Qué opina la inversión responsable de los sueldos de los banqueros españoles

La polémica por los ERE de las entidades no despierta las críticas de las gestoras a los salarios de los altos ejecutivos, que logran amplio respaldo a su remuneración en las juntas de accionistas

Con permiso de las elecciones autonómicas en Madrid, el sueldo de los máximos ejecutivos de la banca española está también en el centro del debate público. No así en sus juntas de accionistas, que suelen dar un respaldo abrumador a las políticas de remuneración de las entidades financieras.

Lo sucedido recientemente con el salario del nuevo consejero delegado de UniCredit, Andrea Orcel –fichaje fallido de Banco Santander–, es algo insólito si se aprecia el apoyo cerrado que los inversores suelen dar a los elevados salarios de los ejecutivos de banca. El sueldo fijo de 2,5 millones al año de Orcel, que puede llegar a los 7,5 millones con el pago en acciones, recibió el voto a favor de tan solo el 54% de los accionistas, frente al 96% del año anterior.

Es la excepción que por ahora confirma la regla, aunque los fuertes ajustes de plantilla anunciados por los bancos españoles han desatado un clamor contra los salarios de los ejecutivos de una intensidad pocas veces vista. Un cambio más en la agitación social y económica extraordinaria que supone la pandemia.

Santander pactó el pasado diciembre un ERE de 3.572 empleados y BBVA y CaixaBank están ahora en plenas negociaciones con los sindicatos para abordar duros recortes de plantilla. BBVA ha rebajado su ajuste inicial de 3.798 a 3.448 empleados y CaixaBank, que acaba de formalizar su fusión con Bankia, planteó un ERE de 8.291 trabajadores –el mayor de la banca española–, que ha rebajado en principio en 500.

En un país en profunda crisis y en el que, de no ser por los ERTE, el paro se habría desbocado, la contundencia de los despidos que plantea la banca ha despertado duras críticas en el Gobierno. La ministra de Economía, Nadia Calviño, nada sospechosa de populismo, los calificó de “inaceptables”.

Santander y BBVA han logrado este año un voto a favor de su política de remuneración superior al 93%

Pero la polémica por las altas retribuciones –­3,176 millones de salario fijo anual para Ana Botín o 2,924 millones de salario fijo para Carlos Torres, sin contar bonus ni otros elementos como compromisos por pensiones– plantea también el debate sobre cuál es la dimensión del compromiso con los criterios sociales y de buen gobierno corporativo que han abrazado abiertamente las entidades financieras españolas y también las grandes gestoras de fondos, sus principales accionistas.

“Se observa cierta contradicción entre lo que recogen los principios ESG y los hechos. Si los objetivos por los que se logra esa remuneración no tienen en cuenta la destrucción de empleo en el momento actual, hay algo que no encaja”, reflexiona el responsable de sostenibilidad y buen gobierno corporativo de una importante consultora española, con numerosos clientes entre la banca española y que prefiere guardar el anonimato.

Por lo pronto, CaixaBank y BBVA han rebajado ligeramente la magnitud de los ERE en su negociación con los sindicatos, si bien el sector insiste en que las remuneraciones de la ejecutiva están respaldadas por los accionistas, aprobadas en junta, y reguladas de modo que no se buscan objetivos a corto plazo que perviertan la gestión, como se vio con los bonus millonarios de la banca de inversión que condujeron a la quiebra de Lehman.

La pretensión del Gobierno de buscar fórmulas para limitar tales retribuciones no es tarea fácil. El BCE tiene la competencia en supervisión sobre las grandes entidades españolas y su capacidad para controlar retribuciones se ha limitado hasta el momento a la recomendación el año pasado de suprimir la remuneración variable, al igual que el pago de dividendo, como medida de prudencia por la crisis y el alto esfuerzo en provisiones que ha supuesto. Solo la amenaza evidente de un problema de solvencia llevaría al BCE a tomar decisiones más contundentes en materia salarial.

A cuánto ascienden las remuneraciones de la discordia

Banco Santander. La entidad aprobó en junta de accionistas en marzo una retribución fija anual para la presidenta Ana Botín de 3,176 millones de euros y un salario fijo de 2,541 millones para el consejero delegado, José Antonio Álvarez, cuantías a las que se añadirá este año la retribución variable y otros conceptos como los compromisos por pensiones. En 2020 y ante la crisis de la pandemia, ambos ejecutivos se redujeron a la mitad su compensación total (salario más bonus). La parte del sueldo fijo quedó sin cambios y el recorte vino especialmente por la parte del bonus, que fue de 1,66 millones para Botín y de 906.000 euros para Álvarez. Al incorporar la total de conceptos, no solo salario y bonus, Botín ganó 8 millones de euros en 2020.

BBVA. El presidente, Carlos Torres, cobrará este año de salario fijo 2,924 millones, frente a los 2,453 millones de 2020 tras haber acordado incluir la aportación anual a pensiones en el sueldo fijo y variable de cada ejercicio. El bonus si se cumplen objetivos al 100% es de 3,572 millones. Para el consejero delegado, Onur Genç, el salario fijo de 2021 será el mismo que en 2020, de 2,179 millones, más un bonus de 2,672 millones si cumple objetivos al 100%. Ambos renunciaron en 2020 a la parte inicial del bonus de ese año, del 40%.

