El Gobierno aspira a rebajar el déficit del 11% al 8,4% este año y al 5% en 2022

Tras la revisión de la previsión de crecimiento, Hacienda eleva el agujero fiscal estimado para este año inicialmente en el 7,7% y aspira a rebajar la deuda al 119,5%

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero.Europa Press

El Gobierno lanzará hoy el mensaje a Bruselas de que España va a comenzar a reconducir este mismo año el desaguisado que la crisis del Covid-19 ha provocado en sus cuentas públicas. El Ejecutivo, eso sí, no prevé tomar importantes medidas específicas de consolidación fiscal en el medio plazo, sino que fía la mejora a la corrección automática que proporcionará la recuperación económica.

Las nuevas proyecciones, que se producen tras la corrección a la baja de las previsiones de crecimiento económico publicadas hace unas semanas, han sido incluidas en el Programa de Estabilidad 2021 a 2024 que el Gobierno remite hoy a Bruselas, y han sido presentadas por la portavoz del Ejecutivo, y ministra de Hacienda, María Jesús Montero en rueda de prensa.

El año pasado, el déficit público saltó del 2,8% al borde del 11% del PIB (10,08% si no se cuenta el impacto negativo de Sareb), fundamentalmente debido al fuerte incremento del gasto público derivado de la pandemia y, en menor medida, por la caída de ingresos tributarios que provocó la crisis.

El objetivo del Gobierno ahora es rebajar esa cifra al 8,4% este año, frente al 7,7% inicialmente estimado al elaborar los Presupuestos para el año. Un impacto limitado ha reconocido Montero frente a una revisión a la baja de tres puntos en la previsión de crecimiento, pero el déficit también ha cerrado por debajo del 11% inicialmente temido sin tener en cuenta a Sareb, ha justificado.

En ese escenario, el agujero fiscal se situaría en el 5% en 2022, 4% en 2023 y 3,2% en el año 2024. La reducción es especialmente notable el próximo ejercicio por la mejora de la actividad que se espera cuando acabe la emergencia sanitaria, ha explicado Montero.

Previsión de ingresos

El grueso del déficit recaería en la administración central, con un déficit previsto este año del 6,3%, una reducción frente al 7,5% de 2020. Las comunidades acabarían este año en el 0,7%, una tasa inferior al 1,1% de referencia. El motivo es que las autonomías cerraron 2020 con un déficit del 0,2% frente al 0,6% que se esperaba, mientras que el Estado seguirá apoyándolas con transferencias extraordinarias. En el caso de las corporaciones locales, se espera un equilibrio presupuestario, mientras que para Seguridad Social se espera bajar del 2,6% al 1,5% de déficit.

En el caso de los ingresos públicos se recupera el nivel prepandemia, al 40,5% del PIB. La previsión de recaudación tributaria sería del 7,6% hasta 275.000 millones, cifra similar a la de 2019. Todas las figuras tributarias crecen por la mejora de la actividad. El IRPF avanzaría el 5,9%; el IVA aportaría a las arcas un 7,8% de crecimiento por la mejora de la demanda interna; y Sociedades, que perdió un tercio de sus ingresos el año pasado, avanzaría en 2021 un 13,9%. Los impuestos especiales arrojarían un 4,6% más.

Rebaja de la deuda pública

En el caso de la deuda pública, que se disparó del 95,5% del PIB al 120%, las nuevas estimaciones del Ejecutivo pasan por situarla en el 119,5% este año, y seguiría rebajándose progresivamente hasta el 112,1% en el año 2024.

La progresión marcada apunta a que la reducción sería hasta el 115,1% en 2022, el 113,5% el año siguiente y culminar el periodo en un umbral que duplica el 60% de deuda pública que se considera prudente.

Adecuación a las nuevas previsiones

Las nuevas proyecciones fiscales del Gobierno se adaptan a la revisión a la baja de las previsiones de crecimiento económico anunciadas por la vicepresidenta segunda de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, tras el mal arranque del año, en el que el PIB habría vuelto a caer un 0,5% según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Inicialmente, Economía había dibujado un incremento inercial del PIB del 7,2% en 2021, que aspiraba a elevar al 9,8% con las ayudas europeas en camino, tras la contracción del 10,8% de 2020.

