España debe utilizar los fondos europeos para curar los viejos males de la economía
La hoja de ruta del plan de recuperación no están enfocados a resolver el grueso de ineficiencias que lastran desde hace décadas la actividad
La decisión de la UE de impulsar su multimillonario programa de ayudas contra la crisis del Covid-19, con un montante que en el caso de España asciende a un total de 140.000 millones de euros en préstamos y subvenciones, ha generado una alta y natural expectación en los últimos meses, tanto en la opinión pública como en el tejido empresarial. Como primer paso para poder acceder a los fondos, el Gobierno envió a finales de abril a Bruselas un plan de recuperación y transformación de la economía ajustado a las directrices marcadas por la CE cuya aprobación fue anunciada ayer por la Comisión Europea. Sin embargo, tras el impacto y la euforia inicial que ha despertado el montante de ayudas, un análisis reposado tanto de la hoja de ruta de Bruselas como del propio plan de recuperación hace inevitable poner en cuestión hasta qué punto ambos responden a las necesidades más profundas y acuciantes de la economía española.
España ha sido golpeada por la pandemia con una dureza inédita, pero los grandes males de su economía no son nuevos, sino que se asientan en viejas deficiencias estructurales que no figuran como objetivos clave entre las medidas del plan que ha diseñado el Gobierno. Es innegable que los dos grandes ejes sobre los que se vertebran los fondos Next Generation –la descarbonización y la digitalización de la economía– son ambiciosos y miran directamente al futuro, pero también que no están enfocados a resolver el grueso de ineficiencias que lastran desde hace décadas la economía española. Como recordaron los expertos reunidos en el Foro Futuro, esas fallas –letales para la competitividad del país– incluyen la falta de eficiencia del mercado laboral, la insostenibilidad financiera del sistema de pensiones, el escaso tamaño de las empresas, la escasa calidad del sistema educativo, la ineficiencia del sistema judicial y una organización claramente deficiente de las administraciones públicas, agravada por una maraña regulatoria que dificulta la actividad empresarial.
Las cuentas sobre el impacto de las ayudas europeas sobre la economía tampoco son halagüeñas, dado que suponen aproximadamente el 6,2% del PIB de 2020, es decir, un 1% del PIB aproximadamente por cada año de aplicación, una tasa de crecimiento manifiestamente insuficiente para permitir a España recuperar el terreno perdido y hacer frente al elevado endeudamiento que ha dejado como regalo envenenado la pandemia.
Se tratan todas ellas de cuestiones clave, capaces de desactivar las altas expectativas que han generado las ayudas europeas y de frustrar una oportunidad histórica para España de transformar en profundidad el sistema productivo en lugar de aplicar una ligera pátina sobre los problemas que lastran su economía.