La ignorancia como argumento político

Las afirmaciones de Díaz Ayuso sobre la Corona y de Rafael Mayoral sobre el Banco de España invitan a la preocupación

La calidad del debate político está íntimamente relacionada con las capacidades de sus protagonistas y lo que está pasando en los últimos tiempos llama a la reflexión. Los políticos, como servidores públicos y representantes de la sociedad, tienen un requerimiento mayor de ejemplaridad. Disponer a diario de micrófono y tribuna debe ser asumido como una enorme responsabilidad, no como una oportunidad para abusar de su ignorancia y aprovecharse de la ingenuidad del ciudadano medio.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y producto de moda del PP, y Rafael Mayoral, portavoz adjunto de Podemos, representantes de derecha e izquierda, han protagonizado en este mes exitosas declaraciones avaladas por el desconocimiento, ya que si hay intencionalidad estaríamos en el trumpismo, en la construcción premeditada de falsas realidades, de fake news.

Las declaraciones de Ayuso y las rectificaciones desde Génova han sido profusamente tratadas en los medios de comunicación. La presidenta de los madrileños preguntó al infinito de la Plaza de Colon, con Pablo Casado de testigo: “¿Qué hará el Rey, firmar los indultos?” Ayuso quiso trasladar la idea de que Pedro Sánchez, su archienemigo, quiere obligar al Rey a firmar los indultos a los políticos catalanes presos, como si tuviera opción de no rubricar lo que le presente el Gobierno.

Iñaki Gabilondo calificó a Ayuso de analfabeta institucional y José Antonio Zarzalejos le regaló un consejo: “Es urgente que la presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid se ponga al día con algún manual sencillito de derecho constitucional para saber qué puede y qué no puede –ni debe– hacer el rey de una monarquía parlamentaria”. Nada que añadir a los maestros, únicamente recomendaría ver el masaje de Bertín Osborne a Díaz Ayuso en Telecinco para escuchar con atención qué entiende por liberalismo.

La mezcla de contundencia y desconocimiento no es buen cemento para construir nada sólido. El uso de esta argamasa se está extendiendo con los nuevos usos de la comunicación, particularmente de la comunicación política, donde prima el mensaje corto sobre la argumentación. Este contexto favorece que haya representantes públicos que se comporten como tertulianos, con perdón, cuya capacidad para opinar de todo y a todas horas es proverbial, y sin respetar la más mínima liturgia de los santos lugares. Es el caso de Rafael Mayoral, que aprovechó la tribuna del Congreso para lanzar un duro ataque al banco central. “Hoy siento mucha vergüenza porque el Banco de España ha vuelto a hacer de las suyas. (…) Está muy preocupado porque el salario mínimo en nuestro país no llega a los 1.000 euros y está muy preocupado porque dice que eso destruye el empleo. Hay que tener muy poca vergüenza para decir esto en un país como el nuestro. Al Gobernador del Banco de España habría que correrlo a gorrazos por impresentable; porque es impresentable que el Banco de España se permita el lujo de atacar los intereses de la gente más vulnerable de nuestro país con manifestaciones salvajes como las que han hecho en ese informe.”

Se puede estar totalmente de acuerdo con que un salario mínimo de 1.000 euros no da para construir una vida digna, pero un diputado no puede subir a la tribuna y utilizar esa verborrea insultante y, lo que es peor, hacer gala de un desconocimiento absoluto del papel del banco central, cuya actuación está anclada en la Ley 13/1994 de Autonomía del Banco de España y la normativa europea del Sistema Europeo de Bancos Centrales. Esta normativa es la que le obliga a guiarse únicamente por criterios técnicos, no políticos.

El informe que Mayoral dijo que ha firmado el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, es el Documento Ocasional Nº 2113. Los efectos del salario mínimo interprofesional en el empleo: nueva evidencia para España, está rubricado por seis economistas del Banco de España. Por tanto, no es una opinión oficial y formal del banco central, escrita y firmada por su gobernador. Incluso aunque así fuera, las palabras de Mayoral están fuera de tiesto.

En el artículo 1 de la Ley Autonomía del Banco de España dice que “actuará con autonomía respecto a la Administración General del Estado” y en el 20-e establece que entre sus funciones está “asesorar al Gobierno, así como realizar los informes y estudios que resulten procedentes”. Asesorar no es plegarse a la opinión del Ejecutivo. De hecho, en artículo 3, “Independencia e Imparcialidad”, del Código de Conducta de los Órganos Rectores del Banco de España, se especifica que “los miembros de los órganos rectores del Banco de España no recabarán ni aceptarán instrucciones procedentes de las instituciones u organismos comunitarios, ni del Gobierno español o de otro Estado miembro de la Unión Europea, ni de ningún otro organismo”.

Si Rafael Mayoral quiere seguir la recomendación de Zarzalejos a Ayuso, puede pedir la comparecencia de Hernández de Cos ante la Comisión para la Auditoría de la Calidad Democrática del Congreso de los Diputados, de 22 de diciembre del año pasado, que se titula La independencia de las autoridades y supervisores económicos. El caso del Banco de España. En ella, afirma que “la independencia institucional es la mejor forma de garantizar que las valoraciones se hagan con criterios objetivos y técnicos, al margen de las opiniones y los intereses políticos de quienes están siendo evaluados. La condición formal de independiente es necesaria, pero no suficiente, para el buen desempeño de los organismos independientes. La independencia debe ser efectiva y, por tanto, creíble.”

El Banco de España arrastra una difícil convivencia con el mundo político y sindical y eso dice mucho su independencia. Gobierno y oposición deberían aprovechar su solvencia técnica para construir consensos que serán claves en un país que debe el 125% de su PIB.

Aurelio Medel es Doctor en Ciencias de la Información. Profesor de la Universidad Complutense