Bruselas pide a los socios que la rehabilitación energética llegue a las rentas más bajas

Sin un impacto masivo, el plan de transición verde no será completo

Anima a llegar de forma equilibrada a propietarios e inquilinos

Viviendas en rehabilitación en Barcelona.
Viviendas en rehabilitación en Barcelona. EFE

La Comisión Europea, que el pasado julio presentó su propuesta Fit for 55 con el objetivo de reducir las emisiones de dióxido de carbono en 2030 al menos en un 55% respecto a 1990 y alcanzar la neutralidad climática en 2050, pretende que el sector residencial sea uno de los pilares sobre los que se apuntale esta transición. La razón es obvia, ya que, según los datos que maneja Bruselas, los edificios consumen el 40% de la energía utilizada en toda la Unión Europea (UE) y generan alrededor del 36% de las emisiones.

Además, recuerda el Ejecutivo comunitario, “la mayor parte de la energía consumida en los edificios todavía proviene de combustibles fósiles”. El diagnóstico parece inapelable, pero la Comisión sabe que si las ayudas a la rehabilitación energética que gestionen los países no llegan a las capas más humildes de la población de forma masiva, la transformación del parque residencial nunca será completa.

Por eso, entre una extensa batería de medidas, Bruselas llama a los Estados miembros a mejorar las proporciones de intervención en los edificios y viviendas “ocupados por ciudadanos de bajos ingresos”, ya que “las tasas actuales son insuficientes y estos inmuebles se ven afectados en mayor medida por la pobreza energética”. A su vez, recuerda, los tramos más bajos de renta suelen residir en viviendas más antiguas o con menos prestaciones energéticas, por lo que si las ayudas no se focalizan en estos círculos, la transformación completa del parque verá más tiempo en ver la luz.

En efecto, uno de los grandes miedos de la Comisión, principalmente una vez que se afiance en el tiempo el plan de rehabilitación masivo vinculado a los fondos europeos, es que las diferencias de renta desequilibren la balanza.

Por eso, en el marco de esta transformación residencial, que trasciende al plan de recuperación y pretende alcanzar anualmente una tasa de rehabilitación mínima del 3%, uno de los objetivos es que “las medidas de eficiencia energética sean fundamentales dentro de cualquier estrategia que sirva para abordar la pobreza energética y la vulnerabilidad de los consumidores”, detalla el Ejecutivo comunitario, que anima de esta forma a diferenciar a los interesados en función de su renta, sin fijar pautas concretas o ideas que puedan adoptar las capitales.

Pero los ingresos no son los únicos detalles que deben tener en cuenta los Estados miembros a la hora de diseñar los planes vinculados a las ayudas. La Comisión también anima a fijarse en los diferentes tipos de tenencia para que el dinero llegue tanto a los propietarios como a los inquilinos, y para ello sugiere impulsar los conocidos como incentivos divididos.

El objetivo de estos mecanismos es que al propietario se le ofrezca una nueva fuente de ingresos mensuales, ya que una vivienda con más prestaciones climáticas podría encarecer la renta, a la vez que el inquilino se ahorre el gasto energético equivalente. En este punto, Bruselas recuerda que, según los datos oficiales, “alrededor del 80% del consumo energético de los edificios se destina a calefacción y refrigeración, mientras que el resto se destina a iluminación y electrodomésticos, como lavadoras, frigoríficos o lavavajillas”.

Gracias a estos incentivos, cuyo funcionamiento deberían diseñar los Estados miembros, se conseguiría en definitiva un mayor equilibrio entre arrendador y arrendatario a la hora de sufragar los costes. Tal y como explica Bruselas, “hoy en día, en la mayoría de los casos, cuando un edificio necesita ser renovado no existen reglas para una división justa y razonable de costes y beneficios entre propietarios e inquilinos”. La propuesta, por ello, refuerza la obligación de los Estados miembros de eliminar estas barreras.

En esta línea, y vinculado al plan de recuperación, el Gobierno de España ultima un mecanismo que permita que los inquilinos que costeen las obras a cambio del pago de la renta se beneficien de las ayudas a la rehabilitación.

El plan de Bruselas también requiere que los países de la UE implementen medidas de protección y sensibilización de los consumidores y apoyen un diálogo multilateral entre las organizaciones de propietarios e inquilinos, las organizaciones de consumidores, las empresas de energías renovables y las autoridades locales y regionales con el objetivo de dar forma a propuestas “con medidas aceptables para todos, con los incentivos y alineamientos necesarios”.

Ventanillas únicas para más información

Dentro de este gran paquete verde, que va más allá de los fondos del plan de recuperación, la Comisión también obliga a los Estados miembros a mejorar la comunicación y la información para que la población sea consciente de las ventajas de llevar a cabo una intervención de tinte energético. “La falta de conocimiento sobre los beneficios potenciales de las mejoras en la eficiencia energética es un obstáculo importante para la inversión”, explica. Por tanto, la propuesta obliga a las capitales a establecer el modelo de ventanillas únicas, en el que los consumidores puedan obtener información y asistencia sobre cómo y por qué se debe ahorrar energía.

Las ventanillas únicas han sido adoptadas por España para poner en marcha el plan de recuperación, con el objetivo de agilizar los trámites y la toma de decisiones. Bajo este método, recuerda Bruselas, se centraliza la tramitación, gestión y concesión de subvenciones, haciendo mucho más rápido todo el proceso. Este modelo puede aunarse con el de la llave en mano, por el que empresas especializadas asesoran al cliente y se encargan de todo el proceso que conlleva la obra o intervención.

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