El juez imputa a Fainé y Brufau en la causa del presunto espionaje a Luis del Rivero
Anticorrupción asegura indicios de que hubo "confluencia de intereses" y una "actuación conjunta"
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha decidido imputar al presidente de Repsol, Antonio Brufau, y al ex presidente de CaixaBank y presidente de la Fundación Bancaria La Caixa, Isidro Fainé, en la causa por el espionaje al expresidente de Sacyr Luis del Rivero.
La Fiscalía Anticorrupción aseguró el pasado 10 de abril haber encontrado indicios de que hubo "confluencia de intereses" y una "actuación conjunta" entre los expresidentes de Repsol y CaixaBank, Antoni Brufau e Isidro Fainé, respectivamente, en el supuesto espionaje al expresidente de Sacyr, Luis del Rivero, encargado al excomisario José Manuel Villarejo.
En un documento entregado al juez García Castellón, Anticorrupción destacó que la cuenta del denominado "proyecto Wine" ascendió a 389.400 euros (IVA incluido). De acuerdo con el auto del juez el "proyecto Wine" nace en el momento en el que Repsol YPF "detecta una estrategia de sindicación por parte de uno de sus accionistas, Luis del Rivero, en esa fecha presidente de Sacyr Vallehermoso, para asociarse con la compañía petrolera mexicana Pemex, con el objetivo de conseguir casi un tercio del total de las acciones de Repsol, para de este modo acceder al control de la petrolera española".
El concepto de la factura emitida por Cenyt, empresa vinculada al excomisario, es "la elaboración de estrategias para la ubicación y recuperación de datos electrónicos almacenados en discos duros de ordenadores y sistemas tecnológicos, anulados o dañados. Consultoría jurídica y técnica".
De los documentos incautados en sucesivos registros, la Fiscalía Anticorrupción dedujo que "probablemente en alguna de las habituales conversaciones que Antonio Brufau mantenía con Fainé, y dada la confluencia de intereses de ambos en defenderse frente a Luis del Rivero y Pemex, acordaron compartir los servicios de información contratados al Grupo Cenyt".
Existe además "una especie de acta" de una reunión celebrada el 2 de noviembre de 2011 en el domicilio de Rafael Redondo, socio de Villarejo, en la que habrían participado los también investigados Miguel Ángel Fernández Rancaño (exjefe de seguridad de CaixaBank) y Rafael Araujo (ex jefe de seguridad de Repsol), entre otros. El objeto de la reunión, según dicho documento, era "tratar el encargo realizado y examinar cómo marchaba la investigación", y en él se hace constar cómo Antonio Brufau se mostraba interesado por el contenido de la investigación contratada al Grupo Cenyt,
El texto recoge expresamente que "MA" -Miguel Ángel Fernández Rancaño- "insiste en 'determinar el perímetro' porque por la tarde tenía que despachar con su 'señorito', posiblemente por referencia a FAI -Isidro Fainé". Los intervinientes, prosigue Anticorrupción, reconocieron "la confluencia de intereses entre Antonio Brufau, por parte de Repsol, e Isidro Fainé, por CaixaBank, en la investigación encargada al Grupo Cenyt sobre Luis del Rivero, así como la actuación conjunta de ambos en esta contratación".
La Fiscalía Anticorrupción considera además que la contratación de Cenyt para llevar a cabo la investigación sobre Luis del Rivero no se ajustó a la normativa interna de Repsol, y que se manipularon los conceptos reflejados en las facturas emitidos con ocasión del proyecto Wine, que se repiten y no guardan relación alguna con los servicios prestados.
Por todo ello, Anticorrupción pidió al juez la imputación de Brufau y Fainé, así como la del ex secretario general y del consejo de administración de Repsol, Luis Suárez de Lezo; el ex director corporativo de servicios patrimoniales de la petrolera, Juan de Amunátegui; el ex director corporativo de gestión patrimonial, Joaquín Uris, y el ex director general de medios de CaixaBank, Antonio Massanell.
La investigación trata de aclarar si Repsol y CaixaBank acudieron a Villarejo para desarticular "una estrategia de sindicación" por parte de Del Rivero "para asociarse con Petróleos Mexicanos (Pemex)" para conseguir "casi un tercio" de las acciones de Repsol y acceder a su control, como señalaba el juez en un auto.
Luis del Rivero, que declaró ante el juez el pasado mes de diciembre, explicó que los hechos se remontan a un consejo de administración de Repsol de finales de septiembre de 2011, en el que Brufau y Fainé, fueron muy duros con él por su relación con Pemex. Poco después, el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) y hombre de máxima confianza de Villarejo Enrique García Castaño, alias "El Gordo", se habría puesto en contacto con el exjefe de seguridad de la constructora, Rodrigo Álvarez, para ofrecer los servicios de Cenyt, empresa del excomisario.
Normas del consejo de Repsol y Telefónica
Repsol, a través de un comunicado, ha explicado que "tal y como evidencia la exhaustiva investigación interna llevada a cabo a través del área de Cumplimiento, que contó con la ayuda de expertos externos independientes, no ha existido ninguna conducta ilegal o contraria al Código de Ética y Conducta por parte de ningún consejero, directivo o empleado de la compañía, actuales o pasados, en relación con la contratación de servicios de información". Además, añade que la contratación de Cenyt se llevó a cabo por el área experta y competente para ello, la Dirección de Seguridad Corporativa, de acuerdo con la ley y con los procedimientos internos de la compañía.
En el reglamento del consejo de administración de Repsol se detalla que los consejeros "deberán poner su cargo a disposición al consejo y formalizar, si éste lo considera conveniente, la correspondiente dimisión en los casos siguientes": cuando se vean incursos en alguno de los supuestos de incompatibilidad o prohibición legal, estatutaria o reglamentariamente previstos, cuando resulten gravemente amonestados por la Comisión de Nombramientos o por la Comisión de Auditoría y Control, por haber infringido sus obligaciones como consejeros.
También cuando a juicio del consejo, previo informe de la Comisión de Nombramientos su permanencia en el Consejo pueda poner en riesgo los intereses de la Sociedad o afectar negativamente al funcionamiento del propio Consejo o al crédito y reputación de la Sociedad. Se recoge que el Consejero deberá comunicar al consejo "cuanto antes y mantenerlo informado sobre aquellas situaciones en que se vea envuelto y que puedan perjudicar al crédito y reputación de la Sociedad".
En la misma línea, el reglamento de Telefónica señala que los consejeros deberán informar "cuando se den situaciones que les afecten, relacionadas o no con su actuación en la propia Sociedad que puedan perjudicar al crédito o reputación de esta y, en particular, cuando aparezcan como investigados en cualquier causa penal, en cuyo caso los Consejeros deberán informar asimismo de sus vicisitudes procesales".