CaixaBank. El fijo de 2021 del consejero delegado, Gonzalo Gortázar, de 2,261 millones de euros, supera al del presidente, José Ignacio Goirigolzarri, solo con ciertas funciones ejecutivas, de 1,65 millones. El bonus de Gortázar si cumple al 100% de objetivos este año es de 708.800 euros y el del presidente, de 200.000. “CaixaBank no es el peor caso, pese a que la remuneración supera la media europea, hay que considerar que Gortázar renunció al bonus de 2020 y su salario no ha subido desde 2018”, señalan en Corporance.

A falta de iniciativas legales del Gobierno y de competencias del supervisor en este caso concreto, ¿es posible que el debate sobre el salario de los banqueros llegue a calar entre los propios accionistas de las entidades? ¿Hay algún tipo de presión desde la inversión responsable, que pone el foco en el impacto social y el buen gobierno corporativo de las compañías, capaz de poner en cuestión esas retribuciones en el momento de crisis actual?

Sin críticas

En principio, los accionistas de los bancos españoles respaldan de manera abrumadora las políticas de retribución, como queda de manifiesto en las juntas de accionistas, con porcentajes de voto a favor cercanos al 100%. Santander recibió el pasado marzo en su junta el 93,26% de votos a favor de la remuneración de los directivos en 2021 y BBVA obtuvo un respaldo en ese punto del orden del día del 95% en su junta de abril.

Desde BlackRock, principal accionista de ambos bancos con el 3,81% y 5,82% del capital, respectivamente, aseguran que su postura respecto a las políticas retributivas “reclama a las compañías que demuestren que los salarios de los ejecutivos están claramente ligados a la creación de valor a largo plazo”.

Sin entrar en ningún caso en detallar cuál es su postura concreta hacia Santander o BBVA, en la gestora explican que “en Europa estamos reclamando que las compañías tengan en cuenta de forma explícita las opiniones de todos sus accionistas cuando toman decisiones sobre la remuneración de la ejecutiva”. Y aseguran, en su documento explicativo de compromisos con el buen gobierno corporativo, que “el contexto es un factor en nuestra evaluación de las retribuciones”. “Esperamos que cada vez más la dirección explique las condiciones macroeconómicas generales que toman en consideración cuando establecen los salarios”, añaden.

Desde otra gran gestora internacional, también con declarada vocación por la inversión responsable, explican que “la alineación de la retribución del equipo directivo con el desempeño de la compañía constituye uno de los criterios más importantes que tenemos en cuenta a la hora de transmitir nuestra valoración a las comisiones de remuneración y de fundamentar nuestro voto”. Hasta el momento, y visto el respaldo abrumador que los bancos españoles obtienen en junta a sus políticas de retribución, no habría por tanto motivos para la crítica.

Logros y remuneración

Según explica Santander en su presentación de gobierno corporativo, la retribución total de los consejeros ejecutivos del banco sobre el beneficio ordinario atribuido ha pasado del 0,52% de 2013 al 0,29% de 2019. Una reducción que sin remedio va en consonancia con la pérdida de rentabilidad en los últimos años común al sector y con el pobre recorrido de las cotizaciones del conjunto de las entidades financieras europeas. Así, las acciones de Santander y BBVA, si bien han logrado recuperar los niveles de febrero de 2020, previos a la pandemia, cotizaban por entonces en mínimos de 2016 y continúan muy lejos de los máximos marcados tras la pasada crisis.

“Los grandes bancos españoles han sufrido un fuerte retroceso en rentabilidad y valor en Bolsa en la última década y ya no se justifican esos salarios tan elevados en la cúpula directiva, y menos sus bonus, incentivos, pensiones e indemnizaciones”, defiende Juan Prieto, consejero delegado de Corporance, un pequeño proxy advisor español independiente, que ha hecho la recomendación de votar en contra de la política de remuneraciones en las recientes juntas de Santander y BBVA.

Los grandes proxy internacionales –ISS y Glass Lewis– cuya opinión sí tiene una influencia de peso han respaldado la remuneración de la directiva de los citados bancos y también la que someterá CaixaBank a su junta del 14 de mayo.

La labor de estos proxy o asesores de voto consiste precisamente en orientar a los accionistas sobre el sentido de su voto en las juntas y tiene como fuerte contrapeso la labor de los proxy solicitor, encargados de asesorar a las compañías para que se aseguren el máximo grado de aprobación del orden del día entre sus accionistas.

Carlos Sáez Gallego, responsable en España del proxy solicitor Georgeson, defiende que no hay excesos en los salarios de la cúpula de la banca española y que “la tónica general es la moderación”. Y añade que los inversores cada vez reclaman más indicadores de buen gobierno corporativo, como la igualdad retributiva entre hombres y mujeres o el respeto a la diversidad.

“La inversión ESG terminará entrando a valorar con más exigencia la remuneración de los altos ejecutivos en banca, aunque de momento apenas se detecta un ligero aumento de la oposición a los planes e informes de remuneración en las juntas, de apenas el 1% o 2% del voto”, añade Prieto. En el camino, quizá el gran compromiso de bancos e inversores con la sostenibilidad en tiempos de crisis esté de momento en el cambio climático.

(Infografía de portada: Gabriela López Escalante)