagemas para evitar que les echen en ese mismo momento y provocan así que haga falta la intervención de un juez”.
A modo de conclusión, Bravo sostiene que no compensa acudir a la vía judicial, pero que en ocasiones, es la única forma de lograr recuperar la vivienda.
Intereses y alternativas
La ineficacia de la justicia ha provocado que florezca todo un ecosistema de negocios alrededor de la okupación. No solo hay abogados especializados en ello, sino que hay empresas que ofrecen sus servicios para desalojar a los okupas al margen de la vía judicial. Estudian caso por caso cada petición que les llega para ver si les es viable intervenir o no y en un primer momento tratan de negociar con los okupas. Si no funciona, establecen un control de acceso en la propiedad de modo que los okupas no puedan volver a entrar una vez que salgan de ella. En muchos casos esta táctica da resultado. “Una empresa de desokupación vale unos 3.000 euros. Está la opción de llamar a una empresa de desokupación y en una semana recuperar la casa por 3.000 euros o la de ser estrictamente legal y dedicar dos años y 10.000 euros”, dice Bravo.
Otro negocio que emerge al calor del problema es el que hacen los propios okupas. Algunos propietarios, sobre todo bancos o fondos de inversión, optan por llegar a acuerdos económicos con los okupas a cambio de que se vayan. Según Bravo, esto genera un efecto llamada y ahora los okupas exigen al propietario más dinero a cambio de abandonar una vivienda. “Te dicen que 3.500 euros no, que quieren 6.000 euros debido a que en no sé qué sitio les pagan eso por irse. Es una vergüenza”.
Por último, incluso inversores de vivienda con más ganas de obtener rentabilidad que escrúpulos pueden llegar a hacer caja a costa de la okupación. Según un estudio de impacto de la okupación en el precio de la vivienda elaborado por la plataforma inmobiliaria Idealista, vender un inmueble habitado por okupas obliga al propietario a poner su casa en el mercado con una rebaja media del 42% en el precio respecto al de viviendas de su misma zona no okupadas y con características similares. No todos los propietarios pueden costearse el caro proceso de expulsar al okupa, y terminan por tener que recurrir a esta opción.
Consecuencias
Ricardo Bravo recuerda que no solo hay que tener en cuenta los daños económicos que supone tener tu vivienda okupada o el hecho de vivir en un bloque lleno de casas usurpadas, como es el caso del portavoz. “Cuando vivimos rodeados de okupas desarrollamos una ansiedad, una hipervigilancia, que lleva en ocasiones hasta a trastornos de la personalidad. Nadie hacia absolutamente nada por remediar la situación y he estado tomando pastillas para poder vivir en mi propia casa. Se necesitan psicólogos y si te okupan no te ayuda nadie”.
Fernando García advierte que en el caso de no atajarse el problema, existe el riesgo para el conjunto de la sociedad de caer en una especie de complacencia que haga olvidar la importancia del esfuerzo para conseguir las cosas. “Al final la gente lo ve y dicen muchos que lo que habría que hacer es irnos todos de okupas. Si esto es lo que se consiente, pues que trabaje otro. Que pague otro la luz. Es todo gratis. Para qué pagar la casa. Todo el mundo en el pueblo se pregunta por qué está pagando su casa con esfuerzo. A la gente no hay que darles peces, hay que darles una caña y enseñarles a pescar. Facilitar que puedan tener empleo y buscar que tengan una vida normal. Ellos viven de noche. Nosotros nos vamos a trabajar por la mañana y cuando nosotros estamos volviendo de trabajar, ellos salen a robar. Esto está degenerando. Es una injusticia. Y lo peor es que se está normalizando. No hay que permitir que se normalice. Ya algunos no lo ven como un problema, sino como algo normal. No es un sistema viable. Si todos hiciéramos lo mismo, ¿quién trabajaría?, ¿quién pagaría impuestos?, no se sustenta por ningún lado”.
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