Un rumbo firme hacia la multimodalidad del transporte
Se acaban las oportunidades de emular a urbes punteras en sostenibilidad que apuestan por un cóctel ganador: cambio modal y tecnología
La movilidad ocupa un espacio creciente en todo discurso político que intenta posicionar la sostenibilidad ambiental dentro de la ecuación del transporte, un objetivo cuyo talón de Aquiles es la actual forma en la que nos movemos por la ciudad, causante de la pésima calidad del aire debido al sobreuso del coche privado. De ese modo, ahora la movilidad sostenible es un comodín de cualquier programa electoral, sobre todo de aquellos que intentan atraer a las generaciones más jóvenes, aparentemente más concienciadas con la conservabilidad medioambiental. Paradójicamente, y en paralelo, también se promueven iniciativas hacia una electrificación de la flota de coches y a la renovación del parque automovilístico actual en pro de una supuesta sostenibilidad del transporte que incrementará la presión sobre la actual red.
Sin embargo, una vez cumplido el calendario electoral la movilidad suele pasar a un segundo plano en la agenda de las distintas administraciones públicas. Estas se centran en temas más cortoplacistas, aunque no menos importantes. Y aunque la salud ambiental y los aspectos económicos que se derivan de ella –por ejemplo, el gasto sanitario para hacer frente a las enfermedades respiratorias producidas por la contaminación– siguen formando parte del discurso político, la toma de decisiones para un cambio efectivo se ralentiza.
En este contexto, la andadura de Madrid Central ilustra con exactitud la diacronía existente entre las decisiones públicas necesarias para impulsar una movilidad vanguardista –como la impulsada en otras grandes capitales– y las soluciones que la transformación tecnológica ofrece actualmente para el despegue de la movilidad multimodal, enmarcada dentro del concepto integrador de la movilidad como servicio (MaaS, en inglés).
La zona de bajas emisiones de la capital inaugurada a finales de 2018 por el gobierno municipal de Manuela Carmena fue suspendida en julio de 2020 en virtud de tres sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, favorables a las tesis de la oposición política –hoy en el Gobierno de Madrid– que recurrió la legitimidad del proyecto. Esta decisión acaba de ser ratificada por el Tribunal Supremo, con lo que Madrid Central queda definitivamente suspendido y deja a los madrileños a la expectativa de que el equipo de Almeida ahorme –según acaban de anunciar– un nuevo proyecto.
En periodo de vigencia de menos de dos años de Madrid Central, proliferaron los operadores privados de diversos modos de transporte compartido según las necesidades de los ciudadanos, desde coches hasta patinetes eléctricos, pasando por motos y bicis, y la calidad del aire de la ciudad mejoró. Teníamos el perfecto escenario para un despliegue de una solución de MaaS que fomentase otra forma de desplazarse. Sin embargo, la interacción entre modos de transporte públicos y privados para proporcionar mejores itinerarios no ha sido una realidad, a pesar de la diversidad de alternativas de transporte y de la tecnología facilitadora. Esto se ha debido a la dificultad de adaptar soluciones preexistentes al corsé público y a las demandas cambiantes del Ejecutivo.
De hecho, la corta vigencia de Madrid Central ha terminado convirtiendo el proyecto en un mero experimento, que presumiblemente será sustituido por otro cuyo contenido será prácticamente el mismo.
Pero la cuestión de fondo está en saber qué pasará si en las próximas elecciones sale un gobierno municipal de otro color político al actual: ¿cómo se actuará sobre la zona de bajas emisiones vigente en ese momento, para inventar otro sucedáneo?, o por el contrario ¿se podrá llegar a un consenso que permita trabajar a favor de una nueva movilidad que beneficie tanto la salud ambiental como económica acorde a nuestro tiempo? Despejar esta duda debería ocupar desde ya un lugar prioritario en la agenda del ayuntamiento. A nivel de país, además de la posible canalización de los fondos europeos, también es necesario afrontar el cambio modal como una prioridad apolítica donde los beneficios serán repercutidos a toda la sociedad y no exclusivamente a una parte del electorado.
Por el momento, las grandes empresas del transporte público integradas en el consorcio de transportes de la Comunidad son las encargadas de liderar la innovación. Todas periódicamente publicitan su compromiso con la transformación tecnológica y las inversiones que destinan a ello. Sin embargo, el cortocircuito está en que para poner en práctica iniciativas innovadoras en movilidad es imprescindible la colaboración público-privada. Además, esta colaboración público-privada se rige por una normativa, la administrativa, que extiende los procesos innecesariamente, sobrecarga de garantías y se adapta con dificultad a nuevas figuras legales, limitando la rapidez de la ejecución.
La recomposición de la movilidad tras el 2020 y la redistribución de nuevos incumbentes hace que lo que apenas cinco años era una idea remota, el MaaS, se ha convertido en una realidad tangible. En las aceras de cualquier ciudad española pueden verse diferentes medios de transporte compartido, mientras que el sector industrial del automóvil se reorienta a modelos menos contaminantes y los propios concesionarios ofrecen nuevas fórmulas de venta de coches. En este escenario, nuevas aplicaciones tecnológicas emergen para posibilitar esta nueva realidad multimodal. Una visión clara y no cambiante sobre la movilidad sostenible desde las instituciones municipales es condición sine qua non para la implementación de las innovaciones tecnológicas que están liderando los grandes operadores de transporte junto con las empresas de base tecnológica que desarrollan estas soluciones. Lamentablemente ya se van acabando las oportunidades de estar a la altura de ciudades punteras en sostenibilidad ambiental que apuestan por un cóctel ganador: cambio modal impulsado por la tecnología.
Guillermo Campoamor es CEO de Meep