El Gobierno recurrirá la ley catalana que limita el alquiler pero no pedirá su suspensión

Alega vulneración competencial por parte de la Generalitat La norma seguirá en vigor hasta que se pronuncie el Constitucional

Piso en alquiler en Barcelona.

Tras varios tiras y aflojas a lo largo de los últimos días, el Gobierno tiene previsto finalmente recurrir la ley catalana de vivienda que permite poner límites a los precios del alquiler en 60 municipios de la Generalitat, pero como "gesto" hacia el Govern no pedirá su suspensión inmediata. Así lo ha confirmado este lunes el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, que ha argumentado que “es imposible no recurrir” la norma ante el informe "tan negativo" de la Comisión de Garantías Estatutarias de Catalunya.

Ábalos ha explicado que la inconstitucionalidad de la ley “es tan evidente” que el Ejecutivo no lo puede “pasar por alto”. A pesar de ello, ha calificado como “gesto importante” que no se haya pedido su suspensión, algo que también recuerdan fuentes del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, desde donde se prepara el recurso que se presentará en el Consejo de Ministros de mañana.

El Parlament aprobó el pasado mes de septiembre una ley pionera para regular los alquileres en la comunidad. La nueva norma salió adelante gracias al respaldo de JxCat, ERC, los comunes y la CUP, que fueron los impulsores de la norma junto al Sindicat de Llogaters (sindicato de inquilinos) y la Generalitat. Entre las medidas que contiene esta ley figura la obligación de congelar o bajar el precio de los alquileres si se detectan zonas con "tensión" residencial en las 60 ciudades catalanas con más de 20.000 habitantes, en las que se incluyen las cuatro capitales de provincia y la práctica totalidad del área metropolitana de Barcelona.

En su momento, el PSOE catalán, el PP y Cs se opusieron a la ley debido a la inconstitucionalidad de varios de sus artículos, principalmente por vulnerar competencias estatales e impulsar medidas para las que las autonomías no están habilitadas a la falta de un marco nacional. Entonces, los populares fueron los primeros en impugnar la norma ante el Tribunal Constitucional en un proceso que todavía está en trámite. Sin embargo, la semana pasada, el Gobierno abrió la puerta a hacer lo propio, ya que el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, defendió que si sus servicios jurídicos consideraban que una ley autonómica vulneraba el marco competencial, el Ejecutivo estaba obligado a interponer recurso al respecto.

La diferencia entre ambos recursos es que el Gobierno tiene capacidad para solicitar la suspensión inmediata y automática de la norma recurrida, algo que finalmente no hará después de que el PSOE haya recibido presiones por parte de su socio de coalición, Unidas Podemos, y de varias fuerzas que han apoyado al Ejecutivo a lo largo de la investidura, como Esquerra, Bildu, Compromís o Más País.

El primer recurso del PP fue admitido a trámite por el Constitucional el pasado mes de enero después de que el antiguo tribunal de garantías entendiese que medidas de tal envergadura, como son la limitación "del derecho a la propiedad", deben tener rango de ley, y no de decreto. En su momento, fuentes del tribunal explicaron que una normativa de estas características, en la que se ven involucrados varios derechos fundamentales como el de la propiedad privada, debe estar respaldada por una ley de rango mayor. A su vez, señalaron que la facultad de los gobiernos para sacar adelante diferentes decretos ley en situaciones de urgencia o necesidad "no puede afectar" a largo plazo a otros derechos, deberes y libertades de la ciudadanía, "en conformidad con lo dispuesto en las leyes".

El alto tribunal, de esta forma, no entraría a valorar la inconstitucionalidad o no de establecer mecanismos para el control de las rentas, sino que se limitaría a dejar constancia de que, en el actual marco legislativo, estos límites no tienen solidez jurídica y necesitan de un marco legislativo superior para poder operar, algo que no se produce a día de hoy.