A comienzos de este mes, sin embargo, el Gobierno rebajó en 3,3 puntos su previsión, apuntando ya a un crecimiento del 6,5% para el conjunto de este ejercicio, teniendo en cuenta ya las subvenciones comunitarias, que se aumentaría al 7% en 2021, y se moderaría al 3,5% en 2023 y al 2,1% en 2024.

En paralelo, el Ejecutivo confía en que el empleo crezca un 4% este año, tras ceder un 5,2% en 2020 (en lugar del 7,2% inicialmente planteado con los estímulos de la UE), pasaría al 2,7% el año que viene, al 1,1% el siguiente y al 0,9% en 2024.

Del lado del paro, que culminó 2020 en el 16,54% y cerró este primer trimestre en el 15,98% (al no computar medio millón de trabajadores en ERTE y otro 1,1 de personas en condiciones de trabajar pero que no buscan empleo por la pandemia), la nueva proyección es rebajarlo al 15,2% este año, al 14,1% el próximo, el 13,2% el siguiente y el 12,7% en 2024.

La caída del PIB

“La senda de déficit que presentamos es coherente con los nuevos datos de proyección de crecimiento, creación de empleo y desempleo”, ha asegurado la titular de Hacienda. Montero ha aseverado que las previsiones de crecimiento corregidas por el Gobierno casan con la caída de PIB registrada por el INE, que es un cálculo provisional basada fundamentalmente en los datos de enero y febrero.

“Con cautela hay datos que apuntan a un cambio de tendencia desde marzo”, ha señalado, sin embargo, en referencia por ejemplo a la caída del número de afectados por ERTE, lo que podría abrir la puerta a una revisión de la cifra en el futuro que pueda terminar aportando datos mejores.

Motivos para el “optimismo”

“La prioridad del Gobierno ha sido la recuperación económica y la creación de empleo, por ello se mantendrán los estímulos el tiempo que se considere necesario”, ha prometido la ministra de Hacienda.

“El Gobierno no se conforma, no somos condescendientes. Conocemos de primera mano que el año 2020 ha sido durísimo para todos los ciudadanos y el sector empresarial”, ha expuesto, comprometiendo el mantenimiento de las medidas más importantes.

Montero, sin embargo, ha dicho ver motivos para el “optimismo” en el avance de la campaña de vacunación contra el coronavirus; la capacidad de la economía de España de demostrar crecimientos vigorosos cuando la pandemia amaina, como ocurrió el verano pasado; o el consenso en torno a que será de los países que más va a crecer en los próximos años.

En paralelo, la ministra ha querido destacar la importancia que tendrán los fondos europeos, que proporcionarán 140.000 millones de euros en subvenciones y créditos blandos desde 2021 a 2026.

Mantenimiento de los estímulos

“Desde el inicio de la pandemia, la más grave que ha sufrido el planeta en el último siglo, el Gobierno fue tomando una serie de medidas para abordar la emergencia sanitaria pero también el impacto económico que desde el primer momento se hizo notar”, ha expuesto Montero.

“Como hemos ido trasladando, en 2020 España movilizó el torno al 20% del PIB para hacer frente a la crisis, un volumen de recursos inédito que pone de manifiesto un esfuerzo sin precedentes para que las administraciones públicas pudieran combatir la pandemia y mitigar el impacto sobre el tejido productivo”, ha recordado la ministra, recordando entre las principales medidas las “dirigidas a salvar las rentas de familias, trabajadores, empresas y autónomos” o las de “fortalecimiento de los servicios públicos como sanidad o educación”.

El gasto público aumentó en 2020 en 53.070 millones y alcanzó el 52,3% del PIB, además nueve de cada 10 euros de este incremento del gasto fueron a medidas dirigidas a paliar la crisis del Covid-19, ha recordado Montero. Los ERTE o las prestaciones por cese de actividad para trabajadores por cuenta propia fueron algunas de las más cuantiosas. Para 2021, gracias a la expansión del PIB, Hacienda prevé un gasto público equivalente al 48,9% del PIB, unos 591.700 millones. La cifra incorpora ya una extensión de los ERTE más allá del 31 de mayo, si bien Montero se ha cuidado de no dar la factura o prórroga temporal contemplada a la espera de que las condiciones sean pactadas con los agentes sociales.

De no haberse emprendido esta política expansiva, el PIB habría caído del orden del 25%, más del doble de lo que ocurrió, ha aseverado Montero, que también asume que habría tres millones más de parados de haberse respondido a esta crisis con austeridad, como ocurrió en la anterior.